Las contrataciones sin examen de mérito, a pedido de los jefes de unidad, se ejecutaron entre las gestiones 2018 y 2020. Los principales sindicados son el expiloto de Morales, Celier Arispe, y el actual director.
La designación ilegal de cinco funcionarios en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) implica a siete directores y se presume un daño económico de un millón de bolivianos, según una resolución de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas y Vivienda, en la que se instruye la apertura de 15 sumarios administrativos.
“Por lo que se identificó, hay posible responsabilidad administrativa contra el exdirector ejecutivo de la DGAC, Celier Arispe Rosas”, señala parte de las conclusiones de la resolución 041 de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, emitida el 21 de septiembre de 2022. En el mismo apartado del documento se señala a los responsables de la Dirección Jurídica, Jorge Hernán Alarcón Gamarra; y de la Dirección de Recursos Humanos, Rafael Gonzalo Méndez Orellana.
Más adelante, también se resuelve iniciar los sumarios administrativos contra el exdirector administrativo y actual director de la DGAC José Iván García Terceros; los responsables de la Dirección Jurídica, Julio César Luna Orellana y Jorge Hernán Alarcón Gamarra; el exdirector de seguridad operacional Juan Carlos Moreira Palenque; y el responsable de la Dirección de Seguridad Operacional, de quien no se detalla el nombre.
Los siete funcionarios fueron sindicados por tener un grado de responsabilidad en la contratación ilegal de cinco funcionarios en la DGAC: Abraham Camacho Mhur, Ingrid Antonella Trigoso Villarroel, Vanessa Touchard Tellería, María Luisa Franco García y Álvaro Figueroa, de quien no se mencionan los detalles de la irregularidad en su contratación.
Para conocer el estado de los 15 procesos iniciados por las supuestas contrataciones ilegales, la pasada semana Página Siete solicitó una entrevista con el director general de asuntos jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Alejandro Cabrera, pero no hubo respuesta. Por otro lado, en enero, el secretario general de la DGAC, Marco Antonio Cárdenas, señaló que por la complejidad de esos procesos todavía no se había remitido la información documental solicitada por Cabrera.
15 sumarios administrativos
Cinco de los 15 sumarios administrativos están dirigidos a los cinco funcionarios observados, todos contratados sin examen de competencia, por recomendación de los directores y pese a no contar con la formación académica requerida ni la experiencia especificada para los cargos.
En su mayoría cobraron salarios desde 2018, durante la gestión de Evo Morales, hasta los primeros meses de 2020, durante la presidencia de Jeanine Añez.
Los salarios iban desde los 3.600 a los 11.000 bolivianos, por lo que se calcula un daño económico de al menos un millón de bolivianos.
En el documento también se menciona que los funcionarios de la actual Dirección de Recursos Humanos de la DGAC no atendieron de manera adecuada la información que se solicitó sobre los funcionarios observados, por lo que el 21 de septiembre de 2022 se dieron 10 días de plazo para que respondan.
El detalle de las contrataciones precisa que tres de los procesos sumarios fueron ordenados contra el exfuncionario Arispe, dos contra García y otros tres en contra de Méndez.
Antecedentes
En diciembre de 2022, Arispe, expiloto de Evo Morales, viajó a Canadá como representante de Bolivia ante el Consejo de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI).
Luego de su designación se denunció que dejó pendientes al menos 20 procesos (penales y administrativos) que lo involucran, entre ellos, por designaciones ilegales y clonación de matrículas de avionetas relacionadas al narcotráfico.
Por otra parte, en una carta enviada el 15 de enero al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, el abogado Nelson Carpio denunció el nombramiento presuntamente ilegal del actual director interino de la DGAC, José García, porque ese funcionario no cumplía con la formación técnica que se requiere para el cargo.
Carpio, extécnico aeronáutico de la DGAC, sostiene que García —un militar jubilado de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)— carece de la formación técnica adecuada, ya que antes de su designación sólo ocupó cargos de carácter administrativo.
Bs 1 MM es el monto que se estima perdió el Estado en el pago de salarios a personal no calificado.
Fuente: Página Siete
