Julio Diego P. J. de 39 años tiene una denuncia penal por ser uno de los beneficiados que cobró un finiquito de Bs 96.000, pese a que sólo trabajó un mes en la estatal.
La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz aprehendió a Julio Diego P. J., de 39 años, quien intentaba tramitar una visa a Estados Unidos con un pasaporte falsificado. El hombre fue detenido en la Embajada de Estados Unidos, retenido por la alerta migratoria por un caso que se investiga en la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), en la que cobró un finiquito de 96.000 bolivianos, pese a haber trabajado un mes. El caso data de febrero de 2020.
“Tras la verificación de la información, se constató que esta persona tenía una alerta migratoria, cuando se aprestaba a hacer un trámite en la embajada norteamericana. Esta alerta migratoria corresponde a un caso que es investigado a denuncia de la empresa estatal Entel y es cuando salta la alerta migratoria”, informó el director de la Felcc de La Paz, coronel Rolando Rojas.
La autoridad policial no dio detalles del porqué Julio Diego P. J. tenía la alerta migratoria, sólo indicó que el caso está en investigación y que luego se dará mayores detalles.
Julio se presentó ayer por la mañana en la Embajada de Estados Unidos ubicada en la ciudad de La Paz, para pedir la visa con un pasaporte que no era de él y había sido modificado.
Cuando el personal de la embajada hace el cruce de información con la unidad de Migración de Bolivia, se constató que el pasaporte estaba a nombre de otra persona, fue cuando el hombre fue remitido a la Felcc para fines investigativos.
En la actualidad, el hombre de 39 años permanece en celdas de la Felcc a la espera de ser remitido al Ministerio Público, para ser procesado por los delitos de falsedad material y uso de instrumento falsificado, que se le atribuyen.
El exfuncionario de la telefónica tiene una denuncia penal por haber sido beneficiado con un finiquito de más de 96.000 bolivianos pese a haber trabajado no más de 30 días en Entel, pago que fue aprobado por el entonces gerente general Elio Montes Chávez, quien fugó hacia Estados Unidos a principios de 2020.
En ese entonces, surgieron varias denuncias contra Montes, una de ellas fue la autorización del pago de finiquitos a 13 exfuncionarios de la empresa, por más de 868.000 bolivianos.
Los empleados fueron designados en diferentes gerencias y cumplieron funciones desde el 6 de diciembre de 2019 hasta el 28 de enero de 2020 y abandonaron la empresa casi al mismo tiempo que Montes, el 7 de febrero de ese año.
Fuente: Página Siete
