La Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, denunció ante el Ministerio Público al ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, y al viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, por incurrir en cinco delitos penales al desconocer e impedir el trabajo de la institución defensorial.
Cruz aseveró este viernes que el ministro Núñez se valió de uso indebido de influencias para querellarse en su contra en un intento de acallarla.
“La denuncia que desde el día de ayer (jueves) estamos intentando presentar ha tenido observaciones de forma, alejadas de los procedimientos y los requisitos que establecen el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado. Aparentemente, estamos ante un uso indebido de influencias y si tengo que ir a denunciar fiscal por fiscal lo voy a hacer”, sostuvo Cruz en conferencia de prensa y añadió “No nos van a acallar”.
Aseveró que la denuncia penal es porque las autoridades adecuaron sus conductas a los ilícitos de sedición, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, incumplimiento de deberes e impedir o estorbar el ejercicio de funciones, de acuerdo con el Código Penal.
La Defensora observó que el sello de recepción con el que se muestra la denuncia de Núñez es manual, cuando la Fiscalía informó que no iba a recibir denuncias vía manual sino a través de las plataformas. “Esta es una muestra del uso debido de influencias y de un acto delincuencial en el que una vez más se incurre en el Estado”, apuntó.
Advirtió que en caso de que la mandataria, Jeanine Añez, a través de sus ministros, se siga rehusando dar información a la institución que preside tomará acciones legales. Si eso sucede “voy a pedir un juicio de responsabilidades contra la Presidenta porque no va a obstaculizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo”, aseguró.
Cruz indicó que detrás de la denuncia de Núñez está la negativa a responder cualquier solicitud que realiza la Defensoría del Pueblo por parte del Gobierno. Un ejemplo, es que han devuelto la propuesta normativa para la ampliación de amnistía e indulto de los privados de libertad tomando en cuenta la emergencia sanitaria que se vive en la población penitenciaria del país.
Página Siete
