El Gobierno junto a representaciones técnicas de los gobiernos municipales de varias regiones del país participaron ayer en la reunión que se realizó en instalaciones de la estatal petrolera YPFB, de Santa Cruz de la Sierra.
La segunda reunión técnica del censo celebrada ayer en Santa Cruz terminó igual que la cita del 15 de agosto, pues el Gobierno decidió mantener la fecha de la encuesta para 2024. Eso sí, esta vez, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reveló el cronograma completo del operativo que movilizará a más de 300.000 personas.
La directora de censos del INE, Martha Oviedo, explicó —en este escenario— los avances del proceso y reveló los plazos para la entrega final de los nuevos datos oficiales de población. La publicación de esta información será en dos etapas, la primera con los datos nacionales y por departamento, en agosto de 2025 y la siguiente hasta finales de 2026, cuando se hagan públicos “los estudios temáticos especializados”.Para entonces, Bolivia ya habrá renovado, a través del voto, el poder político.
“(Los datos) los vamos a dar por población, y por municipio a los 12 meses después del censo. Esa es la información inicial. Posteriormente, se hacen muchos estudios por temas, por ejemplo, de fecundidad, mortalidad; pobreza, jóvenes, niños, personas de la tercera edad. Toda esa información se la va a seguir procesando y seguramente trabajaremos con las universidades, para que puedan realizar el estudio de los resultados y para eso nos hemos dado hasta 16 meses después del censo para poder tener los resultados”, precisó Oviedo al mostrar la representación gráfica del calendario a autoridades y técnicos que participaron de la reunión de ayer.
La especialista presentó así “las grandes actividades” del censo sobre la base del Decreto 4760, la normativa que proyecta la gran encuesta para un día, aún no definido de mayo y junio de 2024. La fecha es rechazada por la institucionalidad cruceña que ve el riesgo de “politización electoral” con este calendario.
De los resultados del censo depende el pacto fiscal, la herramienta de la Ley de Autonomías que se emplea para la distribución de recursos a los departamentos en función de la cantidad de pobladores de cada región.
El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, señaló que “ya se estableció un pacto fiscal”, pero precisó que con la actualización de los datos demográficos “se aplicarán nuevos factores de redistribución” de los recursos que provienen de la coparticipación tributaria. Esto en función de la cantidad de habitantes que tenga cada uno de los 348 municipios.
Santa Cruz es uno de los departamentos que más ha crecido. Se proyecta, según el INE, que la región tendrá 3,5 millones de personas hasta fines de este año, un tercio de la población total que habitará en Bolivia. Es por eso que los gobiernos municipales demandan los datos del censo para tener una mayor cantidad de recursos para favorecer a la población del país y realizar una planificación de políticas basada en información actualizada.
Cusicanqui reconoció, en un contacto con EL DEBER-Streaming, que existen estas consecuencias del censo, pero que en este tiempo el Gobierno “está solamente enfocado en INE y, en ese marco, en dar resultados de calidad que no sean observados por ninguna región del país.
En la reunión de ayer participaron representantes de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) y de Amdecruz, además del alcalde Jhonny Fernández. También estuvo Daniel Allende, un especialista del Fondo de Naciones Unidas de Población (Unfpa) y de manera virtual Carolina Cavada del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), una unidad especializada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
“A pesar del avance tecnológico de los últimos años, el procesamiento de datos del empadronamiento suele estar dentro del rango de los 12 meses, ya que las preguntas de censos anteriores eran más simples que las de ahora”, apuntó Allende respecto al tiempo de entrega de los datos.
Pero la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) planteó una propuesta para acortar los plazos de manera que el censo se haga en 2023, una fecha que permitirá actualizar el pacto fiscal. Lo hizo ante la necesidad de contar con información actual de población. Además, “existe una preocupación real por el crecimiento de los estudiantes que, cada año, buscan un espacio en las universidades públicas del país”, apuntó el rector de la institución académica, Vicente Cuéllar.
Pero la propuesta de la Universidad fue calificada públicamente “incompleta” por el Gobierno. Pero luego se convocó a la reunión para que el plan sea explicado “técnicamente”. La Uagrm y el resto de los representantes del Comité Interinstitucional declinaron participar en la mesa técnica de ayer por “el mandato” del cabildo que se celebró el 30 de septiembre para exigir el censo en 2023. Reconocida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), esa asamblea dio un plazo hasta el 21 de octubre para que reprogramar la encuesta hasta el año. Si eso no pasa, la región irá a un paro indefinido.
Cuéllar recordó que pidió información del INE desde febrero de este año, antes de que se cree el Comité del Censo. Entonces, el Instituto aseguraba que el censo se iba a realizar en noviembre de este año, tal como fue establecido en el decreto 4546 que lo declaró “de prioridad nacional”. La norma fue sustituida por el Decreto 4760 que marcó la encuesta para 2024.
Los datos del censo también servirán para la reasignación de escaños en el Legislativo, sobre la base de la cantidad de pobladores que existen en cada región. Santa Cruz espera incrementar tres legisladores más. Cusicanqui señaló que también existe esa consecuencia, pero insistió en el objetivo de tener un operativo “de calidad”. También consideró que el Decreto 4760 “no debería ser un óbice” para dialogar con las todas las autoridades de Santa Cruz.
El alcalde Fernández, quien sí estuvo en el diálogo de ayer, anunció sus observaciones al calendario. Primero remitió 11 preguntas al INE. Una de ellas cuestiona al INE por los plazos extendidos y por el tiempo de “27 meses” para procesar los datos finales del censo. Ayer volvió a pedir explicaciones por los plazos extendidos.
El censo se postergó el 13 de julio. Hasta entonces el INE y el propio Cusicanqui confirmaron el censo para noviembre de este año. El ministro anunció, cuando fue interpelado a fines de junio en el Legislativo, que la actualización cartográfica estaría lista a fines de agosto. Ayer, Oviedo ratificó los avances de ese proceso que, a escala nacional, están por el 30% y reveló que todo el proceso iba a consumir 15 meses.
La Ruta del Censo, una organización que reúne a expertos de todo el país y representantes de los municipios, mantuvo una coordinación cercana hasta julio con el INE. “Cuando se dieron cuenta que no habían avanzado, decidieron postergarlo. Allí entró un criterio más político. Postergaron hasta un punto en el que, eventualmente, no se tengan datos para hacer los recálculos en materia fiscal y electoral. Deberían sincerarse”, afirmó Mario Galindo, director de la entidad.
Fuente: El Deber
