Familiares de víctimas mortales en las gestiones de Morales y de Añez recibieron Bs 100 mil en 2020. Algunos recibieron becas y trabajos en el Gobierno.
Entre la división y la presión política, las víctimas de Senkata exigen una reparación integral libre de tintes políticos. Piden que se cumpla con el censo de todos los afectados de forma imparcial, tal como recomendó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).
“No queremos que nuestros muertos sean usados como bandera política. Queremos justicia”, afirmó Alison Ramírez, una de las viudas de los muertos de Senkata, que el viernes participó en la marcha de víctimas de las masacres.
Pero no sólo se trata de los fallecidos y los heridos, sino de los torturados y detenidos injustamente, que fueron reconocidos como víctimas en el informe del GIEI.
“Ahora tenemos ese documento que dice que debe haber una reparación integral y con el que vamos a pedir la modificación del Decreto Supremo 4176 de ayuda a las víctimas. Ahora se comprobó que fuimos afectados, porque antes para la sociedad no éramos víctimas, éramos lo peor”, manifestó la representante de los detenidos en El Alto, Marcela Calle.
Afirma que la única forma de obtener una reparación real es que ésta no sea política y brinde una justicia imparcial para todos. Y para ello es necesario un censo de todas las víctimas en todo el país que parta desde el Estado.
“El GIEI recomienda la elaboración de un censo de víctimas. Hasta el momento no las habíamos dejado de lado, pero habíamos atendido prioritariamente a las viudas, a los heridos más graves y esto debe ampliarse a otras víctimas. En ese caso, vamos a partir de un censo que debe estar a cargo de Sepdavi (Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima), que está preparando todos esos elementos”, informó el ministro de Justicia, Iván Lima.
Sin embargo, las víctimas ya han presentado observaciones, puesto que el censo se está impulsando desde el Sepret con presiones para alinearse a la denuncia del Ministerio de Justicia.
Con el fin de unificar la búsqueda de justicia, hasta El Alto arribó una comisión de Sacaba-Huayllani. La representación sostuvo una serie de reuniones para conformar un solo bloque.
“Nos hemos reunido para hacer conocer nuestra molestia. Más de un año y nueve meses y no hay ningún responsable por Senkata y Sacaba. La señora Jeanine Añez no está detenida por las masacres ni por los delitos de lesa humanidad, sino por el golpe de Estado”, observó el dirigente cochabambino Ismael Marquina.
“Yo quiero encontrar justicia y no quiero que nos usen de bandera y politicen lo que pasó. Había gente bloqueando, no es que no, pero ellos se han cubierto entre los muros. Mi hermano sólo pasaba por el lugar, la bala le entró por la espalda. Queremos justicia, pero de ambos bandos quieren politizar el tema”, señaló Nancy Jamachi a Radio Deseo.
“El Gobierno no nos toma como prioridad, pese a que en su campaña vino a hablar con las víctimas. Hasta ahora no ha hecho nada y sólo nos han dividido llevando a su bando a una parte de los familiares de los muertos. Es lamentable que el Gobierno actúe así”, afirmó Ramírez.
“Han manchado el nombre de mi esposo, tiene que haber imparcialidad”
Calixto Hunaco era padre de dos niños, esposo y costurero. En medio del conflicto de 2019 él y su esposa habían empezado la confección de 30 chamarras. Les faltaban los cierres y después de varios días sin trabajar les urgía terminar las prendas.
No era militante y tampoco parte de los bloqueos. En su casa se acababa la comida y él sólo necesitaba acabar y vender sus chamarras. Cerca del mediodía, cuando los cisternas dejaban Senkata, salió de su domicilio en el barrio Nueva Esperanza a buscar material y ya no volvió.
“Hasta ahora no sé qué pasó con mi esposo. La justicia no avanza, tiene que hacer su trabajo”, sostiene Alisón Ramírez, viuda de Calixto.
Han pasado 21 meses desde que Página Siete la encontró en la morgue del Hospital de Clínicas tratando de recuperar el cuerpo de su esposo, pero las preguntas siguen siendo las mismas: ¿quién? ¿cómo?.
Ya se han emitido casi una decena de informes sobre lo ocurrido en aquella jornada, incluyendo el del GEIE, pero ninguno le dio una respuesta definitiva.
Calixto no falleció en esa jornada sino siete días después, internado en una unidad de terapia intensiva donde sufrió una muerte cerebral. Tenía una bala en el cerebro y los gastos se acumularon de golpe sin que nadie le brinde ayuda. Su deceso se supo días después cuando una comisión de Derechos Humanos llegó hasta El Alto.
“Quiero justicia para mi esposo, han manchado su nombre diciendo que era del MAS, que era terrorista, lo siguen haciendo. Y ahora el Gobierno me lo usa como bandera política”. dice su viuda.
Por Leny Chuquimia
Fuente: Página Siete
