Denuncian que casi 30 personas vinculadas a avasallamientos violentos son protegidas por los sectores del MAS. Hay hermanos, la mayoría vive en San Julián, Chapare, y en el Plan Tres Mil. Las víctimas del secuestro reclaman por justicia.
Los tentáculos de la organización de avasalladores y encapuchados armados que atacaron Las Londras, secuestraron, torturaron y vejaron a policías, periodistas y civiles están siendo revelados y desenmascarados por las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y la Fiscalía.
Según las pesquisas, a casi 80 días del ataque a Las Londras, el grupo armado de encapuchados está integrado por personas que forman parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (Csutcsc) y de Interculturales.
Su único fin es tomar con violencia predios ajenos ocupados y lo hacen utilizando maquinaria pesada, como tractores oruga, vehículos, motocicletas y armas de fuego en mano.
Lo nuevo es que la notaría número cuatro de San Julián, bajo la dirección del notario Raúl Axel León Rodríguez, después de ser conminada por la comisión del Ministerio Público conformada por los fiscales Roberto Ruiz, Delmy Guzmán, Iván Quintanilla y Wálter Cisneros, elevó un informe con documentación oficial del Servicio General de Identificación Personal (Segip), identificando plenamente al menos a 30 personas vinculadas a las tomas violentas de predios en las zonas de San Julián y Guarayos, así como otras propiedades privadas en la Chiquitania.
El informe actual del Segip da cuenta de que la mayoría de los integrantes del grupo armado de avasalladores encapuchados son jóvenes. Algunos provenientes del trópico de Cochabamba y otros de Potosí, pero la mayoría, según los datos de sus domicilios, viven en las localidades cruceñas de San Julián, Cuatro Cañadas y otras.
El acta firmada bajo violencia
Los informes oficiales para la identificación plena del grupo armado de avasalladores se basa en la acción más violenta, del 28 de octubre, cuando policías, periodistas y civiles fueron secuestrados, torturados y sometidos a vejámenes en Las Londras.
En esa oportunidad, según las investigaciones, las víctimas fueron obligadas a firmar un acta mientras se encontraban sometidas con armas de fuego, y tendidas en el piso, aceptando que serían liberadas a cambio de nunca, jamás volver por el lugar. Además, los integrantes del grupo armado se quedaban como dueños absolutos del predio.
El acta solo llevaba la firma de los secuestrados y torturados, entre policías periodistas y obreros civiles, pero ninguno de los encapuchados firmó. Sin embargo, el acta fue llevada a la notaría de San Julián, donde fue registrada en el libro sin problema alguno.
Los encapuchados armados no colocaron sus nombres, pero registraron que eran los representantes de las comunidades 24 de Septiembre, Chuchial, Bañadito y Los Tigres.
Un informe de la Fuerza Especial de lucha Contra el Crimen revela, sin embargo, que las comunidades 24 de Septiembre, Chuchial, Bañadito y Los Tigres, en realidad no existen de forma física, solo en papeles que son elaborados por los avasalladores.
Los más buscados
Hasta el momento solo existe un detenido en la cárcel de Montero, se trata de Sixto Canaza Sacaca, que debe cumplir seis meses de detención mientras se desarrollan las investigaciones. En el informe actual del Segip, Canaza figura con CI 5089326, natural de Potosí, y como estudiante con domicilio en San Julián. Empero, a través de su defensa, Canaza aseguró ser ingeniero agrónomo.
A la fecha, la Policía no logra detener a cuatro sujetos identificados y sobre quienes existe mandamiento de apremio. Se trata de Martín Romario Tejerina Villalobos, CI 5007378, de Camargo, Chuquisaca, estudiante, que vive en El Puente, barrio 24 de Septiembre. También está Paulino Camacho Vedia, CI 8924871, de Santa Cruz, estudiante, vive en comunidad Berlín, El Puente. Otro es Nicolás Ramírez Taboada, CI 5876400, de Montero, agricultor con domicilio en San Julián; y Nelson Revadeneira Escalante, CI 9673086, estudiante, de Santa Cruz, vive en San Julián.
Otros plenamente identificados entre los más violentos son Juan Corma López, CI 8906613, agricultor de Warnes, con domicilio en Cuatro Cañadas. Bernabé Pérez Ibarra, CI 9785613, de Yapacaní, estudiante, vive en Yapacaní. Raúl Ramos Inclan, CI 7826520 de Potosí, agricultor vive en San Julián. Asimismo, está René Flores Alvarado, CI 6229022, agricultor de Santa Cruz, vive en San Julián. Marco Zúñiga Humaña, CI 4384950, estudiante de Santa Cruz, vive en San Julián. Eliseo Siles Baldiviezo, CI 12887090, de Chapare, vive en el Plan Tres Mil y se dedica a la panadería.
Periodistas piden detención
Pese a insistentes pedidos, la Policía no hace efectivas las órdenes de apremio. El 24 de noviembre, cuando fue detenido Canaza, en San Julián los fiscales y policías fueron recibidos a balazos, secuestrados, encerrados en las mismas celdas de la Policía por los identificados por el Segip.
Sin embargo, la Asociación de Periodistas de Santa Cruz celebra porque ya cualquier agente policial, ciudadano y los propios periodistas podrán detener a los sujetos que atacaron Las Londras. La posibilidad quedó abierta porque la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, encabezada por Roberto Méndez, y la defensora de las víctimas, Raquel Guerrero, luego de trámites lograron que se extiendan los mandamientos legalizados.
Al mismo tiempo, ya se emitió el edicto de prensa que ordena que los investigados señalados con orden de apremio y todos los involucrados deben presentarse a la Fiscalía de la Felcc Santa Cruz.
Dirigentes de la Csutcb
En los informes de la Felcc se registra que todos los integrantes del grupo de encapuchados armados que se dedican a avasallar de forma violenta son parte de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb) y, que incluso, reciben respaldo político y son recomendados para ocupar cargos en entidades estatales.
En el expediente se registra que en abril de 2021 la Csutcb elevó a la empresa estatal Emapa un documento de respaldo, con la firma de todo el comité ejecutivo, liderado por Marcos Néstor Miranda, que recomienda se conceda un cargo a Heber Sixto Canaza Sacaca. “El hermano Heber Sixto Canaza necesita trabajar para sostener a su familia y seguir aportando a la sociedad y al proceso de cambio, de forma que solicitamos a nuestras autoridades tomar en cuenta su perfil profesional”, dice el documento.
Heber Sixto Canaza ya intentó lograr su libertad, argumentando ser inocente y no haber participado en la toma a Las Londras. La justicia le negó, pero su defensa sigue insistiendo y asegura que lo sacará.
Más poder que la Policía
Después de que el 24 de noviembre policías y fiscales fueran recibidos a balazos cuando se trasladaron a la zona de San Julián para ejecutar los mandamientos, varios agentes policiales contaron sus testimonios.
Coinciden en que los de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb) tienen más poder que el propio comandante nacional de la Policía, general Jhonny Aguilera, y el departamental coronel Erick Olguín.
“Qué otra cosa puede significar que los miembros de la Csutcb y los interculturales se atrevieran, incluso, a encerrar en las mismas celdas de la Policía al propio comandante de la regional de San Julián, coronel Curcuy. También secuestraron a otros policías, los subieron a la fuerza a un micro. Interceptaron a otros coroneles, balearon los vehículos de la Policía y nuestros jefes apoyan a los políticos”, dijeron los policías.
Asimismo, en Las Londras un coronel fue humillado, desarmado, torturado, igual que sus camaradas. “A uno le rompieron las costillas y no pasa nada, estamos decepcionados”, criticaron.
Director nacional del INRA
El director nacional del INRA, Eulogio Núñez Aramayo, declaró como testigo en La Paz. Admitió que ordenó al director departamental, Adalberto Rojas, que inspeccione Las Londras el 29 de octubre, un día después de que el grupo armado de encapuchados atacara el predio rural.
La defensa de las víctimas pidió a la Fiscalía que se amplíen las declaraciones de Eulogio Núñez, pero en calidad de denunciado.
Por Guider Arancibia Guillen
Fuente: El Deber