Sin entrar en mayores detalles el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó que el Gobierno mantiene reuniones, con ayuda de la Cancillería, con la empresa francesa que vendió a Bolivia los radares y la embajada de ese país, con el objetivo de que estos equipos sean entregados funcionando y con las garantías necesarias.
“Está planteada la garantía para el buen funcionamiento de los radares, estamos trabajando eso con los equipos técnicos, estamos trabajando también con el apoyo de nuestro hermano Canciller, la embajadora y con la empresa, esperemos que ya pronto podamos arribar a una solución y podamos tener los radares funcionando en gran parte”, dijo el ministro Novillo en una corta conversación con los periodistas.
Hace siete años, en noviembre de 2015 los gobiernos de Bolivia y Francia firmaron un contrato de compra venta de 13 radares a un costo de 200 millones de euros. La empresa, Thales Thales Air Systems, Guy Delevacque, debía entregar los equipos, pero hubo demoras y luego, por la pandemia el contrato sufrió modificaciones.
El ministro mencionó que se trabaja en subsanar “algunas situaciones que surgieron en algunos radares”, aunque no explicó a qué tipo de situaciones se refería. La compra de estos equipos y su instalación es uno de los temas sobre los cuales el Gobierno prefiere el silencio.
De acuerdo con los informes de las propias FFAA, cinco de los 13 radares fueron instalados en territorio nacional, pero no están funcionando; por esa razón el ministro afirma que se trabaja en acuerdos que obliguen a la empresa a entregar los radares en funcionamiento, y con las garantías necesarias.
Los radares, según las autoridades bolivianas, debían servir en la lucha antidroga, dada la alta vulnerabilidad de control aéreo que tiene Bolivia. La intención sigue en pie siete años después de ser adquiridos y el control aéreo se realiza solo para los vuelos comerciales que arriban al país en los principales aeropuertos.
Además, existe una pugna entre los ministerios de Defensa, a cargo de los radares y de Gobierno que los necesita en la lucha antidrogas; pero no existe un acuerdo de cooperación entre los dos ministerios.
Fuente: El Deber
