La jornada de paro cívico en Santa Cruz culminó con violentos enfrentamientos en las inmediaciones del monumento del Cristo que se prolongaron por al menos ocho horas. Reportes preliminares dan cuenta de cinco vehículos calcinados, decenas de heridos y arrestados.
La población cruceña acató ayer un paro cívico de 24 horas exigiendo la liberación del gobernador, Luis Fernando Camacho, detenido preventivamente en La Paz por el caso Golpe de Estado I.
Hasta las 16:00 de ayer, la medida se cumplía sin mayores sobresaltos; sin embargo, un grupo de personas intentó tomar el Comando Departamental de la Policía, lo que dio lugar a graves enfrentamientos.
La Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, pero, por momentos, estaba obligada a retroceder. Al promediar las 20:00, los militares reforzaron el resguardo del Palacio de Justicia, donde también había protestas y enfrentamientos.
La violencia se apoderó de las calles aledañas al icónico monumento cruceño. Además de agentes químicos, los uniformados utilizaron armas con proyectiles de perdigones. José Enrique Tarqui, camarógrafo de un medio televisivo, recibió cinco impactos en su humanidad. La agresión fue captada en una fotografía tomada por otro trabajador de la prensa que realizaba la cobertura de los hechos.
Una similar agresión sufrió Roger Ramos, periodista de otro medio televisivo, quien recibió el impacto de una granada de gas lanzada por un policía que circulaba en una motocicleta. La agresión fue transmitida en vivo.
El periodista Harol Salvatierra, que también realizaba su trabajo en el lugar, lloró de impotencia al ver que su vehículo fue uno de los calcinados productos de los enfrentamientos.
Ante estos hechos, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia denunció en un comunicado “las brutales agresiones” que sufren los periodistas por parte de efectivo de la Policía mientras efectúan su trabajo de cobertura.
La ANPB pidió al presidente Luis Arce instruir a la Policía dejar de disparar “contra los hombres y mujeres de prensa que sólo cumplen con su tarea de informar a la población sobre las pro-testas generadas en la capital oriental”.
“Exigimos al Gobierno cumplir con los preceptos constitucionales y convenios internacionales que el Estado boliviano suscribió que garantizan la plena libertad de expresión, así como el trabajo de los periodistas que el Gobierno está obligado a garantizar”, dice el comunicado.
Respecto a las acciones que realizó la Policía, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informo que, entre las personas aprehendidas “por los ataques a efectivos policiales y la destrucción de propiedad pública y privada, se identificó al señor Jorge Delgadillo Suárez en posesión de un arma de fuego”.
El Ministro anunció que “la Policía continuará realizando su labor constitucional de proteger a la ciudadanía y se dará con los autores intelectuales de estas acciones; todo hecho delictivo será investigado y juzgado con el rigor de la ley”.
Bloqueo de carreteras
En su informe de evaluación de la jornada de paro cívico, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, pidió mantener el bloqueo de las carreteras interprovinciales, la vigilia pacífica las oficinas de instituciones públicas y anticipó medidas escalonadas de protesta para las próximas horas.
Calvo dijo que el Gobierno central promueve autoatentados para responsabilizar a la institución cívica.
“Hoy fue un día funesto para la democracia. Nuestro gobernador democrática y constitucionalmente electo, Luis Fernando Camacho Vaca, ha sido ilegalmente enviado a Chonchocoro”, indicó.
Costo de pirotecnia
Según ABI, un análisis realizado por el experto René Romano estimó que el costo de la pirotecnia utilizada por los grupos de personas que exigen la liberación de Camacho bordearía el medio millón de bolivianos.
Explicó que realizó un presupuesto consultando a los vendedores de pirotecnia en Santa Cruz, donde se le indicó que la caja de petardos contiene seis unidades y cada uno tiene 12 tiros.
“Si hacemos números, cerca del Comando de la Policía Departamental se enfrentaron aproximadamente 200 integrantes de la UJC, cada uno portaba cuatro cajas de petardos, siendo modestos. Haciendo los cálculos, son un total de 800 cajas de seis petardos cada uno. El precio por caja es de 120 bolivianos, con una simple multiplicación se hace un total de 96 mil bolivianos gastados en una hora, y ya son más de cinco horas de detonaciones”, detalló el especialista.
2 días
de violencia en Santa Cruz tras la aprehensión y posterior encarcelamiento del gobernador Luis Fernando Camacho.
Fuente: Los Tiempos
