La información se compartirá para la implementación de un “nuevo modelo de gestión y sistema único de gestión de servicios y registros de derechos Reales”.
A través de un convenio interinstitucional, el Consejo de la Magistratura hará entrega de una copia íntegra de la base de datos de Derechos Reales a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agectic), del Ministerio de Justicia. Está información fue difundida por el rector de la Universidad Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar.
La adenda fue suscrita el 29 de diciembre del año pasado, que complementa el convenio de cooperación entre estas dos instituciones firmada el 4 de marzo de 2022.
El documento firmado por la presidenta del Consejo Mirtha Gaby Meneses, el ministro de Justicia Iván Lima, y el director general ejecutivo de la Agetic, Vladimir Terán Gutiérrez, establece compartir información para la implementación del “nuevo modelo de gestión y sistema único de gestión de servicios y registros de derechos Reales, resguardando y cuidando que la información compartida esté segura, para evitar su mal uso y no sea utilizada por personas particulares”.
En el inciso “e” de la cláusula quinta de la Adenda, en las obligaciones para el Consejo de la Magistratura, señala: “En coordinación con el Registro Público de Derechos Reales (El Consejo) de forma excepcional, proporcionará a la Agetic, en el plazo de 30 días calendario a partir de la firma de la presente adenda, una copia íntegra de todas las bases de datos de registros de Derechos Reales para su consolidación, diagnóstico e identificación de inconsistencias en la información, en el marco de las políticas de Gobierno electrónico y seguridad de la información vigentes”.
Según el documento, la Agetic tiene la obligación de disponer y emplear software y hardware especializado que garantice la seguridad, integridad, trazabilidad y confidencialidad de la información que le ha sido proporcionada.
Asimismo, está obligada a entregar información consolidada y contrastada al Consejo de la Magistratura y al Registro Público de Derechos Reales en el plazo de 120 días calendario computables a partir de la recepción de las bases de datos.
Fuente: El Deber
