Se trata de 26 víctimas que deberán ser indemnizadas por el Estado en el plazo de un año.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reveló este miércoles su sentencia contra Bolivia por ser responsable en la violación de una serie de derechos humanos de 26 personas que fueron implicadas en el caso Blas Valencia, que data de 2001. Las víctimas serán indemnizadas por el Estado por unos 800.000 dólares.
La Corte IDH encontró culpable al Estado boliviano por la violencia policial durante los allanamientos y detenciones de las 26 personas involucradas en el caso. Las víctimas fueron presentadas ante los medios como delincuentes sin antes comparecer ante la justicia, sufrieron actos de tortura sexual, incomunicación prolongada, malas condiciones de detención, sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes y por actos de tortura, reportó ANF.
El 14 de diciembre de 2001, un grupo armado asaltó un vehículo de la transportadora de valores Prosegur y mató a dos policías y un civil para llevarse 385.000 dólares. Las investigaciones determinaron que el clan estaba liderado por el entonces coronel Blas Valencia y otros 16 integrantes, entre los que se encontraban un mayor de la Policía, un exmilitar, exreos, ciudadanos peruanos y algunos miembros de su familia. La justicia dictó sentencia en 2003 y el exuniformado recibió 30 años de cárcel sin derecho a indulto.
En la madrugada del 18 de diciembre de 2001, un operativo policial fuertemente armado allanó con violencia varios inmuebles, algunos sin orden judicial, para supuestamente arrestar a personas sospechosas de estar involucradas en el atraco.
En esos operativos y posterior a ellos, 26 personas, entre hombres, mujeres y menores de edad, fueron torturadas y maltratadas. En este proceso judicial, una persona murió y otra perdió un brazo por no recibir atención médica.
Bolivia tendrá que pagar 786.000 dólares en indemnizaciones para 26 afectados, además de cumplir con otros compromisos como adoptar las medidas necesarias para que se revise la sentencia 12/2003 de 16 de mayo de 2003; continuar y concluir en un plazo razonable las investigaciones y procesos penales correspondientes con el fin de juzgar y, en su caso, sancionar a las personas responsables por los actos de tortura y vejaciones en contra de las víctimas; brindar el tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico que requieran las víctimas; diseñar e implementar las capacitaciones en materia de derechos humanos, así como los protocolos en materia de tratamiento de los niños, niñas y adolescentes que participen en actos de investigación y administración de justicia y de investigación de casos de violencia sexual; crear un mecanismo que permita la reapertura de procesos judiciales, detalla parte de la sentencia replicada por Correo del Sur.
La sentencia fue leída y notificada este miércoles en presencia del procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, y deberá ser cumplida en un plazo de un año.
Fuente: El Deber
