La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que abre un proceso al Estado boliviano por violaciones de los derechos de los pueblos indígenas del TIPNIS cometidas con el propósito de construir la carretera San Ignacio de Moxos-Villa Tunari durante el gobierno de Evo Morales.
La ONG EarthRights Internacional, que se adhirió al proceso el 2014, informó sobre la aprobación del informe de admisibilidad No. 113/20 por la CIDH, que declara aceptada la petición presentada por 64 comunidades indígenas que denunciaron al Estado boliviano por la violación a sus derechos territoriales.
Según detalla el comunicado, se estableció que las acciones del Gobierno boliviano de construir la carretera, Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, cuyo tramo central (tramo II) atraviesa el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS), han generado múltiples violaciones a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado boliviano.
“En este caso, el Estado tomó decisiones y acciones legislativas y administrativas sin consultar ni obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, y tomó medidas de fuerza y represión contra la VIII marcha Indígena, en la localidad de Chaparina en el 2011. Estas acciones, junto a otras posteriores, constituyen un proceso sistemático y agresivo a los derechos de los pueblos indígenas de Bolivia”, indica el documento.
Con la aprobación de este informe, señala el comunicado, se abre el periodo de debate y sustentación del caso en el que los peticionarios, líderes y las comunidades del TIPNIS, seguirán trabajando para que se reconozca la responsabilidad del Estado durante la gestión de Morales por los hechos denunciados, “así como para hacer cumplir el derecho de los pueblos indígenas a producir, reproducir y desarrollar su vida en comunidad, de acuerdo con su cosmovisión y su proyecto de vida”.
Adolfo Moye, ex presidente del TIPNIS y quien, durante su gestión en el año 2009 había logrado consolidar el título de propiedad de este territorio, como Tierra Comunitaria de Origen (TCO), en favor de los pueblos Mojeño Trinitario, Yuracaré y Chimán, expresó su conformidad con la determinación de la CIDH.
“El TIPNIS unificó a gran parte de Bolivia en la VIII Marcha Indígena, la que se gestó a lo largo de cuatro años de resistencia a continuos avasallamientos no sólo al TIPNIS sino a otros territorios. La Resolución de aceptabilidad del caso en la CIDH significa una esperanza de justicia y respeto de los derechos de todas las familias de las comunidades indígenas, en particular del TIPNIS”, indica el comunicado.
El 25 de septiembre de 2011, tropas de la Policía ingresaron con gases lacrimógenos al campamento de los indígenas, en Chaparina, y detuvieron a hombres y mujeres, con sus niños. Varios de los marchistas fueron golpeados, maniatados y amordazados con cintas de embalaje.
El 8 de mayo de 2012, un grupo de líderes indígenas, junto al Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade), pusieron en conocimiento de CIDH sobre las violaciones cometidas.
El 30 de julio de 2014, ante la inminencia de la construcción de la carretera y por el aumento de las violaciones de derechos humanos, que se vio reflejado en el incremento de afectaciones, daños colectivos, y daños a la integridad física y personal de los miembros de las comunidades indígenas del TIPNIS, la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), y EarthRights International, se adhirieron a la petición y presentaron información que daba cuenta de la gravedad de la situación, destaca el documento.
Pagina Siete.
