En sólo nueve días, y cuando el país se alista para el retorno del Movimiento Al Socialismo (MAS) al poder, tres jueces emitieron cinco fallos en favor de exautoridades y militantes de ese partido, y un fiscal liberó de un proceso a su vicepresidente. Esta cadena de hechos avivó el debate sobre la influencia de la política en la justicia boliviana.
Entre el 24 octubre y el 1 de noviembre, y en horarios que no son habituales, los jueces Román Castro Quisbert y Claudia Castro Dorado emitieron fallos que favorecieron al expresidente Evo Morales, a los exministros Héctor Arce Zaconeta y Juan Ramón Quintana, y al dirigente cocalero Faustino Yucra. Anoche fue el turno del exministro de Defensa Javier Zavaleta, quien se favoreció con un fallo del juez Javier Vargas Arancibia, quien dejó sin efecto una orden de aprehensión que pesaba en su contra.
Además, el jueves 29 la Fiscalía dictó el sobreseimiento del vicepresidente del MAS Gerardo García, quien era procesado por el robo de un vehículo oficial.
“Esta es una muy mala señal. Es una señal de que la justicia volverá a ser genuflexa. No entiendo por qué no esperan más tiempo, por qué entre gallos y medianoche. No entiendo”, afirmó el ministro de Obras Públicas Iván Arias, al referirse a las últimas decisiones judiciales.
Anoche el juez Arancibia, del Juzgado Segundo de Instrucción en lo Penal de la ciudad de La Paz, anuló una orden de aprehensión contra Zavaleta, procesado por terrorismo y sedición.
La noche del sábado, la jueza Castro Dorado, del juzgado Tercero Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer, dejó sin efecto una orden de aprehensión que pesaba contra Quintana en el proceso que se le sigue por los delitos de sedición, terrorismo, financiamiento al terrorismo e instigación pública a delinquir. Lo hizo en una audiencia convocada para las 21:00.
Explicó que tomó la decisión porque se cometieron fallas procedimentales, como el hecho de que la resolución de aprehensión fue emitida el 25 de noviembre de 2019, un día antes de que comenzaran las investigaciones y dos antes de que el juez admita la causa. Dijo además que la citación fue emitida 11 meses después de que se dictara la resolución de aprehensión. “Estos dos extremos, de forma clara, reflejan la inobservancia del debido proceso”, justificó.
Dos días antes del fallo, cuando una periodista de la cadena rusa RT preguntó a Quintana cuándo creía que podría salir de su asilo en la residencia de México en La Paz, respondió que el Órgano Judicial retomará su independencia cuando el Gobierno pase a manos de Luis Arce.
Cerca de la medianoche del sábado, Castro Dorado emitió otra resolución, esta vez en favor de Yucra, procesado por terrorismo en el caso de un audio en el que presuntamente conversa con Morales en 2019 y recibe órdenes para bloquear las ciudades hasta causar una asfixia alimentaria.
La resolución admite una apelación de Yucra, quien observó que en la audiencia en que se decidió su detención en el penal de Palmasola no tenía defensa técnica, y conmina a la Corte de Distrito de La Paz a convocar a una audiencia de apelación.
Las dos decisiones judiciales se conocieron a una semana de que el juez Castro Quisbert emitiera dos fallos que también beneficiaron a miembros del MAS.
El primero dejó sin efecto una orden de aprehensión contra Arce Zaconeta, también asilado en la residencia de México, en el caso del proceso por fraude electoral. El segundo fallo anuló una orden de aprehensión que pesaba sobre Morales en el caso del proceso por terrorismo que se sigue en su contra. En el primer caso se alegaron errores procedimentales y, en el segundo, que se vulneró el derecho a la defensa.
El jueves, el fiscal Alexis Vilela anunció el sobreseimiento de García porque durante la investigación se determino que este dirigente no participó en el robo del vehículo del Ministerio de la Presidencia en el que fue encontrado el 21 de noviembre de 2019.
Esta cadena de decisiones judiciales en favor de exautoridades del anterior gobierno y dos dirigentes causó preocupación en sectores opositores al MAS.
“Bolivia tiene la peor justicia del mundo. Nos da vergüenza, da pena que no sólo no respeten la ley, sino que no tengan dignidad y por cuidar sus pegas sin que haya asumido el nuevo gobierno muestren esa sumisión asquerosa”, escribió en Facebook el viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría.
“Arce aún no asume el cargo de presidente y ya se puede apreciar la descarada manipulación de la justicia que realiza el MAS. Al parecer todo vuelve a ser como antes, la justicia será para proteger a los suyos y castigar a los opositores”, opinó a su turno el jefe de Unidad Nacional Samuel Doria Medina, en Twitter.
“Quintana, el personaje más oscuro y funesto del régimen de Evo Morales, quiere recobrar su libertad con la complicidad de la justicia azul”, publicó en la misma red el dirigente del Movimiento Demócrata Vladimir Peña.
Gonzalo Trigoso, abogado y exministro de Trabajo de Morales, opinó que cuando hay un gobierno elegido con tanto respaldo como el que se viene, “cambia toda la situación política en la que vivíamos y el Órgano Judicial como que asume un distanciamiento del Ejecutivo. Ya no se siente presionado, sabe que ya no habrá una coacción de parte del Gobierno… y seguramente, midiendo elementos de interés político a futuro cercano, y basándose en las docenas de errores técnicos que se cometen en los procesos, anula algo que seguramente igual se iba a anular posteriormente”.
Los jueces Román Castro Quisbert y Claudia Castro Dorado fueron quienes en la última semana aprobaron cuatro fallos en favor de miembros del Movimiento Al Socialismo (MAS), entre ellos el expresidente Evo Morales y el exministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana.
Castro Dorado, quien se desempeña como jueza Tercera Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia a la Mujer, en 2018 negó libertad a Marihela Valdez, la exfuncionaria del estatal Banco Unión que el 22 de septiembre de 2017 denunció el desfalco millonario (37,6 millones de bolivianos) cometido por Juan Franz Pari. Nueve días después, Valdez fue detenida, junto con otras dos funcionarias -Carmen Vargas y Zulma Siñani-, que también alertaron sobre el delito, y recluida de manera preventiva en el Centro de Orientación Femenina (COF) de Obrajes.
El 26 de octubre de 2018 , Castro Dorado retuvo en su despacho por 40 minutos a una periodista de la red ATB que trabajaba sobre el caso de Marihela Valdez. Entonces la comunicadora dijo que la jueza quería que le entregara su celular.
Castro Quisbert, juez Primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, fue candidato al Consejo de la Magistratura en 2017 y su postulación fue impugnada, sin éxito, por el entonces rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Waldo Albarracín, quien dijo que tenía denuncias por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y cohecho pasivo, y que fue retirado como rector de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) por hechos de corrupción.
Los recientes fallos que emitió en favor de Morales y del exministro Héctor Arce fueron explicados por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Jorge Quino.
Página Siete
