Crece el repudio en Bolivia ante la detención de la ex presidenta Jeanine Áñez

Los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, dirigentes políticos de peso y organismos de derechos humanos condenaron el arresto de la ex mandataria, acusada de terrorismo.

La detención de Jeanine Áñez esta madrugada desató una ola de repudios en Bolivia por parte de la oposición al gobierno de Luis Arce. Ex presidentes e importantes dirigentes denuncian el inicio de una campaña de persecución que pone en riesgo el orden constitucional en el país.

Carlos Mesa, que presidió Bolivia entre 2003 y 2005, y salió segundo en las elecciones de octubre del año pasado, que consagraron el retorno del Movimiento al Socialismo (MAS) al poder con el triunfo de Arce, fue uno de los más drásticos. “Estamos en un proceso de persecución política peor que en las dictaduras. Se ejecuta contra quienes defendieron la democracia y la libertad en 2019. El poder judicial y la fiscalía masistas son el martillo ejecutor. Los autores del fraude se amnistían y pretenden ser víctimas”, escribió en su cuenta de Twitter.

En otro tuit, el también ex vicepresidente denunció “el comienzo de un proceso de persecución política, basado en la invención de un ‘caso de sedición y golpe de Estado’”.

Esas son las imputaciones contra Áñez, que gobernó Bolivia de manera interina entre el 12 de noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, y el 8 de noviembre de 2020, cuando asumió Arce. En concreto, “sedición, terrorismo y conspiración” son los cargos en su contra.

El ex presidente Carlos Mesa (EFE/ Martin Alipaz/Archivo)

Otro ex presidente, Jorge Tuto Quiroga, que gobernó entre 2001 y 2002, también repudió el arresto de Áñez. “Luis Arce criminaliza la sucesión constitucional democrática, arrestando a Jeanine Áñez, quien asumió el mando después del fraude, la renuncia y la fuga de Evo (Morales). La sucesión fue reconocida por las Naciones Unidas, la OEA, la Unión Europea y América Latina; y avalada por el Congreso, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia y las elecciones”, escribió en Twitter.

En otro mensaje, Quiroga, que también fue candidato en las últimas elecciones, publicó un video del momento en que Morales anunció en una conferencia de prensa su renuncia “escuchando a los compañeros de la Central Obrera Boliviana y también a la Iglesia Católica”.

Junto al video, Quiroga escribió: “Ante la cacería política, recordatorio: por fraude Evo Morales anula las elecciones y renuncia a la presidencia el 10 de noviembre de 2019. Lo hace a pedido de los trabajadores (COB) y de la Iglesia Católica. No por fábula de ‘golpe’.”

Samuel Doria Medina, empresario y político de larga trayectoria en el país, que fue precandidato a vicepresidente de Áñez mientras ella mantuvo su intención de competir en los comicios del año pasado —finalmente no lo hizo—, calificó la decisión como un “acto dictatorial”. “La oposición democrática del país denuncia como un acto dictatorial e intolerable la intención de detener a Jeanine Añez, que está protegida por la Constitución. Que Arce aprenda de la experiencia del jefe de su partido: la Constitución se respeta sí o sí.”

El ex presidente de Bolivia Jorge Quiroga (EFE/Martín Alipaz/Archivo)

Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de las protestas contra el gobierno de Evo Morales tras las elecciones de 2019, que el fin de semana pasado se impuso ampliamente en los comicios por la gobernación del departamento de Santa Cruz, también se sumó al repudio contra la ola de detenciones. Lo hizo a través de una carta dirigida a Arce, que compartió a través de Twitter.

“Presidente Luis Arce, deje de hacerse de la vista gorda y cese el amedrentamiento y la persecución e inicie el trabajo conjunto por la salud, el empleo y la economía de Bolivia”, escribió en el mensaje.

Pero no sólo políticos bolivianos se manifestaron en contra del arresto de Áñez. También lo hicieron organismos de derechos humanos. El caso más destacado es el de José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch, que sostuvo que “las órdenes de captura contra Añez y sus ministros no contienen ninguna evidencia de que hayan cometido el delito de ‘terrorismo’”.

“Por ello, generan fundadas dudas de que se trata de un proceso basado en móviles políticos”, agregó en un hilo de Twitter.

El excandidato presidencial opositor de Bolivia Samuel Doria Medina. (EFE/Martin Alipaz/Archivo)

La causa contra Áñez

Áñez ha sido aprehendida en la madrugada de este sábado después de que se emitiese una orden de detención que llevó a la Policía a rodear su domicilio durante este viernes y después registrarlo, si bien no la encontró en la vivienda. Por el momento, no ha trascendido más información sobre el arresto.

La que fuese presidenta interina de Bolivia está acusada por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Luis Fernando Camacho (Europa Press)

“La persecución política ha comenzado. El Movimiento al Socialismo (MAS) ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, denunció Áñez después de conocer que la Fiscalía había dictado una orden para su detención.

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló que la denuncia que abrió la investigación que ha provocado la detención, “se ha presentado contra la ex senadora Jeanine Áñez, no contra la ex presidenta”, por lo que “no está protegida por un juicio de responsabilidades”.

Por otro lado, las autoridades bolivianas detuvieron este viernes al ex ministro de Energías Rodrigo Guzmán en Trinidad, en el norte del país, a quien “interceptaron en medio de la calle, tres tipos que ni se identificaron, lo subieron a una movilidad y se le llevaron”, según relató su esposa, Dalia Lima.

Entre los acusados por la Fiscalía también están los ex ministros de Justicia, Álvaro Coimbra -ya detenido-; de Gobierno y mano derecha de Áñez, Arturo Murillo -se encuentra en Estados Unidos-; de Presidencia, Yerko Núñez; y de Defensa, Luis Fernando López.

El director ejecutivo de Humans Rights Wach, José Miguel Vivanco (EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo)

Todo ellos han sido acusados de delitos de terrorismo, sedición y conspiración, por su posible participación durante las violentas revueltas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, incluyendo las masacres de Sacaba y Senkata, y que propiciaron la renuncia de Morales a su victoria y su salida del país rumbo primero a México y luego a Argentina.

La orden de detención también solicita el arresto del almirante Palmiro Jarjuri, antiguo comandante de la Armada, de Jorge Gonzalo Terceros, quien ostentaba el mismo cargo en la Fuerza Aérea, así como del general Gonzalo Mendieta.

Infobae