Desde 2017, cuando se puso en vigencia la Ley 906, la cantidad de cocales no pudo ajustarse a los límites legales de las 22.000 hectáreas. Incluso, la cifra que presentó Del Castillo, está fuera de esa normativa.
El ritmo de crecimiento de los cultivos de coca cayó de 15% al 4%, entre 2020 y 2021, según un informe presentado ayer por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). De este modo, la cantidad del área cultivada pasó, en este periodo, de 29.400 a 30.500 hectáreas y marcó una tendencia que no se veía desde 2010, cuando los cocales sumaron 31.000 hectáreas. El Gobierno discrepó por primera vez con el informe y presentó otros datos.
Eso sí, la última medición presentada ayer muestra que 8.500 hectáreas de coca están al margen de la Ley 906 que admite hasta 22.000 hectáreas. Esta norma está vigente desde 2017, pero desde entonces ninguno de los registros estuvo enmarcado a la normativa.
“Malas noticias, desde 2019 la superficie de cultivos de coca ha estado en aumento y eso no ha cambiado, esa tendencia continúa, lamentablemente, pero, a un ritmo netamente menor, sobre todo teniendo en cuenta el contexto regional y el contexto mundial”, afirmó, ayer ante este escenario, el embajador de la Unión Europea (UE), Michael Dóczy.
La UE financia desde hace 18 años el monitoreo de las plantaciones de coca en Bolivia. “Esperamos que Bolivia cambie esa tendencia y cumpla con los objetivos que se han autoimpuesto en su política nacional. Me gustaría recordar esa cifra máxima de 22.000 hectáreas”, remarcó el embajador.
A finales de 2021, la UE autorizó el desembolso de $us 101 millones hasta 2024 en favor de Bolivia. De ese monto, $us 60 millones son para enfrentar el tráfico de estupefacientes. Estos fondos se canalizan como contraparte de la “responsabilidad compartida” entre consumidores y productores, el principio internacional contra el narcotráfico y delitos conexos.
Pero, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, dijo que, como resultado de “un trabajo de campo” realizado por funcionarios del Viceministerio de Defensa Social, se identificaron 29.200 hectáreas de cocales en el país. Estos datos reflejan una tendencia a la baja de 0,7% entre 2020 y 2021. De todas maneras, el indicador tampoco encaja con el límite legal.
El representante de la Unodc, Troels Vester, presentó ayer el informe que elaboró el organismo internacional y que tiene como base imágenes de satélites especializados en la georreferenciación, además de datos proporcionados por el propio Gobierno. Recordó que esta fue la primera vez, en los 18 anteriores informes presentados por Naciones Unidas, que el Gobierno presenta sus propios datos y diferenciados.
“En 2019 el incremento fue del 10%, en 2020 del 15% y en 2021 del 4%”. Además, en “2020 había 29.400 hectáreas, ahora estamos en 30.500 hectáreas”, precisó Vester en el reporte que llegó con una notoria demora, puesto que estos informes, con datos del año anterior, se presentan normalmente entre julio y agosto de cada año.
Además, fue el primer informe que Vester presentó en su misión. El diplomático llegó este año al país y sus apariciones en público han sido escasas y solo durante reuniones formales con el Gobierno.
En 2013, la UE también financió un estudio para establecer la cantidad de coca que se requiere para satisfacer la demanda legal interna, sea para uso ritual o medicinal, y estableció un indicador máximo de 14.700 hectáreas para ese mercado. Hasta entonces, el límite legal era de 12.000 hectáreas, según la antigua Ley 1008. La norma se reformó y la mayoría del MAS en el Legislativo fijó el límite en las 22.000 hectáreas que está en vigencia desde el año 2017.
Según el informe presentado ayer, los cultivos en Yungas se incrementaron en 2%, lo que implica 454 hectáreas; en el Trópico de Cochabamba, se detectaron 664 hectáreas más (6%); y en el norte de La Paz, donde está prohibido el cultivo, se redujo hasta en 9%.
En el caso del trópico de Cochabamba se puede producir hasta un cato (1.600 metros cuadrados) del arbusto por familia y en Yungas se hace prevalecer el área tradicional.
De acuerdo con los informes de la Unodc, el movimiento de la coca legal en La Paz básicamente se centralizaba en Villa Fátima que concentraba el 92% de las transacciones. En los últimos dos años, se registraron allí tensiones sobre el control del mercado cocalero cuyo mercado principal es Santa Cruz. El resto está Sacaba, donde llega la coca cultivada en el trópico de Cochabamba, el bastión del MAS.
En todo caso, el informe del organismo internacional de este año destaca que la superficie cultivada con coca en el país es “estable y contenida”, tras los ascensos que se han registrado desde 2019.
En cuanto a las áreas protegidas, el informe menciona una reducción del 0,4%. En el Isiboro Sécure se redujo la coca en -19% y -72% en el parque Amboró, pero hubo alzas de 17% en el parque Carrasco (Cochabamba); 42%, 17% y 10% en Cotapata, Apolobamba y Madidi, áreas protegidas en La Paz.
En cuanto a las cifras de erradicación de coca ilegal excedentaria, el monitoreo certifica la eliminación de 9.458 hectáreas lo que representa un incremento de 334% con relación a 2020, el primer año de la pandemia de coronavirus que implicó el confinamiento y la detención de varias actividades.
El presidente Luis Arce inauguró el 10 de marzo la campaña anual para la eliminación de la coca ilegal y la “racionalización” de esos cultivos en áreas donde la Ley 906 de la Coca y el Decreto 3318 no lo permiten. La meta de este año es llegar a superar la erradicación de 9.000 hectáreas de coca ilegal.
Ante este escenario, Troels Vester aconsejó poner en marcha proyectos de desarrollo integral, lograr acuerdos comerciales para la reactivación del área rural, prestar atención a los riesgos que representan las drogas sintéticas y actualizar parámetros “en la metodología de interpretación de la medición de cultivos de coca”.
Fuente: El Deber
