Propietarios piden que las autoridades sean parte de los procesos penales, ya que los avasallamientos atentan contra la seguridad alimentaria, la salud pública y el abastecimiento de agua de la población.
Los propietarios que sufrieron el avasallamiento de sus tierras deben iniciar por su cuenta procesos judiciales contra los responsables por las afectaciones a sus predios, informó el Gobierno, que precisó que cumple con el desalojo de los asentamientos ilegales.
“En los predios que son particulares, privados, como el de la familia Kim, nosotros como Estado ya hemos hecho el trabajo que nos permite la norma, sacar a los avasalladores, pero ya es el propietario el que tiene que estar en los estrados judiciales por la afectación que se le hizo”, dijo ayer a El Deber Radio el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales.
“Vamos a coadyuvar, demostrar que él (el afectado) es el propietario, a pasar toda la información que sea necesaria, pero es el dueño el que tiene que incidir en que se haga justicia en los estrados correspondientes, porque ya tienen el título. Si el Estado defendiera títulos ajenos nunca acabaríamos, porque al final de cuentas por eso se les da el derecho propietario a través del título”, reiteró.
“Es una pena esas declaraciones, porque ellos (el Gobierno) son los que tiene que defender a los propietarios”, lamentó Emma Aponte, dirigente cívica de Guarayos, provincia con más casos de tomas de tierras en Santa Cruz.
En 2013, el Gobierno promulgó la Ley 477 Contra el Avasallamiento y Tráfico de Tierras, que tiene por finalidad precautelar el derecho propietario, el interés público, la soberanía y seguridad alimentaria, la capacidad de uso mayor y evitar los asentamientos irregulares de poblaciones.
La norma autoriza la intervención policial para el desalojo de ocupantes ilegales, establece penas de entre tres y ocho años de cárcel para el avasallamiento y define como agravantes de ese delito el que se consume en “áreas productivas urbanas o rurales, zonas de recarga hídrica, servidumbres ecológicas, franjas de seguridad y otras áreas con protección legal”.
Propietarios de predios avasallados que pidieron la reserva de sus nombres consideraron que el Gobierno debe ser parte en los procesos que inician en el ámbito penal por la toma de sus tierras.
Además de la vulneración al derecho propietario, la destrucción de bienes y la violencia ejercida contra los ocupantes legales, estos ilícitos tienen un impacto negativo sobre la producción agrícola y pecuaria, y sobre los recursos forestales y acuíferos de interés público, entre otros, que poseen estas tierras. Por lo tanto, coincidieron en que estas acciones ilegales atentan contra la seguridad alimentaria, contra el abastecimiento de agua para la población e incluso contra la salud pública.
“La Constitución dice que se garantiza el derecho propietario y el Gobierno debería ayudar a los dueños de tierras privadas que son para ganado y agricultura” en los procesos penales, dijo Aponte.
La Ley 477 establece que en los delitos de avasallamiento y tráfico de tierras cometidos contra bienes de patrimonio del Estado, bienes de dominio público o tierras fiscales, corresponde al Ministerio Público promover la acción penal, pero no menciona los pasos penales a seguir en caso de privados.
El Ministro de Desarrollo Rural admitió que pueden haber más casos de avasallamientos a los 237 reportados hasta la fecha ya que muchos propietarios no los denunciaron o “se cansaron” de intentar el desalojo.
Acercamientos
El 13 de diciembre, la directiva de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) sostuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Ismael Téllez, y representantes del Ministerio Público y de la Policía. Fruto del encuentro, acordarontrabajar un plan de acción para intervenir en predios privados tomados por avasalladores.
“Destacamos que el Gobierno hubiese iniciado el proceso de desalojo de los avasalladores que ingresaron ilegalmente a tierras productivas y esperamos que dicho proceso continúe para dar señales claras al sector productivo de que se brindará seguridad jurídica a las tierras que producen alimentos”, afirmó el gerente general de Anapo, Jaime Hernández.
“En el caso de las propiedades privadas tituladas, estamos seguros que los propietarios continuarán las acciones legales ante la Justicia, para que los avasalladores reciban la sanción penal que corresponda”, acotó.
Fuente: El Deber
