El 75% del presupuesto 2022 de la Procuraduría General del Estado (PGE) se destina a sueldos, bonos, aguinaldos, personal no eventual, transporte, viáticos y pasajes. Abogados consideran que quienes administran esa entidad la convirtieron sólo en una “agencia de empleos”.
La Procuraduría dispone para esta gestión de 38.272.946 bolivianos. De esa cifra, 27.598.911 bolivianos se destinan a “servicios personales”, que es una categoría de gastos para personal permanente y eventual, aportes a la previsión social, presupuesto para incremento salarial y otros ítems, según detalla Clasificadores de Presupuestarios del Ministerio de Economía.
El Presupuesto General del Estado especifica que la Procuraduría tiene varios ítems en “servicios personales”, entre los cuales están: sueldos, que suman 21.260.856 bolivianos; bono de antigüedad, Bs 331.452; bonificaciones, Bs 72.444; aguinaldos, Bs 1.805.396; asignaciones familiares, Bs 168.473; y personal no eventual, Bs 291.408.
Por otro lado, del total del presupuesto de la Procuraduría, 670.067 bolivianos se destinan a pasajes al interior como al exterior; 26.252 bolivianos para transporte de personal; y 690.042 para viáticos al interior y exterior, lo que suman 1,3 millones de bolivianos, al margen de otros ítems de la categoría “servicios no personales”.
El tema cobra vigencia debido a que el 16 de julio se dio a conocer que el Estado debe indemnizar la suma de 105 millones de dólares al BBVA por el “retraso injustificado” del proceso de nacionalización del sistema de pensiones. Tras el fallo, el procurador Wilfredo Chavéz fue blanco de críticas por parte de políticos opositores, analistas y usuarios en redes sociales.
El laudo a favor del BBVA se suma a otros casos sonados como Quiborax, Pan American Energy, AEI Luxembourg Holdings, Carlson Dividend Facility, Rurelec, entre otros, que fueron contrarios al país. Por los laudos arbitrales adversos se calcula que el Estado tuvo que pagar en indemnizaciones más de 700 millones de dólares.
“No cumple su función”
El abogado constitucionalista Williams Bascopé cuestionó el rol de la Procuraduría, porque -sostuvo- no defendió bien los intereses del Estado. Añadió que son más de 10 las derrotas arbitrales contra las transnacionales y que ello implica un millonario monto que se debe pagar por concepto de indemnizaciones.
“La Procuraduría no genera ningún beneficio al Estado boliviano. La Procuraduría no justifica su razón de existencia, debe haber una reestructuración de la Procuraduría, pero no se la hará en este Gobierno. La mala gestión de la institución viene de más atrás, con el nefasto exministro de Justicia Héctor Arce. El señor Pablo Menacho el único mérito que tuvo para ser procurador fue ser amigo de Arce”, aseveró.
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, Silvia Padilla, indicó que la Procuraduría fue convertida en una “agencia de empleos”, que tiene sus dependencias en los nueve departamentos. Añadió que la entidad “en el papel” tiene un rol importante para el país.
“El problema no es la institución, es la gente que la administra. La Procuraduría no fue bien administrada, porque mientras se vean actores políticos a cargo de la institución, no habrá cambios efectivos. Si hubiera un procurador 100% independiente, lo primero que pediría sería sancionar al expresidente que hizo las nacionalizaciones”, enfatizó.
Ambos juristas lamentaron que el actual procurador, quien lleva más de un año en funciones, se dedicó a “perseguir opositores” y a temas de carácter político que no son parte de sus atribuciones, como el recuento de actas de las elecciones fallidas de octubre de 2019.
Fuente: Página Siete
