La norma se complementa con una norma similar que fue sancionada en julio. La oposición percibe una estrategia de persecución política.
A pesar de la resistencia de los opositores, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó esta madrugada en la Cámara de Diputados el proyecto de Ley N° 218/2020-2021 “contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales”.
La propuesta, que pasó al Senado para su tratamiento, fue validada por los diputados a las 05:30 de este viernes luego de 16 horas de debate.
Además, la sesión se prolongó hasta las 07:00 porque los legisladores aprobaron la declaración de Homenaje Camaral por los 211 años de la gesta libertaria del departamento de Santa Cruz.
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, precisó que la intención de esta normativa es unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el marco de acuerdos internacionales firmados por Bolivia.
Sobre la base de esa justificación, legisladores del oficialismo defendieron la nueva normativa, anticipando que se aplicarán las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y se complementa a otra normativa similar sancionada en julio.
Esta ley, explicó el diputado Omar Yujra (MAS), “ordena, purifica, unifica y estandariza las competencias que tiene la Unidad de Investigaciones Financieras a nivel internacional”. El legislador aseguró que hubo un debate “bastante amplio de la ley”.
Pero, los opositores señalaron que el MAS ahora tiene una nueva herramienta de persecución política.
El proyecto autoriza la apertura del secreto bancario y la eliminación de la mínima cuantía. En criterio del diputado Edwin Bazán, de la alianza Creemos, esto deriva en el allanamiento de dominio privado sin notificación previa a las personas que sean consideradas sospechosas.
“Primero lo meten preso y luego lo investigan, esos son los abusos y excesos del MAS, es un proyecto de Ley abiertamente inconstitucional”, apuntó el diputado Edwin Bazán de la alianza Creemos, al cuestionar las nuevas y excesivas atribuciones que tendrá la UIF.
La norma también señala que “toda persona natural o jurídica, pública o privada” debe informar a la UIF sobre sospechas de legitimación de ganancias ilícitas. Además, debe emitir la información que la entidad estatal requiera para fines investigativos sin orden judicial.
Con la ley, asociaciones civiles, organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y fundaciones nacionales y extranjeras, organizaciones políticas, agrupaciones y toda organización sin fines de lucro debe entregar información.
Legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) observaron que en el listado de organizaciones, obligadas a entregar esta información, no figuren los sindicatos y advirtieron amenazas a la libertad de expresión con la vigencia de esta normativa que deriva en el ajuste de varios artículos del Código Penal.
“Este proyecto es una suerte de super ley ya que modifica delitos, incorpora tipos penales, recorta atribuciones judiciales y otorga facultades especiales al Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Procuraduría , concentrando decisiones en el Órgano Ejecutivo, pero principalmente desconociendo la Constitución Política del Estado, Código Penal y Código Procesal penal”, afirmó el diputado Óscar Balderas (CC).
Fuente: El Deber
