El presidente Luis Arce presentó el anteproyecto de Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha contra la Corrupción y lo envió a la ALP para su análisis.
El presidente Luis Arce presentó la mañana de este lunes un anteproyecto de ley de lucha y prevención de la corrupción que apunta a que empresas que trabajen con el Estado renuncien de forma voluntaria al secreto bancario.
“Se propone incorporar la obligatoriedad del registro de operaciones financieras que deriven de procesos de contratación con el Estado. La cuenta bancaria de cada uno de estos procesos será objeto de verificación de operaciones por parte del Viceministerio de Transparencia”, sostuvo el ministro Iván Lima, en el acto de presentación en la Casa Grande del Pueblo.
La autoridad agregó que a través de este mecanismo, “las empresas que cumplan con las reglas de transparencia pasarán a formar parte de una lista de integridad empresarial”.
En cambio, agregó el ministro de Justicia, las empresas que no quieran suscribir las cláusulas Anticorrupción “podrán ser consideradas claramente como empresas que no están comprometidas con este claro, esfuerzo y compromiso por la transparencia”.
la viceministra de Transparencia, Julia Susana Ríos, agregó que todas las empresas que busquen constituirse en proveedoras del Estado tienen la oportunidad histórica de poder transparentar su información de manera voluntaria.
“Las empresas van a poder demostrar que están siendo absolutamente transparentes, pero además esta renuncia voluntaria al secreto bancario, dentro de ciertos parámetros y esas limitaciones, se constituye en un elemento positivo para la imagen empresarial”, dijo Ríos.
Por su parte, el presidente Luis Arce explicó que actualmente las empresas entregan una cuenta en la cual deberán ser depositados los recursos destinados a la construcción de obras, pero lo que se busca con el anteproyecto es que las cuentas de estas obras sean exclusivas y estén abiertas al escrutinio estatal.
“Cuando nosotros, como Estado, se firme un contrato con una empresa privada, se solicitará que abran una cuenta en donde se depositará el 100% de los recursos que el Estado se compromete al ejecutarse la obra y por lo tanto, en esa cuenta se determinará los gastos que realicen las empresas privadas en la consecución de la obra señalada en el contrato respectivo. Siempre en el marco constitucional, esto se solicitará de manera voluntaria a las empresas privadas de que puedan prescindir del secreto bancario para que la cuenta, que va a recibir recursos de los bolivianos, ahí, tiene que hacerse seguimiento a esos pagos, sin perjudicar la inversión ni la gestión que realizan estas empresas”, expresó el mandatario.
Arce agregó que al ser una medida voluntaria habrá algunos que de seguro “no quieran dejar de cobijarse bajo el secreto bancario y respetaremos”, porque la normativa vigente le asegura esa confidencialidad, por lo que el Estado tiene la obligación de publicar quiénes sí lo han hecho y cuáles empresas no lo hicieron, esto “en el entendido de que son recursos del sector público, y que estas cuentas son transparentes, tendrán la posibilidad de mostrarse así, ante la sociedad”.
De acuerdo con el ministro Lima, además de esta medida, la Ley también propone la digitalización e interoperabilidad de los sistemas de control del Estado, así como el establecimiento de clausulas anticorrupción en los contratos firmados con empresas privadas, la modificación del código penal para endurecer las penas por entregar información errónea en las declaraciones juradas y el establecimiento de la prohibición para ejercer cargos estatales para las personas halladas culpables de haber cometido hechos de corrupción.
Durante la presentación del anteproyecto, tanto el presidente Arce, como el ministro Lima y la viceministra Ríos hicieron hincapié en que la norma, en su esencia, no busca sólo castigar la corrupción, sino prevenirla a través de mecanismos de control y de la interoperabilidad de los diferentes sistemas digitales ya instalados en el Estado.
Fuente: Página Siete
