El Gobierno defendió durante más de un mes el mercado paralelo de coca en La Paz, pese a que señalaba que era un conflicto entre privados. En ese tiempo, la Policía resguardó a Arnold Alanes, un cocalero de Yungas afín al MAS.
El jueves, los cocaleros afiliados a Adepcoca y contestatarios al Gobierno, tomaron la instalación ubicada en Villa El Carmen y la quemaron, después de marchar durante cuatro días de Nor y Sud Yungas.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y el vocero presidencial, Jorge Richter, ven que los dirigentes de Adepcoca deben pagar las consecuencias de sus actos.
“Repudiamos los hechos de violencia, vengan de donde vengan”, dijo Del Castillo, al señalar que hubo heridos de parte de bomberos, niños y embarazadas. “Esperemos que el Ministerio Público pueda realizar las acciones correspondientes y que las y los productores de coca resuelvan sus diferencias mediante el diálogo, la paz y no por la violencia”, dijo.
Este domingo, Richter fue más allá, y afirmó que la Fiscalía y el ministro de Justicia, Iván Lima, iniciaron las acciones necesarias para que los autores de la toma enfrenten un proceso.
Además, acusó a la oposición, y mencionó a sectores cívicos cruceños y a Creemos, el partido del gobernador Luis Fernando Camacho, de promover estos hechos.
“No tiene una expresión genuina de preocupación por los temas. Si el censo causa conflicto, si es una ley de investigación de fortunas ilícitas o el conflicto de los cocaleros están ahí para exacerbar los ánimos. Lo que buscan son heridos y muertos para culpar luego al Gobierno”, dijo Richter.
El analista Daniel Valverde dijo que “es necesario mesura y responsabilidad en las aseveraciones. No existe respaldos para una afirmación de esa naturaleza, excepto ciertos desatinos de algunas autoridades. Este conflicto, da la impresión de ser parte de las batallas internas del MAS y que el gobierno no ha podido controlar”, manifestó Valverde.
Fuente: El Deber
