Los gremiales piden unificar fuerzas en contra de la norma. Aseguran que se violan sus derechos. Anuncian bloqueos de caminos, huelgas de hambre y recursos de constitucionalidad. La UIF, que depende del Min. de Economía, tendrá superpoderes.
Son reclamos de diferentes sectores, pero todos son en oposición al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales. El rechazo a la iniciativa crece y al menos una decena de gremios mostraron resistencia a la norma. Algunos de ellos anunciaron medidas de presión si es que el Movimiento Al Socialismo (MAS) no modifica algunos artículos.
El secretario ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Francisco Figueroa, anunció que su sector irá al paro nacional con bloqueo de caminos como medida de presión contra el proyecto de ley. El dirigente explicó que esta iniciativa contempla sanciones directas contra comerciantes debido que a nombre de la lucha contra el contrabando -dijo- se podrá intervenir negocios o casas de sus afiliados.
“Vamos a hacer una movilización total donde van a estar presentes varias organizaciones sociales. Nosotros pedimos la anulación de esta ley, porque atenta contra los comerciantes minoristas. Luego de que se realice el paro, el 11 (de octubre), vamos a esperar tres días antes de un paro de 72 horas para que el Gobierno busque una solución a nuestras demandas”, amenazó Figueroa.
El dirigente gremial acotó que sus afiliados en las fronteras con Perú y Chile se sumarán a las movilizaciones con el bloqueo de vías internacionales. Además, Figueroa detalló que se contactarán con otros sectores para amplificar sus demandas. “Ya estuvimos en contacto con médicos, con algunos dirigentes cocaleros (de Yungas) y estaremos sumando más sectores para ampliar la movilización”, afirmó.
Esta iniciativa legislativa ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y todavía el Senado no la abordó. El proyecto de ley tuvo muchas observaciones de varios sectores. A los gremiales se sumó la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), que solicitó que se efectúe un control de constitucionalidad a la normativa.
“Nuestro sector se maneja casi al cien por ciento dentro de la formalidad. Es un sector que se somete a normas de bancarización y otros muchos instrumentos. De todas maneras, entendemos que existe una preocupación por los aspectos que podrían vulnerar algunos derechos”, expresó el gerente general de la Caneb, Marcelo Olguín.
Secreto profesional
Dentro de las observaciones al proyecto de ley se puntualizó que no se podrá invocar secreto profesional, reserva o de confidencialidad en materia financiera, de valores, seguros, pensiones, comerciales, tributario, económico, notarial, registro civil, derechos reales, profesionales u otros, cuando la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que depende del Ministerio de Economía, exija información dentro de sus atribuciones.
“Para ingresar y revisar las cuentas (bancarias) se requería de una autorización de una autoridad competente, pero de avanzarse en la promulgación de esta norma no se requeriría aquello”, observó Olguín.
Esa observación está inmersa en el artículo 11 de la norma, que promueve la exención de secreto de confidencialidad: “No se podrá invocar secreto profesional, reserva o confidencialidad en todo aspecto económico, profesional u otro” cuando la UIF solicite información que será obtenida “sin necesidad de orden judicial, requerimiento fiscal, ni trámite previo”. Esto fragmentos son parte del referido artículo.
Por otra parte, también se objeta el artículo 17 de la norma. Este párrafo hace referencia al “sujeto obligado” a dar información, ya que involucra a “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros”.
La Federación de Trabajadores Gremiales de El Alto se sumó a la decena de sectores que observa la norma. Su ejecutivo, Antonio Siñani, consideró que su sector será el más perjudicado en caso de promulgarse la norma, ya que sus afiliados no facturan y la norma hace referencia a ese aspecto.
El dirigente también amenazó con medidas de presión si es que no se modifica la norma. “Lo que nosotros queremos es que lo anulen o lo modifiquen de acuerdo a los requerimientos de la población, la mayoría de los bolivianos trabaja de manera informal”, dijo.
También se sumaron al rechazo los gremiales de Santa Cruz, Cochabamba y Tarija. Sus dirigentes afirmaron que se sumarán a las movilizaciones que disponga su organización nacional.
Las iglesias evangélicas también se sumaron a las objeciones. Carlos Aruquipa, representante de este sector, afirmó que están en oposición a la norma porque consideran que afectará al secreto de confesión y al diezmo.
También se sumó al rechazo el Consejo Nacional Cristiano, que objeta que el proyecto de ley vulnera los derechos de las instituciones religiosas.
El artículo 18 de la iniciativa establece que tienen la obligación de remitir información a solo requerimiento de la UIF las personas que se dedican a universidades, colegios, iglesias, pastores, sacerdotes, partidos políticos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s).
El presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Roger Amador, informó que los bloques cívicos de Potosí y Tarija -además de Chuquisaca- se reunieron en la Villa Imperial y analizaron las medidas de presión que se ejecutarán en caso de que se apruebe la norma. Una de ellas sería el bloqueo de caminos en el sur del país. “Una vez se promulgue esta ley vamos a llegar a ser como Venezuela, Argentina y Cuba”, consideró el dirigente.
Los gremios de la prensa también están en el grupo de sectores que observan la norma. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) afirmó que la iniciativa busca eliminar el secreto de fuente, avalado por la Ley de Imprenta.
“Una legislación no puede contener términos sujetos a malas interpretaciones, y por ello llamamos a los legisladores a incluir la excepción, citando de manera explícita el reconocimiento a la Ley de Imprenta y la Constitución, y a valorar el mismo efecto negativo sobre otros sectores profesionales de Bolivia”, expresó la ANP a través de un comunicado.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, descartó que esta norma afecte el trabajo de gremiales y de periodistas, pero también dijo que la oposición, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, alarmó a todos los sectores “con mentiras” sobre esta iniciativa.
“Eso es una mentira de la oposición que la han puesto en circulación en los ámbitos gremiales, nosotros cuando hemos hecho la defensa en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, hemos establecido que no había argumento de la oposición para decir que esta era una persecución al sector gremial”, destacó Montenegro.
El poder de la UIF
Otro de los artículos observados de esta norma es el 9, que otorga superpoderes a la UIF para investigar de forma irrestricta a cualquier institución o persona que sea sospechosa de relaciones con el financiamiento al terrorismo.
Ayer se sumaron al rechazo de la norma las juntas de vecinos del macrodistrito Max Paredes de La Paz. Uno de sus dirigentes afirmó que se presentará un recurso de constitucionalidad si es que la norma se promulga. Además, este sector apoya a los gremiales y dijo que se sumarán a sus medidas.
La organización de microempresarios de El Alto está en alerta debido al tratamiento de la ley de ganancias ilícitas y anunció que evaluarán la iniciativa para establecer si perjudica al sector.
Así, estos sectores se sumaron a los que iniciaron las observaciones como plataformas ciudadanas y partidos de oposición. Por ahora, el MAS está acorralado por los pronunciamientos. Algunos legisladores hablan de atender a los sectores movilizados.
Fuente: El Deber
