Después de cinco horas de debate, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este sábado el proyecto de Ley 354/2021-2022, que modifica el Presupuesto General del Estado (PGE) 2022, para adicionar más de Bs. 1.720 millones que serán distribuidos entre 127 entidades del sector público para la ejecución de programas y proyectos en el territorio nacional, según informaron desde la Asamblea Legislativa.
“Estamos incorporando más de Bs. 1.720,9 millones para distintos programas y proyectos a nivel nacional, para 127 entidades que han solicitado la inscripción de recursos adicionales”, confirmó el presidente de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, él diputado Omar Yujra (MAS-IPSP) al concluir el debate.
Según el detalles, con la reformulación, el presupuesto agregado para esta gestión pasa de Bs. 304.045 millones a Bs. 305.954 millones, lo que representa un aumento de Bs. 1.909,5 millones (0,6%). Mientras que, el presupuesto consolidado pasa de Bs. 235.090 millones a Bs. 236.811 millones, es decir, Bs. 1.720,9 millones adicionales (0,7%).
Así lo explicó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, durante la exposición de la norma en el hemiciclo. “El objetivo de esta norma es poder adicionar los recursos para que gobernaciones, municipios, entidades descentralizadas y gobierno central puedan incorporar en su presupuesto para la ejecución de ingresos y gastos y, de esa manera, concluir con la mejor ejecución presupuestaria”, detalló la autoridad.
Las autoridades manifestaron que este aumento se da por una solicitud de 127 entidades del sector público y no por una “imposición desde un ministerio o desde el Gobierno central”.
Las entidades beneficiadas
De estas 127 instituciones, 26 son entidades descentralizadas, entre ellas, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol), AEVivienda, Muserpol, Vías Bolivia, Servicio de Impuestos Nacionales, Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf) y otros, que se beneficiarán con recursos adicionales que alcanzan los Bs. 1.029 millones.
Además, 13 Órganos del Estado como el Tesoro General de la Nación, los ministerios de Educación, Defensa, Medio Ambiente, Obras Públicas, Gobierno, Desarrollo Productivo y el Órgano Judicial también recibirán Bs. 260,2 millones extras.
De la misma forma, 61 municipios se favorecerán con Bs. 202,5 millones adicionales para la amortización de sus deudas con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), gastos de capital, funcionamiento del Ejecutivo y Concejo Municipal, construcción y mantenimiento de infraestructura urbana y rural, fortalecimiento de programas municipales, construcción, refacción y equipamiento de unidades educativas, desayuno y transporte escolar, entre otros.
En el caso de las nueve gobernaciones, recibirán un adicional de Bs. 8,4 millones para mantenimiento de caminos (cerca del 90%), proyectos multisectoriales y otros.
En cuanto a 12 universidades públicas que también solicitaron la inscripción de recursos adicionales en el presupuesto, recibirán Bs. 209,6 millones para proyectos de construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura, y prevención y atención del Covid-19 en el sistema de salud universitario.
Crédito del BCB a favor del sector productivo nacional
Por otro lado, la propuesta de Ley autoriza al Banco Central de Bolivia (BCB) otorgar un crédito extra al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, por medio del Tesoro General del Estado (TGE), por un monto de hasta Bs. 3 mil millones para dar continuidad a las medidas de reconstrucción de la economía nacional.
“Estos recursos van a ser para mejorar la actividad productiva a través de fideicomisos. Concretamente, el plan es inyectar recursos al Banco de Desarrollo Productivo (BDP) para que pueda generar mayor crédito productivo, casi Bs. 1.500 millones. Los otros Bs. 1.500 millones será para seguir apoyando al Firedin (Fideicomisos para la Reactivación y Desarrollo de la Industria Nacional), al que ya hemos inyectado Bs. 1.132 millones”, detalló el titular de la cartera de Economía.
Descartó que el crédito vaya a destinarse al pago de salarios. Al contrario, remarcó que el principal beneficiado será el sector privado nacional productivo que tendrá un empuje a través del BDP.
Ampliación de la Ley 1391
En su disposición adicional primera, el proyecto de Ley amplia la vigencia de la Ley de 1391 de incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital, plantas industriales, vehículos de carga de alta capacidad en volumen y tonelaje, y maquinaria pesada. Lo que significa que, la exención y tasa cero en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendrá validez hasta el 29 de septiembre de 2023.
“Con ello estamos beneficiando al sector productivo sobre todo para mejorar la productividad y producción nacional”, apuntó el diputado Yujra al respecto.
Modificaciones a la Ley 843
En su disposición adicional segunda, la propuesta legal modifica el parágrafo II del articulo 79 de la Ley 843 para establecer el rango de las alícuotas porcentuales y específicas de ciertos productos como bebidas alcohólicas que no son parte de la canasta familiar. Esto no significa que vaya incrementarse el Impuesto a los Consumos Específicos (ICE) para productos nacionales.
“Se está estableciendo el rango, no las alícuotas, por lo cual, puede subirse la alícuota del ICE para bebidas importadas, como también se puede bajar para productos nacionales. Esa es la ventaja de esta modificación. Estas alícuotas se actualizan por la UFV, y de hecho, muchas de ellas, ya han aumentado en el mercado nacional. Entonces, si no se establecen estos rangos, probablemente no va a ser posible una disminución que apoye a la industria nacional”, justificó el ministro de Economía.
Adecuada distribución de ítems para el sector de salud
La tercera disposición del proyecto de Ley 354, reformula el articulo 13 de la Ley 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral de Bolivia, agregando el parágrafo II que establece que el Ministerio de Salud deber elaborar una norma que posibilite una adecuada distribución y designación de los ítems de salud que sean financiados con el Tesoro General de la Nación.
La norma propuesta consta de cinco artículos, tres disposiciones adicionales, una disposición final, y una disposición abrogatoria y derogatoria. Fue remitida al Senado para su tratamiento constitucional.
Fuente: El Deber
