Los hechos tienen que ver con afectación al derecho a la vida, libertad de expresión, información, salud y violencia contra las mujeres, entre otros.
La Defensoría del Pueblo admitió 71 denuncias de vulneración de derechos humanos acontecidos durante el paro cívico por el censo nacional, que se desarrolló en Santa Cruz, entre el 22 de octubre y el 26 de noviembre de 2022.
Los tipos de casos registrados tienen que ver con la vulneración al derecho a la vida, libertad de expresión, libertad de información, salud, violencia contra las mujeres, educación, integridad personal y pueblos indígenas, según el detalle del ‘Informe Preliminar Situación de la Vulneración de los Derechos Humanos en el paro por el censo en Santa Cruz’, publicado por esa instancia.
“La pugna política de actores de poder y fuerzas antagónicas de un conflicto determinado afecta a la población que al final muchos se convierten en víctimas colaterales, aquellas personas que son parte del tejido social que debemos cuidar. Tenemos que aprender y no repetir los errores que han costado vidas y han quebrado a varias familias bolivianas”, aseveró su titular, Pedro Callisaya.
Según explicó, producto de la escalada de violencia y con 71 casos registrados al 31 de noviembre de la pasada gestión, se iniciaron tres investigaciones respecto a la vulneración del derecho a la vida como la muerte de un funcionario municipal de Puerto Quijarro, el degollamiento de un motociclista en el Quinto Anillo y el caso del joven apuñalado en el Barrio Latino.
El informe:
Respecto al derecho a la libertad de expresión e información, la institución atendió casos referentes a las agresiones físicas a periodistas, camarógrafos, reporteros, fotógrafos, corresponsales, entre otros, quienes fueron interceptados por grupos de manifestantes, efectivos policiales y otros actores movilizados. Recibieron pedradas, palizas, entre otras agresiones que los hirieron de gravedad, en algunos casos.
El Defensor del pueblo también rememoró las escenas donde manifestantes en puntos de bloqueos impedían el paso de las ambulancias y agredieron a los ocupantes. Asimismo, remarcó la afectación a los pacientes que no pudieron llegar a sus tratamientos vitales como enfermos de cáncer, renales, entre otros.
“Lamentamos que hubo denuncias donde se recabó datos que los bloqueadores obligaron a exponer a los infantes para verificar si físicamente mostraban signos de pacientes oncológicos (falta de cabello o le falte algún órgano) y se cuestionó la condición si no cumplía con tales signos, obstruyendo su traslado”, enfatizó.
Indicó que no se pudo atender con prontitud un caso de violencia sexual a una mujer. Se registró violación múltiple a mujer. También que mujeres indígenas fueron agredidas por movilizados.
Fuente: El Deber
