Los abogados de la exautoridad presentaron documentación demostrando los problemas de salud que le impidieron llegar hasta la audiencia. El juez ordenó una valoración médica por el IDIF.
La audiencia en la que la exalcaldesa de la capital cruceña Angélica Sosa iba ser imputada por el delito de enriquecimiento ilícito, dentro del caso ‘ítems fantasmas’, fue suspendida para el 6 de enero de 2023, medida asumida por el juez luego de que los abogados de la exautoridad presentaran documentación argumentando los problemas de salud que la aquejan y tiene internada.
Marcelo Aliaga, abogado del diputado del MAS Hernán Hinojosa, uno de los denunciantes del caso, indicó que la audiencia estaba prevista para este miércoles a las 8:30, pero los abogados de Sosa, entregaron certificados médicos ante el juez demostrando que ésta se encontraba enferma, razón por la que no se desarrolló la audiencia de medidas cautelares.
“Se ha suspendido la audiencia de la señora Angélica Sosa porque la misma tiene problemas de salud, se ha señalado una nueva audiencia de medidas cautelares por el delito de enriquecimiento ilícito dentro del caso ítems fantasmas para el 6 de enero a las 8:30. Nosotros estaremos presentes y solicitaremos la detención preventiva por el plazo de 180 días”, recalcó Aliaga.
El abogado indicó que el juez de anticorrupción ordenó que se realice una valoración por el Instituto de Investigación Forense (IDIF), para determinar de qué adolece Sosa.
“Nosotros consideramos que están latentes los riesgos de fuga y obstaculización, y hay que dejar en claro que una de las personas que anda con los abogados de la señora Sosa, amenazó el pasado jueves a una diputada, eso ya lo hemos puesto en conocimiento del juez”, dijo.
Agregó que la audiencia para el 6 de enero será de forma presencial, por lo que la imputada deberá presentarse en el Palacio de Justicia para la audiencia de medidas cautelares de ampliación de delito, puesto que dentro del caso ‘ítems fantasmas’, ya fue procesada por los delitos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado, pero no así por enriquecimiento ilícito.
Fuente: El Deber
