Los vendedores se pelean por el ganado, que está con bajo peso por la sequía. Transportistas rechazan el acuerdo Gobierno-carniceros y ven un atentado a su derecho a trabajar.
Junto al reportero gráfico nos aprestamos a ingresar a El Marucho Centro de Remates y Comercialización, ubicado a 5 km en la carretera a Cotoca (Santa Cruz). El desafío: experimentar e identifica a los ‘jugadores’ que intervienen en el negocio de la compraventa de ganado bovino y cómo se forma el precio del kilo gancho de carne de res, iniciativa resistida por los carniceros que -insinúan- origina la escalada de precios del producto en los mercados. Es más, los centros de remate tienen los días contados.
En las instalaciones donde se ejecutan los remates unos 50 intermediarios se disputan el limitado lote de ganado que hay en los corrales, que llaman la atención por su extrema delgadez. A la mayoría se le notan las costillas. La masa corporal del animal define el precio del kilo vivo que fluctúa entre Bs 8 y 11; cuando la oferta de ganado es limitada, llega a costar hasta Bs 14. Cuando el animal sale a los centros de faena, el precio referencial se duplica y se convierte en kilo gancho, que es lo que cuestionan los carniceros. En este proceso no interviene el centro de remate ni los ganaderos, es atribución exclusiva del intermediario.
Además de establecer el precio del kilo gancho al carnicero que vende al detalle, el intermediario recibe ingresos extra por rendimiento del animal, venta del cuero (Bs 40) y los menudos (Bs 200).
Los intemediarios, que son visibles y rivales en el remate, tienen otro adversario: los ‘rescatadores’, que intervienen por la madrugada. Con recelo, un intermediario decidió hablar y exponer cómo opera este grupo. “Ellos actúan en complicidad con algunos propietarios de puestos de venta de mercados. Rescatan y clasifican los mejores cortes de las carcasas (cuerpo sin cabeza ni extremidades) para proveer a churrasquerías, restaurantes y hoteles. Ahora es fácil deducir por qué la queja de que en Santa Cruz la población consume carne de menor calidad”, anotó.
“Los centros de remate son un modelo de subasta pública abierta y son la expresión perfecta de la oferta y la demanda, que es el principio básico de la economía de mercado”, refirió un ejecutivo de un centro de remate, al reforzar que bajo ese concepto no puede haber distorsión de precios.
Aclaró que los centros de remate reúnen a quienes tienen su producto terminado para vender (ganado) y quienes están dispuestos a comprar para llevar a los centros de abasto o mercados. “Si hay un espacio donde se transparentan los precios, es en los centros de remates”, manifestó la fuente.
En tanto que el directivo de otro centro de remate objetó el acuerdo entre el Gobierno y los carniceros, porque dice que no se puede negociar con los comercializadores de carne, porque ellos no saben cuánto cuesta producir un kilo de carne. “Los insumos han subido de costo (maíz, sorgo, afrecho, etc.) por la sequía y la alta demanda para poder engordar un animal. Significa que, si no se le da esos suplementos, al animal no engorda y ni hubiera reses para el consumo”, anotó.
Los comercializadores – según la fuente- ganan mucha plata sin arriesgar porque el ganado lo compran fiado y ellos mismos son los que hacen subir el precio al vender más caro por animales gordos que recibieron suplementación con insumos agrícolas.
“El Gobierno tiene que estudiar todos estos fenómenos de sequía y desabastecimientos por el alza de los productos antes mencionados y entender al sector pecuario, que sin ello no habrá ganado gordo”, relievó el ejecutivo.
“No intervenimos en precio”
A partir del aumento del precio de la carne en Bs 3 para todos los cortes, el Ministerio de Desarrollo Productivo firmó un acuerdo con la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), en cuya acta se establece la fiscalización de los centros remate y la elaboración de la norma que regulará su funcionamiento y procedimiento de cierre, a través de un trabajo conjunto multisectorial en los próximos siete días.
El gerente comercial del centro de remate El Marucho, Walter Feeney, cree que si las autoridades del Gobierno investigan la realidad del negocio van a revertir la determinación de cerrar estas empresas.
Según Feeney, a las autoridades les mienten de manera interesada y quienes lo hacen no son los comerciantes que venden carne de res al detalle, sino los intermediarios, a quienes se les acabó la generación de ‘jugosos’ ingresos desde la aparición de los centros de remate, porque son espacios que conectan al productor con los compradores de ganado en una subasta pública y abierta donde de manera transparente oferentes y demandantes definen el precio del ganado. Aclara que los centros de remate prestan servicios y reciben una comisión del valor total de la venta. Un 2,5% del productor y un 1% del comprador. “No intervenimos en la puja de precio”, precisó el ejecutivo.
Explicó que en los centros de remate no solo se subasta bovinos para el consumo, también se hacen pujas de animales para cría, recría, engorde y terminación en confinamientos. Describió que dos ‘jugadores’ intervienen en la subasta de ganado. Los intermediarios, que compran vacas para surtir el mercado cruceño y los que llegan del interior del país para comprar ejemplares macho, por los que pagan un precio mayor.
La pugna de ganado entre estos actores, en criterio de Feeney, repercute en el rango de precio del kilo gancho, punto cuestionado por los carniceros del país en el último tiempo. Aclaró que en el remate se puja y define el valor del kilo vivo del ganado.
Feeney cree que la prolongada sequía y heladas impactaron en la disponibilidad de pasto; los granos más caros y el contrabando condicionan la oferta de ganado y juegan en contra de la economía del consumidor que paga más por la carne.
De acuerdo a un informe publicado, con datos derivados de una consulta a especialistas, técnicos de organizaciones vinculadas al sector pecuario y proveedores de ganado vivo en los centros de servicios ganaderos, la venta de una res de 400 kilos, al detalle, en un mercado genera ingresos por valor de Bs 1.400. Desde el punto de vista de las fuentes consultadas, que toman como referencia que una res de 400 kilos, después de la faena, rinde en carcasa 220 kilos, de los cuales 77 son de primera, 110 de segunda y 33 hueso, multiplicando por el precio actual del kilo gancho Bs 21 y al consumidor en los mercados Bs 36 (primera), Bs 31 (segunda) y Bs 8 (hueso) concluyen que logran utilidades de Bs 1.400 por res vendida. Por este margen de ingreso, los ganaderos observan que son los carniceros los que propician la especulación de precio, descargándose la responsabilidad al atribuir que venden el kilo gancho a Bs 21.
Ven una puja ficticia
Con respecto a los centros de remate, el secretario general de la Federación de Comercializadores de Carne de Santa Cruz, Juan Chipana, insiste en que la oferta y la demanda que se da en la puja es ficticia, dado que, a su criterio, hay un preacuerdo entre los ganaderos y estos puntos de remate para elevar el precio siempre y en donde el martillero busca incentivar el aumento de los costos que al final se trasladan a los carniceros.
El mencionado acuerdo firmado entre el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y Contracabol generó reacciones. Inicialmente la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) se declaró en emergencia y rechazó la decisión de cerrar los centros de remate, pues considera que estos son los canales más transparentes y ágiles con que cuentan los productores y demandantes de ganado.
El jueves, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, tras una reunión con dirigentes del sector pecuario, sostuvo que del 8 al 12 de noviembre se realizará un trabajo técnico conjunto sobre aspectos de la cadena productiva cárnica.
El sector ganadero del país advierte que la pretensión de cesar las operaciones de los centros de remate que operan en Santa Cruz -cinco en la capital y unos 40 en provincias- pone en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo, sin contar el sector de transporte especial de ganado vacuno.
Desacuerdo y rechazo
La Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni) se declara en desacuerdo y se adhiere al rechazo del convenio firmado entre el Gobierno y la Contracabol.
El sector productivo aclara que enfrentan problemas, entre otros, de sequías, incendios, inundaciones, deterioro de caminos, abigeato, pandemia de Covid, entre otros. Sin embargo, por encima de dichas contingencias, “siempre hemos garantizado la seguridad alimentaria, se lo hizo antes, se lo hace hoy y se lo podrá seguir haciendo en el futuro, si se dan las condiciones”, precisan.
Fegabeni refuta la intención de cerrar los centros de remate, dado que -aseguran- es hacerle un daño directo a los pequeños y medianos ganaderos.
Por otra parte, la organización pecuaria beniana deduce que este hecho crea inseguridad jurídica y laboral a las inversiones en el departamento que generan fuentes de trabajo y movimiento económico en el área rural.
Atentado a seguridad jurídica
El directorio de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) también expresa pleno apoyo al sector ganadero y asegura que el acuerdo suscrito entre el Gobierno nacional y los comercializadores de carne, desconoce la realidad de la producción de carne bovina nacional, cuya calidad es reconocida a escala internacional, y atenta contra la seguridad jurídica al disponer el cierre de los centros de remate para beneficiar a un grupo de intermediarios en desmedro de la población en general.
“Estamos seguros de que, como afirman los productores ganaderos, el diálogo entre todos los actores es el único camino”, puntualizan.
Actualización de cifras
El Gobierno, según el director general ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), Patrick Nogales, invertirá más de Bs 200.000 en enero de 2022, para la cuantificación oficial del número de cabezas de ganado que abarca el hato bovino nacional.
De acuerdo con Nogales la cuantificación servirá para determinar si existe un excedente de producción cárnica para continuar con la exportación del producto hacia China y Rusia.
Entre 2016 y 2020, el volumen y valor exportado de carne bovina creció (550% y 490%, respectivamente). En 2020, pese a la pandemia sumó $us 70 millones.
Transportistas ven atentado al derecho laboral
El Sindicato de Tranportistas de Ganado de Corta y Larga Distancia 28 de Mayo y el Sindicado de Transporte de Ganado 1 de Junio, por separado, se adhieren al rechazo del convenio firmado entre el Gobierno y Contracabol. Atribuyen que quebranta el estado de derecho y vulnera la seguridad jurídica.
A decir del presidente del Sindicato de Tranportistas de Ganado 28 de Mayo, Bismark Paz, el acuerdo es una clara violación al derecho constitucional al trabajo, dado que este sector trabaja directamente con ganaderos, centros de remate y mataderos transportando animales.
Congabol alerta que el cierre de los centros de remate que operan en Santa Cruz -cinco en la capital y 40 en provincias- ponen en riesgo más de 2.000 puestos de trabajo.
Fuente: El Deber
