El MAS cuestionó las movilizaciones que convocó el Comité Cívico y amenazó con juicios a Luis Fernando Camacho. El ministro de Defensa advirtió con ‘mano firme’ si es que hay excesos en las protestas.
Subió el tono entre ambos bandos y no existe la intención de parar un nuevo conflicto en el país. El Gobierno amenazó a los cívicos de Santa Cruz con aplicar “mano firme” si es que existen excesos en las medidas que se asuman. En el Movimiento Al Socialismo (MAS) tildan de “matoncito” al gobernador Luis Fernando Camacho y sus sectores afines advierten con respuestas para evitar que los festejos patrios se ensucien con protestas. En la oposición exigen la renuncia del fiscal general y le piden al oficialismo evitar provocaciones.
El conflicto subió de tono tras las decisiones que adoptó el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que anunció apoyar la marcha del 5 de agosto convocada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) y respaldar el bloqueo convocado en la Chiquitania para el 9 de mayo como modo de protesta a los asentamientos en tierras fiscales y reservas naturales en el departamento cruceño. Esas medidas, entre otras, fueron aprobadas en una Asamblea, que tuvo la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho.
Ante esas determinaciones, el Gobierno siguió atento los efectos y anunció “mano firme” si es que hay excesos en las movilizaciones que apoyarán los cívicos cruceños. “Desde el punto de vista institucional, como Estado y como Gobierno, lo que vamos a hacer, en principio, es persuadir y si estas movilizaciones caen en el exceso, es decir, cometen hechos ilícitos, actos irregulares e ilegales, pues el Gobierno va a actuar de manera firme”, aseguró el ministro de Defensa, Edmundo Novillo.
La autoridad acotó que se hará cumplir la ley ante posibles hechos irregulares en las movilizaciones. El Conade convocó para el 5 de agosto a marchas en varias regiones del país como protesta a la decisión de la Fiscalía de intentar cerrar el caso Fraude Electoral tras la presentación de un estudio de una consultoría española.
Mientras que el 9 de agosto se convocó a bloqueos por 48 horas en los caminos de ingreso a la Chiquitania del departamento de Santa Cruz en contra de la política agraria del Gobierno. Una de las observaciones es la dotación de tierras a grupos afines al MAS en áreas protegidas.
Reunión en el INRA
Otra medida que se asumió es la programación de una reunión de la Comisión Agraria Departamental para el 13 de agosto en instalaciones del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de Santa Cruz de la Sierra. Camacho dijo que ante la negativa del INRA de acudir a las citas de la comisión regional, acudirán a las oficinas de la entidad.
“Las protestas están permitidas en el marco democrático, eso no se va a coartar, pero si estas van a cometer excesos, esos excesos sí no los vamos a permitir, vamos a actuar con mano firme”, remarcó Novillo, quien señaló que con la convocatoria a las manifestaciones “están llamando a una abierta confrontación”.
En el MAS cayeron mal las posiciones de los cívicos y el pronunciamiento de Camacho. El diputado Daniel Rojas calificó de “pequeño matoncito” al gobernador cruceño y advirtió con iniciar un proceso en su contra por asumir supuestamente competencias del nivel nacional.
“Queremos denunciar a este caballero Luis Fernando Camacho, el pequeño matoncito, que quiere nuevamente desestabilizar Bolivia. Recordarle a Luis Fernando Camacho que él es un gobernador, no es un prefecto. Parece que se está queriendo utilizar antiguas leyes, nosotros vamos a hacer respetar el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, donde ninguna autoridad puede atribuirse leyes que no le competen”, atacó Rojas.
Mientras, su correligionario Rolando Cuéllar llamó a los sectores sociales afines al MAS a evitar los bloqueos del 9 de mayo en la Chiquitania y también se estrelló contra el gobernador Camacho.
“Santa Cruz no quiere confrontación, no quiere conflicto, ya está cansada de que (los cívicos) hagan lo que les dé la gana. Seguro serán los sectores sociales quienes hagan respetar el derecho al libre tránsito. Le repito que la gente en Santa Cruz ya está cansada de que ese comité haga lo que quiera bajo el título de representar al pueblo, algo que no es cierto”, afirmó el diputado Cuéllar.
El gobernador Camacho, en calidad de expresidente de la entidad cívica, dijo que si bien en su posición actual no le compete proponer acciones ni guiar a la Asamblea de la Cruceñidad, estará presente en todo acto y apoyará cualquier acción que se tome. “No dejaremos que atropellen a nuestros pueblos indígenas, áreas protegidas, instituciones y nuestra forma de vida, eso es algo que no vamos a permitir. Vamos a dar batalla y pelea de la mano del movimiento cívico nacional y de los bolivianos que queremos vivir en paz”, dijo la autoridad.
Por su parte, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, recordó los 21 días de paro cívico en la gestión 2019 resaltando que era mejor realizar el sacrificio de días sin comer, “que toda una vida sin comida ni libertad. La historia ya está escrita, al pueblo boliviano no se la van a charlar, las pruebas del fraude de Evo y el MAS son irrefutables, un informe internacional, serio y vinculante lo avala”.
Ayer, el coordinador nacional de las plataformas del 21F, Guillermo Paz, anunció que el 5 de agosto activistas y cívicos de siete regiones del país marcharán en rechazo al posible cierre del caso Fraude Electoral. El 6 de agosto, en la ciudad de La Paz, los movimientos ciudadanos realizarán un acto de protestas al frente del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se estima que el presidente Luis Arce emita su mensaje a la nación por las fiestas patrias.
En los sectores afines al MAS ven como una provocación las convocatorias a movilizaciones previo al 6 de agosto. La ejecutiva de las “Bartolinas”, Flora Aguilar, consideró que tanto cívicos como plataformas buscan “confrontación” con el fin de opacar los festejos patrios.
“Están buscando confrontar el país y lamentablemente lo hacen un día antes del 6 de agosto. Ellos (cívicos y plataformas) quieren convulsionar el país y buscan desestabilizar al Gobierno, pero la población conoce estas mañas y se da cuenta”, reprochó Aguilar.
Sobre el tema, el ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ever Rojas, lamentó que cívicos y plataformas actúen como en 2019 cuando Evo Morales dejó la Presidencia.
“No les interesa las tierras, sino que corra sangre entre hermanos bolivianos. Empiezan convocando a bloqueos y marchas y eso es llamar a la confrontación. Sobre el bloqueo (del 9 de agosto) seguro los compañeros de la zona tomarán cartas en el asunto y se tratará de evitar el perjuicio a las familias campesinas de Santa Cruz”, reclamó Rojas.
Esfera política
En el ámbito político existe cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición. La bancada de la alianza Creemos evalúa acciones para el 6 de agosto y apoya las medidas del Comité Cívico cruceño. La diputada María Álvarez lamentó que el MAS utilice a los pueblos indígenas en discursos y no los atienda en las áreas protegidas, donde -dijo- se adueñan de sus territorios.
“No hay ninguna provocación. Se está replicando la voz de mucha gente que se cansó de que el MAS utilice a los pueblos indígenas en sus discursos y en la práctica los deje hasta que les roben sus tierras. En el caso del fraude es una barbaridad que se tome un pequeño estudio para cerrar el caso y el fraude monumental que cometió Evo Morales”, cuestionó Álvarez.
La Fiscalía presentó un estudio que solicitó a la Universidad de Salamanca para pretender cerrar el caso Fraude Electoral. Los mismos autores del informe aceptaron que su trabajo no era para evidenciar si hubo fraude o no y admitieron que el estudio era pequeño a comparación del que realizó la Organización de Estados Americanos (OEA).
Hoy, el MAS se reúne en Cochabamba en un congreso con la intención de ordenar al partido. Según el dirigente Froilán Fulguera, se incluirán sanciones drásticas a su estatuto contra “indisciplinados” que vayan en contra de la corriente masista. Además, se hará un repaso a funcionarios del Estado para detectar a los denominados “pititas”.
Fuente: El Deber
