El presidente de la Cámara de Diputados dijo que ningún proyecto de ley que esté observado será tratado en el Legislativo sin que exista un proceso de socialización. Ya hubo una reunión con organizaciones de periodistas y de trabajadores de la prensa.
Al menos 10 organizaciones que agrupan a gremialistas, cívicos, transportistas, docentes universitarios, médicos, plataformas y jubilados del país protagonizarán una marcha nacional de protesta para rechazar los proyectos de ley 280 y 304. La medida se desarrollará mañana en las ciudades capitales sobre la base de un acuerdo de unidad firmado hace una semana entre esas instituciones.
Además, este movimiento exigirá que la Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo sea administrada por profesionales que no tengan relación con el MAS. La entidad estatal administrará, a partir de mayo, los recursos que miles de bolivianos aportaron a las AFP que eran privadas.
“Hemos hecho una alianza denominada ‘unidad en la diversidad’ y hemos sacado una resolución que establece el rechazo total al paquetazo de leyes que quiere aprobar el MAS. Estas leyes apuntan a sostener un régimen totalitario, siguiendo el libreto del socialismo del Siglo XXI”, informó la activista Pamela Flores de la plataforma Hijos de la Patria, que es parte del acuerdo nacional
Explicó que el sábado hubo un congreso nacional en Santa Cruz, en el que participaron representantes de plataformas, además de dirigentes de los sectores gremial y transporte. Flores anunció que también respaldarán a los activistas y a los movimientos de resistencia que comenzaron a movilizarse desde la pasada semana en contra del “paquetazo” de leyes.
Organizaciones vecinales de la zona donde está el monumento de la Madre India ayer también salieron a protestar. Los activistas también reclamaron por la malla curricular y cuestionaron al sistema judicial, cuya credibilidad e independencia han sido cuestionadas, incluso, por organizaciones de derechos humanos y una depuración del padrón electoral.
“Hay que dar un ejemplo de unidad, incluso a los opositores que no han podido dar respuesta a estos temas coyunturales. El martes vamos a hacer una gran marcha en cada uno de los departamentos. Desde el MAS y el Gobierno quieren anular a nuevos liderazgos que están saliendo a defender la patria”, afirmó Flores, quien aclaró que este no es un momento de campaña electoral para proyectar candidatos con miras a las elecciones de 2025.
El primer proyecto observado, y que cobró notoriedad pública, fue presentado por el Ministerio de Justicia con el propósito de “fortalecer la lucha contra la legitimación de Ganancias Ilícitas”. El proyecto 280 tiene dos artículos que endurecen los castigos con hasta 25 años de prisión para delitos de “terrorismo”, un tipo penal calificado de “ambiguo” por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y entidades especializadas de la ONU.
El abogado constitucionalista Carlos Börth recordó que esta norma proviene de un compromiso internacional que promovió el Grupo de Acción Financiera (GAFI), una entidad alentada por Estados Unidos para detectar la financiación de actividades terroristas. La iniciativa cobró mayor fuerza después de los atentados a las Torres Gemelas en 2001.
Ahora bien, la propuesta 280 establece penas para aquellos que incurran en acciones contra un gobierno democráticamente electo. De hecho, establece modificaciones al Código Penal.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó, anteriormente, que el alcance de la normativa prevé regular el alcance del delito de terrorismo, según las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Lima insistió, en varias ocasiones, que se apunta a delitos de corrupción como el que pudo haber cometido el gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, al comprar las 41 ambulancias.
Por este delito de terrorismo también está detenido el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, aunque la Fiscalía aún no presentó avances que prueben estos cargos. El plazo vence a fin de mes y este proceso está relacionado a la crisis política de 2019.
Hay más. El segundo proyecto de ley cuestionado tiene que ver con el “cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos”. La propuesta establece sanciones contra periodistas en su artículo 281 por “delitos discriminatorio o racial”.
Está codificado con el número 305 y las organizaciones del gremio se reunieron con Lima y legisladores de la oposición, pero el documento está intacto, aunque congelado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
El presidente del Colegio Médico, Luis Larrea, recordó ayer que el proyecto de ley 304, planteado por un legislador del MAS para penalizar mensajes emitidos por redes sociales, fue retirado tras conocerse la alianza multisectorial que se produjo la pasada semana.
“Se ha decido hacer una marcha para el día marcha a nivel nacional y, para eso, todos los sectores de esta alianza se han comprometido a participar. Hay cosas que no se han hecho bien y eso lo sabe el MAS. Lo único que queremos es que el presidente Luis Arce nos escuche. Será una marcha pacífica; nadie es desestabilizador. Lastimosamente, hay infiltrados y seguramente los habrá el martes, por eso este mensaje va también a la Policía”, precisó Luis Larrea.
El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, ratificó que las normas observadas serán socializadas antes de que sean tratadas en el Legislativo.
En cuanto a la Gestora, el dirigente afirmó que se pedirá que el gerente de la identidad sea elegida a través de un concurso de méritos y no por efecto “del dedazo político”, esto tomando en cuenta que estará a cargo del ahorro para la jubilación de cerca de dos millones de ciudadanos bolivianos.
El presidente de la Gestora, Jaime Durán, en una entrevista con El Deber, aseguró que se harán inversiones para mejorar la rentabilidad de las pensiones y aseguró que se cuidarán los recursos de los aportes. Consideró que existe temor en la población por este cambio, pero también por efecto de la difusión de noticias falsas. “Por ejemplo, se ha dicho que este proceso sería de confiscación de los aportes, cuando explicamos que están vigentes los patrimonios autónomos y que los aportes están seguros”, dijo.
Fuente: El Deber
