Los cívicos perciben que el conflicto está por terminar. La clave está en la nueva norma que garantizará el censo y sus consecuencias constitucionales como la distribución de recursos y reasignación de escaños. Evo dice que la norma desautoriza al Presidente.
La apertura del Mundial de Fútbol en Qatar marcó el día 30 de la protesta en Santa Cruz. Desde el Comité Cívico anticipan que el paro está en la recta final, aunque aún resta que la Asamblea Legislativa trate y apruebe la ley del censo.
Mientras tanto, ayer decenas de vecinos instalaron televisores en algunas rotondas donde hay puntos de bloqueo. La intersección de avenida Bush y Segundo Anillo, por ejemplo, es un punto de encuentro estratégico de la comunidad universitaria. Allí, en una carpa, pusieron un proyector para el partido inaugural que disputaron Qatar (0) y Ecuador (2).
“Ni el más pesimista iba a pensar que íbamos a llegar a un mes de paro. Ahora, nos pilló el Mundial y cuando hay convicción se encaran las luchas, más aún cuando es a favor del Santa Cruz y el país”, afirmó ayer el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas, quien estuvo en ese punto de protesta de la avenida Bush.
Pero tras un mes de tensiones con el Gobierno, la continuidad de la protesta dependerá, ahora, de la aprobación de una ley del censo que se tramita en la Asamblea Legislativa. Existen tres propuestas. La primera, planteada por la facción del MAS próxima al presidente Luis Arce; hay una de Creemos y la tercera fue presentada por el expresidente Carlos Mesa como líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC). Ambas fuerzas opositoras, a pesar de haber planteado proyectos por separado, acordaron defender una sola postura que garantice el censo y, especialmente, la entrega de los resultados, antes de 2025.
“Es ahora, cuando veremos a los representantes cruceños en el legislativo. Los que defienden a Santa Cruz y Bolivia y los que defienden al centralismo”, sostuvo el vicerrector de Universidad.
Entre los cívicos, el espíritu es el mismo: todo está en manos del Legislativo y de la bancada cruceña de oposición, a pesar de su desventaja en número ante el poder del oficialismo. “Ahora se trata que la Comisión de Constitución elabore un proyecto de consenso (entre los tres que están en carpeta) y que el mismo sea trasladado a las diferentes cámaras para que sea aprobado y que los bolivianos podamos tener certeza de un censo oportuno, justo y transparente; pero, además, con una aplicación de resultados lo más pronto posible”, explicó el primer vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Larach.
“Sigamos adelante; firmes. Dios mediante, estamos en la última parte de esta medida de presión; valoramos el compromiso de todos”, remarcó ayer el líder cívico.
“La decisión de levantar el paro es evidentemente del Comité Pro Santa Cruz. El presidente Rómulo Calvo tomará la decisión de acuerdo a cómo se desarrollen en las próximas horas o días el tratamiento de esa ley”, añadió luego de destacar la existencia del “compromiso” del oficialismo para viabilizar esta ley tanto en el Senado como en Diputados.
El rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, estuvo el viernes en La Paz y, tras varias reuniones con autoridades del Legislativo, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aceptó iniciar el tratamiento de la nueva ley. Además, ya existe una convocatoria para las 17:00 de hoy en el pleno de la Cámara de Diputados.
El presidente de esta entidad legislativa, el diputado cruceño Jerges Mercado (MAS), aseguró que existe “toda la voluntad” de viabilizar el trámite de la ley, incluso, con sus colegas del Senado. donde lo partidarios del expresidente Evo Morales son mayoría.
“Estamos poniendo nuestra cabeza por debajo. Hemos tenido conversaciones con el Presidente de Senadores y también con varios senadores individualmente y hay la predisposición de todos de poder avanzar en la pacificación y que vuelva, de una vez, la normalidad a nuestra patria y sobre todo a Santa Cruz”, afirmó Mercado ayer en La Paz a los periodistas.
“Normalmente, las estrategias no se las comentan. Se las aplica. No se preocupen que vamos a aplicar y vamos a aprobar esta ley. Ahí se va a ver quiénes son los diputados quieren que se resuelva el conflicto y quiénes son los diputados que más bien quieren que el conflicto perdure. Ahí se va a ver, quienes estamos del lado de la reconstrucción de la economía, la paz y la armonía y quienes están usando estos momentos violentos para sobrevivir políticamente”, dijo el presidente de Diputados.
Eso sí. Mercado afirmó que la propuesta ratifica la fecha del censo en 2024 y fija los compromisos de escaños y recursos de manera escrita en una ley. Aclaró, por eso, que no colisiona con la competencia privativa del Presidente de establecer la fecha del censo.
El expresidente Morales cuestionó el tratamiento de la norma por motivos constitucionales y políticos, pues considera que legisladores del MAS “pactaron con la derecha”. “No se necesita esa ley. Garantizar censo con ley es desautorizar la palabra del Presidente, es no creerle al presidente ni creer en su gabinete. Es cómo un golpe de la Asamblea al Presidente”, afirmó.
El MAS posee en total 98 legisladores de los que 21 de 36 están el Senado. En Diputados hay 130 escaños y 15 son parte de la llamada ala evista y quedaron al margen de la dirección de las comisiones para la legislatura 2022-2023. Arce cuenta allí con una bancada de 77.
“La posición del presidente de la Cámara de Diputados la respetamos, en todo caso la postura de la Cámara de Senadores se sabrá una vez que conozcamos los proyectos de ley que aún no lo conocemos. Sin conocer ese contenido, no es posible emitir criterios”, dijo ayer a los periodistas el senador William Torrez (MAS).
En la oposición, el diputado Erwin Bazán (Creemos) dijo que “se han cerrado filas entre todos los parlamentarios de oposición” para defender el proyecto de ley del censo que garantice la asignación de recursos y escaños.
El diputado, Jairo Guiteras (CC) espera que todos “se pongan la camiseta del país para dejar de lado la camiseta del partido político al que representan” para poder viabilizar la norma que apunta a desactivar la protesta que comenzó el 22 de octubre por un censo que permita aplicar sus resultados.
Fuente: El Deber
