Un juez reconoce vulneración a los derechos de Amparo Carvajal. No decide sobre las oficinas tomadas en junio.
Cuando se cumplen 42 días de la toma de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) y en el segundo día de la vigilia desde un terraza, el juez Javier Peñaranda concedió una acción de libertad en favor de la activista Amparo Carvajal contra Édgar Salazar, considerando que el dirigente paralelo vulneró los derechos de la octogenaria, aunque no tomó postura sobre el “avasallamiento” de las oficinas.
“Al haber encontrado convicción y al haber establecido que son ciertos y evidentes los argumentos del accionante en relación a la violencia psicológica y amenazas ejercidas por el indicado ciudadano, se dispone que Édgar Salazar Limachi se inhiba de realizar estos actos de amedrentamiento evocados por el accionante y se prohíbe continuar con este tipo de actos de hostigamiento y amedrentamiento en contra de la indicada ciudadana (Carvajal)”, señaló la autoridad jurisdiccional.
Por otro lado, el magistrado indicó que no está entre sus competencias definir el ingreso al inmueble de la Av. 6 de Agosto, de la capital paceña, donde funciona la Apdhb, que fue tomada hace aproximadamente mes y medio por la organización paralela, liderada por Salazar. Manifestó que existen otros mecanismos legales para ver el tema del avasallamiento, que aduce Carvajal.
La presidenta de la Apdhb mantiene una vigilia en la terraza del inmueble en conflicto, donde ingresó subiendo una escalera, desde el exterior del edificio. Pasó la noche del martes y miércoles en el lugar.
Denunció que tuvo una mala noche: “Muy mal porque (el otro grupo) sacó los altavoces de la Asamblea insultándome. Sus insultos son de un nivel bajísimo, pero lo que más duele es la mentira (porque dicen) que les habría cortado el agua y que soy una asesina”.
El juez señaló que un médico de confianza y un psicólogo pueden ingresar a prestar atención requerida por Carvajal, considerando que se trata de una adulta mayor. Recordó que la Policía ya ha sido instruida, con anterioridad, para garantizar la salud y la vida de Carvajal.
Indicó, además, que Salazar no puede prohibir el uso de servicios, como el baño, a Carvajal. Dejó en claro que cualquier conflicto que exista entre ellos, deben resolverlo y que él, como autoridad, no puede hacerlo.
Similar fue la postura de Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana, quien sostuvo que las autoridades no pueden intervenir en el conflicto de la Apdhb porque es de “índole privado”. El viceministro negó que el Gobierno nacional esté vinculado con el conflicto.
Entretanto, a través de sus redes sociales, el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, hizo un llamado a organismos internacionales que velan por los derechos humanos a que defiendan y protejan a Amparo Carvajal.
La alianza Creemos también lanzó una campaña de apoyo para Carvajal ante los organismos internacionales. La brigada cruceña puso a disposición una carta modelo que debe ser enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciando los “abusos”.
Fuente: El Deber
