Hay más de 15 ataques a periodistas que cubren el conflicto cruceño desde el 28 de diciembre. El Defensor del Pueblo exhortó al Estado ser garante de las libertades de los ciudadanos.
La Defensoría del Pueblo registró al menos 25 casos de vulneración de derechos humanos, sobre todo agresiones a periodistas, en 13 días de conflicto en Santa Cruz. Tras la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, la capital cruceña vivió momentos de tensión y violencia con los enfrentamientos entre manifestantes y policía. El Defensor del Pueblo, Francisco Callisaya, hizo cinco exhortaciones para evitar más confrontaciones.
“Luego de la aprehensión del señor Camacho se han ido suscitando una serie de movilizaciones en Santa Cruz, en esta ocasión, desde la Defensoría del Pueblo se han registrado casos, tanto en la oficina de Santa Cruz como en La Paz. En la oficina defensoríal de Santa Cruz se registraron 23 casos que tienen que ver con agresiones a periodistas, integridad de las personas, destrucción de bienes públicos y privados, detención de personas, uso excesivo de la fuerza, situaciones que han sido objeto de intervención defensorial”, informó Callisaya en conferencia de prensa.
Según un reporte de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), el teniente de policía Víctor Hugo Santelices Jáuregui se ha convertido en el primer uniformado investigado en Bolivia por las agresiones contra periodista, desde el 28 de diciembre. Los trabajadores de la prensa han denunciado abusos reiterativos por parte de la policía cuando realizan las cobertura de las protestas ciudadanas en la capital cruceña.
Los fiscales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) abrieron una pesquisa contra el teniente Santelices, acusado de ordenar y cometer agresiones físicas el 1 de enero de este año contra un equipo de prensa de la red televisiva Unitel.
La Defensoría realizó diversas investigaciones, verificaciones, entrevistas a las víctimas y se contactó con las autoridades policiales, especialmente con el comandante de Departamental de la Policía, Jhonny Chávez, para que haga uso mesurado de la fuerza.
La autoridad recordó que el Estado es el garante y promotor del ejercicio de los derechos humanos y que, por tanto, es el responsable de adoptar las medidas necesarias para lograr el ejercicio real y efectivo de los mismos.
Agregó que el Ministerio Público y el Órgano Judicial tienen la obligación de tramitar los procesos con las debidas garantías, el derecho a la defensa y a una justicia pronta, oportuna, transparente y sin dilaciones.
Camacho y Tellería
El defensor informó que en el caso del gobernador cruceño se realizan acciones desde el día de su aprehensión, por lo que se emitieron cinco requerimientos de informes escritos a las autoridades competentes.
Respecto a la permanencia de Camacho en el penal de Chonchocoro en la Paz, aseguró que se tiene coordinado el suministro de medicamentos, la atención médica las 24 horas, además de la presencia de profesionales en salud a requerimiento de la familia.
En relación al caso de Jorge Graham Tellería, servidor público que denunció secuestro y tortura en Santa Cruz, Callisaya manifestó que se abrió un caso y que la investigación continúa.
Fuente: El Deber
