El Gobierno departamental sostuvo que el decreto 373 no llegó a estar en vigencia y reiteró que se trata de un error administrativo.
La Gobernación de Santa Cruz criticó este miércoles el operativo policial realizado en sus oficinas en la jornada de ayer dentro del denominado caso “decretazo”, en el que presuntamente el gobernador Luis Fernando Camacho no permitió que en su ausencia asuma el vicegobernador. El Gobierno departamental calificó de “abusiva” dicha incursión, ante lo que las autoridades cruceñas sostienen que fue un “error administrativo”.
“Nuestra institución sufrió el día de ayer una abusiva incursión policial comandada por el Ministerio Público por más de cinco horas, donde de forma exagerada se ingresó a la Gobernación y se llegó a intimidar a nuestros funcionarios”, manifestó la asesora de Gestión, Alejandra Serrate, ante la prensa.
La funcionaria sostuvo que el Decreto 373 no llegó a entrar en vigencia y que el vicegobernador Mario Aguilera ejerció sus funciones sin problema alguno.
“Esta acción desproporcionada se realizó ante un error administrativo en una publicación de la gaceta, el mismo que fue reconocido por la Gobernación y subsanado de manera inmediata. No se han generado daños al Estado ni tampoco se ha producido una usurpación de poderes. El mencionado decreto nunca llegó a estar en vigencia. La mejor muestra de esto es que el vicegobernador Mario Aguilera ejerció plenamente el cargo de gobernador en ejercicio”.
Según denunció, se secuestraron teléfonos celulares de funcionarios y se citó a varios de ellos en calidad de testigos. Serrate comparó el accionar de las autoridades en esta oportunidad con casos como el de las ambulancias en Potosí, el secuestro en Las Londras y el avasallamiento de tierras en Guarayos, y afirmó que la ley “no es igual para todos”.
“Lo ocurrido ayer es una grave falta a la aplicación de justicia, desproporcionada y, por supuesto, vergonzosa. Tenemos claro que la ley no es igual para todos y sabemos que lamentablemente la justicia está sometida al Gobierno del MAS”, insistió.
El gobernador Luis Fernando Camacho no es una de las personas citadas, pero en caso de serlo en el futuro, Serrate indicó que se presentará ante la Fiscalía ya que “no ha cometido ningún delito”.
Las investigaciones de la Fiscalía se hacen a denuncia del asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS) Clemente Ramos. Los delitos que se investigan son resoluciones contrarias a la Constitución, leyes y al Estatuto Autonómico de Santa Cruz, incumplimiento de deberes y manipulación informática.
Según los antecedentes, Camacho viajó a Brasil la semana pasada para cumplir una agenda oficial. Mientras estaba en el exterior se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto 373 que establecía que en su ausencia el cargo lo iba a asumir un secretario departamental, designado por Camacho, y no el vicegobernador, como establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Luego de las críticas, el decreto fue retirado.
Fuente: Página Siete Digital
