“El Ministerio Público ha demostrado que es totalmente servil a lo que desea el Movimiento Al Socialismo (MAS) y este caso parece no ser la excepción”, dijo el cívico Stello Cochamanidis.
“Como era de esperarse, este Gobierno está arremetiendo contra quienes ejercimos nuestro derecho constitucional a la protesta”, afirmó este martes el segundo vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, refiriéndose a la decisión del Ministerio Público de iniciar dos procesos contra los líderes cruceños que encabezaron el paro indefinido por el censo.
“Se han formalizado denuncias en dos departamentos para amedrentar a todas las personas que lucharon por el censo; creemos que estas denuncias en La Paz y Sucre no tienen asidero”, expresó el cívico.
Las declaraciones de Cochamanidis se producen luego de que el lunes se conociera que la Fiscalía General del Estado dispuso que se agrupe en un solo caso todas las denuncias relacionadas y que el caso radique en La Paz. Y es que, durante y tras el paro indefinido por el censo, varias denuncias se hicieron en contra del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo; y del rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.
Un segundo caso en contra de Calvo y de Camacho fue denunciado en Chuquisaca por presuntos delitos de discriminación, atentado contra la libertad del trabajo, atentado contra los servicios públicos y uso indebido de influencias. No obstante, la autoridad judicial declinó de llevar adelante el caso y ahora el cuaderno de investigaciones se encuentra en la Fiscalía de Santa Cruz.
“El Ministerio Público ha demostrado que es totalmente servil a lo que desea el Movimiento Al Socialismo (MAS) y este caso parece no ser la excepción”, reprochó Cochamanidis.
Afirmó que, hasta el momento no llegó ninguna notificación formal a las instalaciones del Comité pro Santa Cruz, tampoco al domicilio de Calvo. Adelantó que en el transcurso de esta semana se reunirá el Comité Interinstitucional para analizar los procesos legales en contra de sus dirigentes.
En la misma línea, Efraín Suárez, asesor de Gestión de la Gobernación de Santa Cruz, indicó el lunes que el gobernador Luis Fernando Camacho no ha sido notificado de manera formal, pero tiene conocimiento del caso por la vía digital. Aseguró que su defensa personal y técnica está asumiendo la acción.
“Son procesos eminentemente políticos, no es un secreto para la población que así lo sea y lo que se busca es amedrentar a la gente para que no vuelva a parar o hacer uso de su derecho a la protesta, pero el gobernador está consciente de que eso no puede pasar, que se va a defender a los cruceños en cualquier instancia, en las calles o donde así lo amerite la lucha. El gobernador está firme con el pueblo cruceño y va a seguir defendiendo los ideales de la población y no va claudicar”, subrayó Suárez.
Por su lado, el rector de la Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, advirtió el lunes que judicializar el derecho a la protesta es una mala señal, una clara señal de persecución política y de abuso de poder.
“Estamos en condiciones de presentar a dos millones de testigos para cuando seamos notificados y para ello vamos a abrir libros notariados”, expresó el rector haciendo referencia a la cantidad de personas que protestaron en las calles por la postergación del censo.
Fuente: El Deber
