Mientras el Ministerio Público informó ayer que amplió las investigaciones sobre los sucesos de Sacaba a dos jefes policiales y dos exministros del gobierno de Jeanine Áñez, las Fuerzas Armadas se declararon desconcertadas por la aprehensión, en este mismo caso, del comandante de la guarnición militar de Cochabamba, general de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) Alfredo Cuéllar.
El pronunciamiento de la institución castrense fue difundido en una conferencia de prensa con presencia de todos los miembros del Alto Mando de las Fuerzas Armadas, bajo el mando del comandante en jefe, general Alberto Zabala Saldía.
“Lo sucedido ayer, para las Fuerzas Armadas, fue desconcertante. Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común, que es de todos los bolivianos, enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, afirmó el jefe militar.
Lo hizo luego de recordar que las FFAA “son apolíticas”, que no deliberan y que se limitan a ser ejecutoras de las concepciones y decisiones tomadas “en los más altos niveles políticos”.
“Las Fuerzas Armadas no actuamos de forma arbitraria, cumplimos acciones de mando dispuestas por el capitán general. Estamos seguros que las acciones de los mandos militares se enmarcaron en las leyes, decretos supremos y reglamentos en actual vigencia”, afirmó.
El caso Sacaba se refiere a la muerte de 10 personas en esa localidad, el 15 de noviembre de 2019, donde efectivos de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas intervinieron para evitar que un grupo de cocaleros del Chapare ingrese hasta el centro de Cochabamba, donde se encontraban grupos contrarios a esta movilización.
El pronunciamiento de las FFAA se conoció alrededor de las 17:00 de ayer, horas después de que la Fiscalía hiciera saber que decidió ampliar la investigación en este caso a dos jefes de la Policía, a quienes no identificó, además de los exministros de Gobierno Arturo Murillo y de Defensa Fernando López.
“Dentro de este caso, hay cinco personas más que fueron citadas a declarar, entre ellas efectivos policiales y militares. La comisión de fiscales que está encargada del proceso va a analizar si concurren los riesgos procesales y, conforme a ello, se emitirá las resoluciones que correspondan. Estamos iniciando la fase preparatoria y no se descarta que se convoquen a más testigos u otras personas relacionadas con la comisión del hecho”, anunció en la mañana el fiscal departamental de Cochabamba, Eduardo Terrazas Chacón.
Dijo, además, que se sigue el proceso contra Cuéllar por asesinato y tentativa de asesinato, extremo que el general rechazó en sus declaraciones informativas ante la Fiscalía, al argumentar que en noviembre de 2019 fue el quinto hombre en la cadena de mando y que cumplía una labor administrativa y no operativa.
Antes del pronunciamiento de las FFAA, Édgar Morales, suboficial de la Fuerza Aérea del sector pasivo, informó que la aprehensión de Cuéllar desató preocupación dentro de esa institución, debido a que se trata de un militar activo que en 2019 sólo cumplió órdenes y a quien además le corresponde, en primera instancia, rendir cuentas en la justicia militar.
“Lo detuvieron con uniforme, cuando está activo y en su trabajo. Y, de acuerdo a las normas militares, el uniforme es sagrado para nosotros y nadie puede ultrajarlo. Es más, ultrajar el uniforme tiene un castigo dentro de las FFAA. El uniforme militar no representa a la persona, representa al país y eso es lo que lo que ha generado molestia en las FFAA”, afirmó, para luego expresar su extrañeza porque el Alto Mando no haya reaccionado de inmediato ante este exceso.
El exmilitar y abogado Jorge Santiesteban opinó que la forma en que actuó el Ministerio Público es “anormal”, debido a la rapidez en que fue aprehendido Cuéllar, tomando en cuenta que encima de la cadena de mando se encuentran el presidente, el ministro de Defensa, el comandante en jefe y los comandantes de fuerza. “La justicia arremete contra el eslabón más débil”, concluyó.
Debido a las acciones del Ministerio Público, las esposas de los policías se declararon en emergencia y comenzaron a coordinar acciones para movilizarse en caso de que miembros de esa institución sean procesados por los hechos de noviembre de 2019.
“Como representantes a nivel nacional estamos en emergencia. Ya hablamos todas las representantes a nivel nacional de que si va a haber algún atropello contra los coroneles o nuestros esposos policías, vamos a reaccionar (…) Cualquier cosa que les pase a nuestros esposos, estamos dispuestos a hacer esa movilización”, anunció a radio Fides María Angélica Churata, dirigente de las esposas de los policías en Potosí.
Mediante un comunicado público, el Alto Mando de las Fuerzas Armadas hizo saber ayer que en noviembre de 2019 los militares salieron a las calles en respaldo a las fuerzas policiales, que habían sido rebasadas y para evitar un enfrentamiento entre bolivianos con distintas ideologías.
El pronunciamiento fue expresado poco después que comenzaron en el país las investigaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para establecer lo que ocurrió en Bolivia durante los hechos de violencia registrados entre el 1 de septiembre y 31 de diciembre de 2019.
“Estamos seguros que las acciones de los mandos militares se enmarcaron en las leyes, decretos supremos y reglamentos en actual vigencia. Ejecutaron operaciones de apoyo a las fuerzas policiales que fueron rebasadas, evitando así la confrontación y el derramamiento de sangre entre hermanos bolivianos con ideologías divergentes”, señala el comunicado, leído en una conferencia de prensa por el comandante en jefe, general Alberto Zabala Saldía.
Anunció que las Fuerzas Armadas esperarán los resultados de la investigación iniciada por los enviados internacionales y aseguró que los miembros de esta institución actuaron en esas fechas cumpliendo las leyes y respetando los derechos humanos.
“Cuando los conflictos son inminentes, invocamos a Dios y llamamos al soldado, cuando el conflicto pasa, olvidamos a Dios y juzgamos al soldado”, señaló.
La comisión internacional ya se reunió con tres miembros del gabinete de ministros, la Defensoría del Pueblo y las víctimas civiles de la zona Sur de La Paz y de Senkata, en El Alto.
Página Siete
