La población de Quimone y de San José de Chiquitos logró evitar la expulsión de la comunidad menonita, asentada desde 2009 en esa región. El INRA anticipa que sí o sí retirará a estas personas.
De forma temporal, habitantes de la localidad de Quimone y del municipio de San José de Chiquitos lograron frenar el desalojo de 120 familias que conforman la comunidad menonita de Valle Verde. En días pasados el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) anunció el desalojo de los menonitas, acusándolos de avasallar tierra fiscal y de ser extranjeros.
En la zona hay mucha tensión, y las autoridades locales se encuentran en apronte para evitar la expulsión de estas personas. La zozobra persiste.
Alejandro Altamirano, abogado de la comunidad menonita Valle Verde, dijo que, ante el anuncio hecho por el INRA de retomar el desalojo de estas personas habitantes de Quimome y de San José de Chiquitos se movilizaron para evitar que la Policía ejecute la orden dada por la entidad agraria.
Incluso acusó a la institución de querer hacer firmar a los colonos un compromiso para que se retiren voluntariamente de la zona en conflicto en un plazo de 15 días. Pero ante la falta de un abogado los integrantes de esta comunidad decidieron no firmar ningún documento.
“Los menonitas no aceptaron esta situación y el pueblo de Quimone se autoconvocó para defender a la comunidad, junto con la población de San José se acercó al lugar para ver que se estaba incumpliendo el acuerdo al que se había llegado el martes. Entonces, no pudieron hacer firmar esa acta de compromiso para que se vayan. Ellos siguen en su tierra, por el apoyo que están recibiendo de autoridades locales”, señaló Altamirano.
El jurista incluso dijo que la forma en la que se iba a ejecutar esta orden es ilegal porque no había la presencia de ningún representante de Derechos Humanos y de algún tipo de asistencia social por la presencia de varios menores de edad.
Aclaró que el predio en disputa, que tiene una extensión de cerca de 2.000 hectáreas, fue adquirido por la comunidad en 2009, de un tercero que tenía saneado el terreno. Aseguró que sus defendidos tienen todos los documentos legales.
“Esto no es una expansión o un avasallamiento. Lo que hay es una compraventa que data de 2009, que está inscrita en Derechos Reales. Nosotros tenemos actualizados los certificados alodiales. Nunca (los predios en disputa) se han notificado como tierras fiscales, pese que hemos pedido en varias ocasiones”, dijo el abogado.
Altamirano dijo que, si fueran tierras fiscales se debió realizar la anulación del expediente agrario de las tierras. Luego hacer la cancelación de la matrícula.
“Esto es un tema político, lo que se pretende es asentar a la comunidad intercultural 19 de Noviembre. La comunidad (menonita) no ha podido ser desalojada”, agregó.
El abogado recalcó que sus defendidos no son extranjeros, como aseguró el INRA, sino ciudadanos nacidos en Bolivia. Tampoco son avasalladores de tierras, acotó.
El miércoles el director nacional del INRA, Eulogio Núñez acusó a la colonia menonita de avasallar un predio fiscal que fue entregado en calidad de usufructo al Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) y que posteriormente fueron otorgadas a la comunidad 19 de Noviembre.
Por esa situación, dijo que, de forma voluntaria, los menonitas deben desalojar las tierras hasta el viernes, caso contrario se recurrirá a la fuerza pública.
Por Ernesto Estremadoiro Flores
Fuente: El Deber
