El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Israel Alanoca denunció este domingo que los fiscales asignados al caso fraude electoral, “están intentando realizar otro peritaje para dilatar el proceso penal” contra el expresidente Evo Morales, Álvaro García Linera y otros ministros denunciados que hasta la fecha no fueron convocados a declarar.
Dijo que la Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido una auditoría con peritos especializados en temas electorales y arribó a conclusiones donde se “identifica un fraude grosero” en las elecciones pasadas, por tanto, ya existe un estudio y un análisis exhaustivo realizado por un organismo internacional.
Explicó que por esa razón es que inició un proceso penal contra los exvocales del Tribunal Supremo Electoral, luego contra Evo Morales y exministros, por lo tanto, “nos sorprende que a un año (del fraude electoral” que estos señores (fiscales) quieran dilatar el proceso, realizando otro peritaje”.
También expresó la preocupación del gobierno porque igualmente, a casi un año, los fiscales no convocaron a declarar a Evo Morales, Álvaro García Linera y a los exministros acusados de ser los autores.
Dijo que no es posible que los fiscales no hayan podido llamar a los responsables del fraude monumental en Bolivia. Considera que la Fiscalía General podía haber hecho una representación vía Cancillería para convocar a Evo Morales pero si hasta el momento no existe esa declaración y se lo estaría dejando a la impunidad a los expresidentes.
Indicó que se tiene conocimiento que las tres empresas telefónicas ya remitieron a la Fiscalía el extracto de llamadas que Evo Morales y algunos exministros realizaron a los vocales del ex Tribunal Supremo Electoral para la “coordinación del fraude”, es decir, informaron ya existe la triangulación de llamadas.
Manifestó sin embargo que esa documentación no está siendo adjuntada al cuaderno de investigaciones, lo cual también es llamativo para el gobierno que ahora también investiga las actuaciones del juez de control jurisdiccional que no estaría actuando bajo el principio constitucional de celeridad.
Hace pocos días el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, identificó a los fiscales encargados del caso Fernando Atanasio e Ingrid Feraudi, como los que supuestamente buscan dejar a los responsables en la impunidad.
Núñez cuestionó de qué privilegios gozan Juan Ramón Quintana, Carlos Romero, la exministra de Culturas, Wilma Alanoca, involucrada en la fabricación de bombas molotov, y otros exministros, como Héctor Arce, Javier Zavaleta o el exdirector de Agetic, Nicolás Laguna, quienes actualmente se encuentra asilados en la residencia de México en La Paz.
El informe de auditoría fue realizado por la Organización de Estados Americanos (OEA), evidenciando graves irregularidades en el proceso electoral de octubre de 2019. Ese informe fue respaldado por la Unión Europea. Sin embargo para los fiscales no tendría un valor legal, sino referencial.
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