Una decena de comunidades indígenas se vieron afectadas desde el fin de semana. Beni se declaró en desastre. Crece el pedido de declaratoria nacional y Santa Cruz pide apoyo aéreo para ingresar a la zona Bajo Paraguá.
“El fuego llegó a Colorado y el viento lo aviva. Gabriela acaba de echar agua a su casa, un poquito, porque acá no hay agua. Ojalá Dios Quiera que no se queme. Miren… miren… pueden observar. Esa casita de ahí va a volar ahorita, ojalá no llegue a la casa de Jairo ni a las otras. No podemos hacer nada, no hay agua ni materiales”, dice una persona en un video que muestra el momento en el que fuego rodea peligrosamente a la comunidad Colorado del pueblo indígena Tsimane, en el departamento de Beni.
El relato es de la religiosa Gladis Montesinos, que está en misión en el territorio indígena, y vivió junto a los lugareños el asedio de un incendio forestal de magnitud. En su desesperación, los comunarios se enfrentaron a las llamas con palos y machetes y hasta usaron sus pocas reservas de agua para proteger sus viviendas de matacú. El medio del llanto de los niños, la religiosa pedía llevar a los pequeños hasta la carretera para ponerlos a buen recaudo.
En Agua Dulce, San Buenaventura, la desesperación de los comunarios es por salvar la toma de agua que abastece a la comunidad, lo que finalmente no se puedo evitar porque las llamas alcanzaron dimensiones imposibles de contener.
El fuego no da tregua en el país y las comunidades indígenas son las que más sufren, porque se enfrentan prácticamente solas a las llamas, ya que la ayuda no llega o es tardía.
El fin de semana cinco familias de Buena Vista, San Buenaventura, perdieron todo y se quedaron sin techo. Más de 50 personas, entre embarazadas, niños y adultos mayores, fueron evacuadas hasta la ciudad de San Buenaventura. La Dirección Distrital de Educación suspendió clases este lunes y martes.
El Gobierno, a través del viceministro de Defensa, Juan Carlos Calvimontes, indicó que el fuego fue controlado y que todo ha vuelto a la “normalidad”, aunque después dijo que no estaban del todo apagados.
Las declaraciones de Calvimontes motivaron un pronunciamiento de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), que criticó al Gobierno por minimizar la gravedad de los incendios en la región de Rurrenabaque, San Buenaventura y el Parque Nacional Madidi, y exigió que se declare desastre nacional.
La Contiocap relató que desde el sábado el fuego alcanzó a tres comunidades indígenas tacanas en el norte de La Paz: San Isidro, Bella Altura y Buena Vista, con pérdida de casas de familias humildes. Lo mismo ocurre en la comunidad indígena Tsimane de Alto Colorado del sector Yacuma, en San Borja, donde se quedaron sin agua por combatir el fuego.
Otro caso similar es el de la Comunidad Indígena Tacana de Carmen Florida, en Rurrenabaque, dentro de la Reserva de la Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, que pedían ayuda desesperada ante la amenaza de quema de su fuente de agua y sus casas, por incendios que han ingresado desde la carretera entre Yucumo y Rurrenabaque.
La coordinadora general de Contiocap, Ruth Alipaz Cuqui, indicó que urge la declaratoria de desastre nacional para canalizar la ayudar internacional, puesto que son los lugareños los que enfrentan las llamas, en algunos casos con la ayuda de voluntarios que no tienen recursos. “Entendemos que tal vez el país no tiene la capacidad para mandar equipo especializado. Si pidiéramos ayuda internacional, seguramente podríamos conseguir gente, medios de transporte, helicópteros y aviones para que la ayuda sea afectiva, y que el propósito sea apagar el fuego, no hacer solo como ensayo de querer apagarlo”, indicó Alipaz.
Señala que en sus territorios ven cómo, incluso, los soldados de tanta exposición al sol sangran por la nariz y se ahogan con el humo. “No podemos exponer así a nuestra gente por enfrentar un desastre de tal magnitud”, dice.
Insiste en que los incendios son provocados y entre los pueblos indígenas hay molestia porque el Gobierno utiliza el término “chaqueo” para encubrir los incendios y proteger a los verdaderos responsables.
Primero porque chaqueo no es lo mismo que incendio, ya que los pueblos indígenas tenían tradicionalmente como método propio “los chaqueos” para habilitar pequeñas áreas de producción de alimentos, pero nunca han incendiado bosques ni áreas protegidas.
Para Alipaz, los incendios son una consecuencia de las 10 leyes que autorizan deforestación y quema de bosques, por lo que exigen que sean abrogadas.
Beni en desastre
Con más de dos millones de hectáreas afectadas por el fuego, Beni se declaró en desastre departamental “por la sequía e incontrolables incendios forestales y pastizales en el municipio de Rurrenabaque”, donde se está poniendo en riesgo la vida de las personas, la biodiversidad, la seguridad alimentaria y economía de la región.
El gobernador Alejandro Unzueta informó que los municipios de Baure, San Borja, Rurrenabaque y San Javier se declararon en desastre.
“Por la magnitud y los efectos causados debido a las variaciones climáticas en zonas del departamento, el régimen de excepción podrá ser ampliado a otros municipios cuyos gobiernos autónomos municipales estén o procedan a la declaratoria de desastre durante la vigencia del presente decreto departamental”, señala.
La Alcaldía de Rurrenabaque atendió el llamado de auxilio de diferentes comunidades.
Yucumo también se declaró en emergencia; sin embargo, la tarde de este lunes tuvieron un respiro por la lluvia que cayó y sembró esperanza de que se apaguen los incendios.
Otras regiones
En Tarija, desde hace una semana persiste un incendio en la zona sud de la Reserva Nacional de Flora y Fauna de Tariquia (Rnfft).
Mientras que en Santa Cruz el fuego ya consumió más de 300 mil hectáreas de vegetación y este lunes se reportaron 13 incendios activos en los municipios de San Ignacio de Velasco, Concepción, Puerto Suárez, Roboré, San Antonio Lomerío, Urubichá y San Matías.
La Gobernación solicitó al Gobierno apoyo aéreo para sofocar los incendios concentrados en Bajo Paraguá.
Fuente: El Deber