La expresidenta, dos exministros y dos exviceministros fueron encarcelados. Cinco exministros, dos excomandantes de las FFAA y un excomandante de la Policía son buscados por la justicia.
Tras la asunción de Luis Arce Catacora a la Presidencia y con la consigna del supuesto “golpe de Estado”, el Movimiento Al Socialismo (MAS) hizo activar al menos 60 procesos en contra de exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Añez y otros, un promedio de ocho denuncias por mes de noviembre de 2020 hasta la fecha.
Los procesos, la mayoría en la vía penal, van desde hechos graves como las muertes registradas en noviembre de 2019 hasta compras irregulares. El MAS dice que busca justicia; en cambio, la oposición considera una persecución política para imponer la narrativa del “golpe de Estado”.
El supuesto “golpe”
El caso se inició con la denuncia de Lidia Patty, exdiputada del MAS, quien acusó a Luis Fernando Camacho, excívico y gobernador de Santa Cruz; a su padre José Luis; a Williams Kaliman, excomandante de las Fuerzas Armadas (FFAA); y a Yuri Calderón, excomandante de la Policía, por los presuntos delitos de terrorismo, sedición y conspiración contra el gobierno de Evo Morales en 2019. Luego se amplió delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, incumplimiento de deberes, anticipación y prolongación de funciones.
Camacho y su padre no comparecieron aún por este caso, tampoco declararon las víctimas, Evo Morales y Álvaro García Linera.
El Ministerio Público amplió la investigación e hizo encarcelar a Añez en el penal de Miraflores y a los exministros de Justicia y Energías, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, en la cárcel de San Pedro.
También fueron detenidos Flavio Gustavo Arce, exjefe de Estado Mayor de las FFAA, y Jorge Pastor Mendieta, excomandante del Ejército, ambos en San Pedro; Palmiro Gonzalo Jarjuri, excomandante de la Armada, en Patacamaya; Jorge Gonzalo Terceros, excomandante de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en Palmasola, Santa Cruz. Todos sindicados por participar en la conferencia de prensa que dio Kaliman en 2019, en la que sugirió la renuncia de Morales.
Yerko Núñez, exministro de la Presidencia; Arturo Murillo exministro de Gobierno; Luis Fernando López, exministro de Defensa; Jorge Elmer Fernández, exinspector de las FFAA; y Williams Kaliman y Yuri Calderón son buscados con órdenes de aprehensión.
En su denuncia, Patty dijo que el “golpe” se habría gestado el 21 de octubre de 2019 con las protestas por el tema del fraude electoral; en cambio, el Gobierno hace referencia que el supuesto “golpe” se concretó el 10, 11 y 12 de noviembre de ese año.
Siguiendo esa línea, el Ministerio Público dividió la investigación en dos etapas: 1) “Actos conspirativos, sediciosos y terroristas, preparatorios a la renuncia de Evo Morales” y 2) “la ruptura constitucional y la ascensión presuntamente ilegal de Añez a la presidencia”, según documentos a los que accedió Página Siete.
Senkata y Sacaba en 2019
Por el caso Senkata, la Fiscalía hizo encarcelar al general en retiro y exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Luis Fernando Valverde, en el penal de El Abra (Cochabamba); al excomandante de la División Mecanizada del Ejército, Franko Suárez Gonzales; y al coronel del Ejército Julio César Tamayo, en San Pedro de La Paz, investigados por homicidio y lesiones graves y leves.
Por Sacaba, el excomandante del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército, Alberto Cuéllar, y el excomandante de la Policía de Cochabamba, Jaime Zurita, fueron procesados y cumplen con medidas sustitutivas.
En ambos casos, también son investigados los exministros Murillo y López, además de Sergio Orellana, excomandante de las FFAA, sobre quienes pesan órdenes de aprehensión.
En pasados días, David Inca, activista de Derechos Humanos de El Alto, cuestionó que se dé más celeridad a un caso político como el “golpe de Estado” que a los casos Senkata y Sacaba.
“Tenemos un proceso de un año y siete meses y no avanza. Aquí lo político-partidario se está sobreponiendo al tema de justicia. La asociación de víctimas de la masacre de Senkata apareció dividida en dos, hay un grupo que está al lado del MAS y el otro grupo que ha quedado discriminado”, afirmó Inca.
Las denuncias fueron planteadas por parlamentarios del MAS en la gestión de Añez, pero fue en el gobierno de Arce en la que se dio mayor impulso a estos procesos.
Murillo y López son los principales imputados por la compra con sobreprecio de material no letal para la Policía. El caso tomó mayor relevancia cuando el exministro de Gobierno, su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, y tres ciudadanos estadounidenses fueron detenidos en Estados Unidos (EEUU) por soborno y lavado de dinero en el proceso de compra de los agentes químicos, ya que dos de los detenidos eran dueños de la empresa intermediaria que hizo dicha compra.
El Ministerio de Gobierno denunció que Murillo pretendía sacar el dinero del sobreprecio a sus cuentas en EEUU, a través de retiros, transferencias y depósitos irregulares realizados por dos oficiales de la Policía, su excuñado y un abogado, motivo por el cual éstos fueron detenidos en una nueva investigación por legitimación de ganancias ilícitas.
Otros tres exfuncionarios del Ministerio de Defensa también fueron detenidos por el caso gases lacrimógenos, que involucra a al menos 20 personas. La Fiscalía realiza el trámite de extradición de Murillo y también de López, quien estaría en Brasil.
En el caso respiradores chinos, Eidy Roca, exministra de Salud, fue imputada y se dispuso que cumpla la detención domiciliaria por la adquisición irregular de esos ventiladores. Este caso como el de los respiradores españoles, abiertos en la anterior gestión, también involucra a otras exautoridades y exfuncionarios, entre ellos Marcelo Navajas, exministro de Salud; Mohammed Mostajo, exembajador de Ciencia y Tecnología; y Wilson Santamaría, exviceministro de Seguridad Ciudadana.
Otros procesos
Marcel Rivas, exdirector de Migración, fue detenido en la cárcel de San Pedro por dos casos, uno porque habría ayudado a escapar a Murillo y López, y otro por emisión ilegal de alertas migratorias.
Mauricio Fernández, exdirector del Segip, es investigado por presunta vulneración de la privacidad de 592 personas al remitir sus tarjetas prontuario al exviceministro de Transparencia, Guido Melgar, quien fue detenido en San Pedro por ese hecho.
La Fiscalía también hizo encarcelar en San Pedro a Carlos Schlink, exviceministro de Tesoro, por la tramitación del crédito ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Otros investigados, María Elva Pinckert, exministra de Media Ambiente, pidió asilo político a Brasil por considerarse perseguida política con dos procesos; Iván Arias, exministro y alcalde de La Paz, también enfrenta varios procesos, por un caso le dieron medidas sustitutivas; Víctor Hugo Cárdenas, exministro de Educación, fue involucrado dentro de una investigación que se sigue a su hijo por uso indebido de bienes del Estado.
Wilfredo Rojo, Óscar Ortiz y Adhemar Guzmán, exministros, son investigados por presuntas irregularidades en Emapa y otras empresas públicas, en la que también fue involucrada la expresidenta Añez y exfuncionarios jerárquicos.
José Abel Martínez, exministro de Desarrollo Productivo, y tres exfuncionarios son investigados por cargos fantasma en el Sedem.
En el caso de Víctor Hugo Zamora, exministro de Hidrocarburos, es buscado por la justicia para que enfrente dos procesos por irregularidades en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). También son buscados Javier Issa, exviceministro de Régimen Interior; Iván Rojas, exdirector de la Felcc, por el robo de la libreta militar de Evo Morales; además, el exjefe policial enfrenta procesos por legitimación de ganancias ilícitas y sembrar pruebas.
A ello se suman las cuatro proposiciones acusatorias para juicio de responsabilidades contra Añez y sus exministros por casos FMI, Fundempresa, vulneración de derechos en la cuarentena y Senkata-Sacaba, que deben ser aprobadas por dos tercios de la Asamblea Legislativa.
Jerjes Justiniano, exministro de la Presidencia, hizo un análisis de la consigna del “golpe de Estado”, y dijo que si es que hubo “golpe” en 2019, por qué no resistieron los militares que hoy componen el Alto Mando; o los dos tercios del MAS de ese momento no lo hicieron, porque reconocieron a Añez y dictaron una norma de prórroga de mandato.
“Por lo tanto, no hubo golpe de Estado, lo que existió fue una serie de renuncias y sucesión constitucional”, señaló.
Suman denuncias contra la oposición
- Activistas Melisa Ibarra enfrenta procesos en la gestión actual y tendría participación, al igual que Édgar Villegas, en el caso “golpe”, según Lidia Patty. El líder de la Resistencia Juvenil Cochala, Yassir Molina, fue detenido preventivamente y enfrenta dos causas a denuncias de la Fiscalía y de exdiputadas del MAS.
- Policías Más de 20 policías fueron sometidos a proceso disciplinario por el motín de 2019, a denuncia del Viceministerio de Descolonización.
- Cocaleros El Ministerio Público activó una investigación contra Franclin Gutiérrez y Armin Lluta, dirigentes de Adepcoca, por presunta desobediencia a un amparo que reconoce a Elena Flores como dirigente del sector.
- Políticos Se reactivaron los procesos contra Rafael Quispe y Mafred Reyes Villa, durante la campaña para las elecciones subnacionales en 2021. La exdiputada Lidia Patty denunció que también tendrían participación en el “golpe” Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga y Marco Pumari.
- Extorsionador En diciembre, el testigo clave de la Fiscalía fue el asesor de Patty, en la denuncia por el supuesto “golpe de Estado”. Fue Antonio de la Fuente, persona denunciada varias veces por extorsión y estafa por autoridades del MAS.
Fuente: Pagina Siete
