Al menos 23 comunidades se mantienen en alerta y exigen la derogación de la ley 208. Desde la institución departamental aseguran que la norma no altera sus derechos propietarios.
Durante tres horas se prolongó la tensión entre vecinos de Porongo y funcionarios de la Gobernación cruceña. Éstos últimos, querían salir de las oficinas para retornar a sus casas, pero se encontraron con la posición firme de quienes están en vigilia. Luego de una larga espera, se permitió su salida de los trabajadores. Esto sucedió entre las 15:00 y 19:00 del jueves.
Efraín Suárez, asesor de Gestión Institucional de la Gobernación, calificó la situación como “secuestro” ya que no se permitió la libre locomoción de los funcionarios. Responsabiliza de la situación a uno de los representantes del comité impulsor de la carretera Buena Vista- Las Cruces, en el municipio de Porongo.
“La orden de impedir el retiro de los funcionarios corresponde a Fernando Vázquez”, le dijo a El Deber. La mañana de este viernes se presentarán ante el Ministerio Público para sentar una denuncia, puesto que “ha cometido un delito”, declaró.
Roberto Soliz, vecino y productor de Porongo, respalda las movilizaciones. Por cuarto día consecutivos, entre 1.000 y 1.500 personas se mantienen apostadas ante las puertas de la Gobernación.
Soliz asegura que son más, unas 3.000 familias viven en la zona. La mitad de ellas, no ha logrado regularizar sus documentos de propiedad. “No es un secuestro, es una vigilia”, aclara en una conversación telefónica. También se refiere al supuesto “amedrentamiento” que sufren algunos dirigentes con amenazas de procesos.
A pesar de eso, asevera que se mantendrán en vigilia “hasta ser escuchados por la Asamblea Legislativa Departamental” para que se derogue la ley 208.
Ley 208 en el foco de la polémica
En abril de 2022, el gobernador Luis Fernando Camacho firmó un acuerdo con la ABC para viabilizar la construcción de la carretera Buena Vista – Las Cruces. De este modo, el Gobierno central y la autoridad departamental ponían fin a un cruce de acusaciones que derivó en el bloqueo de la ruta a Cochabamba. En ese momento, parecía que las soluciones se imponían a los problemas.
Meses después, el conflicto se trasladó a la Asamblea Legislativa Departamental. El foco de la polémica se centra en la ley 208, que declara la zona como Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) y limita las actividades productivas en el área.
A decir de Soliz, “ni los propios técnicos de la Gobernación conocían esa ley”. Reconoce también el desconocimiento por parte de los comunarios pues no participaron en la redacción o consenso de la norma.
“La ley se aprobó el 10 de marzo de 2021, al final de la gestión de Rubén Costas como gobernador. Es una ley maliciosa que solo favorece a las grandes urbanizaciones que tienen loteados los acuíferos del Urubó”, detalla a El Deber.
Como parte de los sectores movilizados, Soliz demanda la abrogación de la ley y busca una nueva norma de consenso que no afecte a los productores de Porongo. “Esa norma ata las manos al municipio de Porongo para que no pueda crecer”.
“La ley no trasgrede sus derechos propietarios”
Por su lado, Suárez defiende la ley. “Preserva una acuífero importante para la ciudad. Aporta el agua necesaria para dos millones de personas. No podemos poner en riesgo”, manifiesta.
Hasta el momento, técnicos de ambas partes se han sentado en una ocasión para buscar una salida y poner fin a las movilizaciones. Desde la Gobernación han planteado cuatro alternativas a la ruta vial.
“La ABC no tiene un proyecto final para presentar. La propuesta no está cerrada”, revela el asesor. Y agrega un inconveniente más al trazado preliminar. “Está financiado por la CAF, y la CAF no puede ir en contra del medioambiente”, complementa.
Suárez trata de mandar un mensaje de tranquilidad a los comunarios. “La ley no trasgrede sus derechos propietarios” afirma, aunque aclara que “existen algunas restricciones que regulan la producción“. Invita a los sectores movilizados a las mesas técnicas para buscar una salida consensuada.
Soliz insiste en la importancia de abrogar la ley. “Queremos proteger nuestra cuenca con una ley consensuada”, explica. “Somos productores, tenemos producción de piscicultura, frutas y apicultura. Sabemos cuidar nuestro medio ambiente. Tenemos un proyecto”, afirma antes de pedir “una solución que permita hacer las cosas bien”, en alusión a una nueva ley que regule los acuíferos de la cuenca Güendá- Urubó.
Fuente: El Deber
