La defensa del Gobernador de Santa Cruz calificó de irresponsables las declaraciones del Ministro de Gobierno por hablar de una denuncia de agresión sexual supuestamente cometida hace años contra un varón.
El gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, afronta por lo menos ocho procesos penales, abiertos en su mayoría y presentados por actores del MAS y el Gobierno. Lo acusan por la presunta comisión de corrupción, sedición, traición a la patria y hasta por una supuesta violación cuando el gobernador cruceño era un niño. Dos denuncias son por terrorismo, cargo por el cual Camacho podría ser aprehendido sin una citación previa y ser trasladado a La Paz.
El abogado del Gobernador, Juan Carlos Camacho, dijo que su cliente no fue notificado con ninguna de las denuncias y calificó las mismas como una “persecución judicial” por el paro en demanda del censo 2023 y por ser opositor al gobierno del presidente Luis Arce.
Presunta violación
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, apuntó a Camacho como el autor de una presunta violación de hace “bastantes años” (35 según la denuncia), cuando el Gobernador cruceño tenía entre 10 y 11 años y la supuesta víctima, cinco.
“Una víctima, en ese entonces menor de edad, habría sufrido una violación por parte de un actual gobernador en el departamento de Santa Cruz”, dijo.
El funcionario de Estado señaló que el denunciante es un varón, admitió que no conoce los detalles del hecho, pero de todas formas ofreció recursos del Estado para procesar al opositor.
Al respecto, Camacho calificó la denuncia como falsa. “Se refiere a hechos que nunca ocurrieron (…), pero que dañan mi dignidad como persona y la de mi familia”, se lee en parte del mensaje que la autoridad publicó en sus redes.
Otros casos
De acuerdo con un recuento de este medio, además de la denuncia de violación, Camacho afronta al menos otras siete denuncias. La primera acusación es en el caso “golpe de Estado I” de 2019. La exdiputada Lidia Patty presentó la denuncia y lo acusa por terrorismo y conspiración. En julio de este año debía declarar, pero se suspendió por supuestas amenazas a fiscales.
El segundo proceso fue presentado por el diputado Rolando Cuéllar (MAS) por la supuesta compra con sobreprecio de un carro bombero para la Gobernación. Entre los delitos sindicados están el de incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.
Las otras cinco denuncias fueron presentadas en el marco del paro cruceño que pedía censo 2023. Entre los denunciantes están el secretario de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto, Juan Mayta; el representante del Comité Impulsor de Justicia (CIJ), Aldo Michel, que presentó dos denuncias, una en Sucre y otra en La Paz; la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb); y los concejales Rosario Callejas y Rolando Pacheco.
Además de Camacho, también se pide procesar al presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, y al asesor legal del Comité Interinstitucional, José Luis Santistevan, además del rector el rector de Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, y el vicerrector, Reinerio Vargas.
Entre los delitos contra Camacho y los otros líderes cruceños están traición a la patria, resoluciones contrarias a la Constitución, terrorismo, atentados contra mandatarios, instigación a delinquir, organización de grupos paramilitares, daño a la propiedad pública y privada, lesiones graves y gravísimas y conspiración, entre otros.
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, presentó en las últimas horas otra denuncia por el presunto daño ocasionado a la Red Vial Fundamental de Caminos. “Será la justicia la que identifique a los responsables”, afirmó Montaño.
En tanto, el Rector de la Uagrm declaró que, si hay un proceso en su contra y en contra de los dirigentes cívicos por cumplir el mandato del cabildo, que ordenó iniciar un paro indefinido en demanda de un censo, también se debe investigar a los funcionarios y policías que organizaron y actuaron con los grupos de choque del MAS.
“El delito de terrorismo no tiene una definición clara, así lo reconocen los organismos internacionales”.
Abogado Jorge Santistevan
5 Son los casos abiertos contra el Gobernador de Santa Cruz y los cívicos por el paro de 36 días
“Es lamentable la información que recibimos, de un presunto hecho de violación que pasó hace años”.
Ministro Eduardo del Castillo
Ven ilegalidad del caso terrorismo
El abogado y militar en retiro Jorge Santistevan advirtió que las denuncias por presunto terrorismo –presentadas contra el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, los miembros del Comité Pro Santa Cruz y el Comité Interinstitucional que pedían la realización del censo en 2023– abren la posibilidad de que los mismos sean detenidos sin una previa citación.
“El delito de terrorismo no tiene una definición clara en el ordenamiento jurídico del país, así lo reconocen los organismos internacionales, por lo tanto, no es legal. Más aún, debido a que por la gravedad del hecho, este tipo penal permite que sin citación previa los denunciados sean detenidos y, en este caso, trasladados a La Paz”, indicó el abogado Santistevan.
El abogado del Gobernador cruceño, Juan Carlos Camacho, coincidió con su colega, por lo que pidió a la Fiscalía que no actúe de manera parcializada con el Gobierno.
Otro de los denunciados, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, señaló que no tiene temor a dichos procesos, pero de ser convocado llevará una lista de dos millones de personas, que serían las que aprobaron, en cabildo, realizar el paro cívico indefinido.
Para el senador del MAS, Leonardo Loza, la presentación de dicha lista sería un extremo y contra la ley, porque se estaría chantajeando a la justicia, para que no se procese a los responsables del paro.
Fuente: Página Siete
