Un fallo judicial autorizó a la comuna el retiro de los separadores que fueron colocados durante la gestión de la exalcaldesa Sosa y que permanecieron durante más de dos años. El alcalde prevé implementar mejoras y readecuaciones.
Tras más de dos años, el Gobierno Municipal de Santa Cruz de la Sierra consiguió el respaldo legal para el retiro de los cordones del Sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) en el primer anillo de la ciudad.
Ayer, el alcalde Jhonny Fernández comunicó que la justicia dio luz verde a la solicitud del Gobierno Municipal, dentro del proceso penal que se abrió en contra de autoridades de la anterior gestión, entre ellas la exalcaldesa Angélica Sosa.
Se trata de la resolución del Juez Primero de Anticorrupción, Roberto Parada Mole, que declaró fundada la solicitud de la comuna y autoriza el retiro de los cordones.
“Casi dos años y medio hemos esperado los cruceños para tener esta resolución que deriva de un proceso que hoy culmina con la autorización del retiro de los cordones del primer anillo, del famoso BRT”, dijo el burgomaestre al informar sobre el fallo judicial.
La resolución se basa en la revisión de un informe técnico realizado por peritos de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia que develó los riesgos y la peligrosidad de los cordones del primer anillo para el tráfico vehicular y peatonal.
El alcalde Fernández informó que, de inmediato, hará conocer dicho fallo al Concejo Municipal, junto con el cronograma de habilitación del primer anillo.
Está disponible un plan de intervención de dos fases. La primera, que culminará en tres meses, se enfocará en la habilitación del primer anillo, con el retiro de los cordones, la señalización de los carriles, la habilitación de paradas para el transporte público y reubicación de semáforos en varias intersecciones.
“También se va a intervenir algunas rotondas para dar más fluidez al tránsito”, añadió Fernández.
Además, se establecerán horarios específicos para los vehículos de carga y descarga a fin de que no obstaculicen el tráfico.
Mientras que en la segunda fase se mejorarán las calles del interior del primer anillo, luego de que se haya trabajado en mesas técnicas con los vecinos de la zona.
Las repercusiones sobre la decisión judicial no se dejaron esperar. El concejal por C-A, Juan Carlos Medrano, señaló que era necesario que se levante el veto sobre los cordones porque perjudican el tránsito vehicular.
Dijo que el siguiente paso será sancionar a los responsables de haber impulsado un proyecto sin un estudio técnico y que ha dejado un daño económico al Estado.
Su colega José Alberti lamentó el “impacto económico” y el perjuicio al que se ha sometido a la población durante más de dos años por “malas decisiones”.
Por su lado, la concejala Lola Terrazas dijo que en su momento propuso que se habilite el carril destinado al BRT para no afectar más al tráfico.
A su vez, el concejal por el MAS, José Quiroz, hizo notar que varios negocios que están sobre el primer anillo han cerrado, por lo que espera que ahora la actividad comercial se reactive.
Antecedentes
Esta obra, que fue uno de los proyectos estrella de la anterior gestión municipal fue paralizada por el alcalde, que anuló el contrato de concesión de la ruta del sistema de Buses de Tránsito Rápido (BRT) sobre el primer anillo.
Dentro del proceso penal que la Alcaldía abrió contra 10 personas que implementaron el BRT, se imputó formalmente al exburgomaestre Percy Fernández y a la exalcaldesa Sosa.
La investigación se abrió ante la denuncia presentada por el diputado Anyelo Céspedes por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado y otros.
Según la investigación, el costo total de la primera fase del proyecto fue de Bs 156.185.365, de los cuales el presupuesto para obras alcanzó a Bs 151.302.959 y para la supervisión Bs 4.882.406, pero la obra no fue concluida, generando perjuicio a la población.
Fuente: El Deber
