La Fiscalía de La Paz admitió ayer la demanda presentada por la exdiputada Lidia Patty, del Movimiento Al Socialismo (MAS), en contra del excívico y actual líder de Creemos, Luis Fernando Camacho; su padre José Luis Camacho; y los excomandantes de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman y Sergio Orellana, y de la Policía Boliviana, Vladimir Calderón, por supuesto “terrorismo” y fueron señalados como responsables del supuesto “golpe de Estado” que derivó en la renuncia de Evo Morales en 2019.
“Nosotros somos denunciantes y seguro ahora se harán las citaciones a medida que avance la investigación, puede que se amplíe contra otros responsables. Ahora olvidamos poner al comandante de la FAB, porque él autorizó la salida de aviones. En función de todo eso se convocará a declaraciones”, sostuvo el abogado patrocinante Jorge Víctor Altamirano.
Fueron señalados como presuntas víctimas el expresidente Morales, el exvicepresidente Álvaro García y los expresidentes del Senado, Adriana Salvatierra, y de Diputados, Víctor Borda. Menciona como testigos a los exministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; de Gobierno, Carlos Romero; de Salud, Gabriela Montaño; de Culturas, Wilma Alanoca; y de Defensa, Javier Zavaleta.
Jorge Nina, otro abogado que coordina el proceso penal con la diputada Patty, informó en Unitel que “ya tienen un fiscal asignado del caso, que iniciará las investigaciones. Primero, vamos a pedir que declaren las víctimas. La declaración del expresidente Evo Morales, del exvicepresidente Álvaro García Linera van a ayudar a coadyuvar en la investigación; también del exministro de Gobierno, Carlos Romero”.
El lunes, Patty presentó la denuncia contra los uniformados y cívicos por los delitos de conspiración. La Fiscalía rechazó la denuncia y dijo que no estaba fundamentada de manera correcta, entonces la exdiputada la subsanó y volvió a presentarla.
Nina anunció que el caso radicará en el Juzgado de Instrucción Penal Cautelar 10, de acuerdo con el formulario publicado de admisión de la denuncia.
La Organización de Estados Americanos (OEA) realizó auditoría a las elecciones fallidas del 20 de octubre de 2019, encargada por el propio Evo Morales, la que estableció que hubo “operaciones dolosas” en los comicios, las que alteraron “la voluntad expresada en las urnas”. Entre las “acciones deliberadas que buscaron manipular el resultado de la elección”, menciona la “paralización intencional y arbitraria, sin fundamentos técnicos, del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP)”, conocido como conteo rápido.
Después de conocer este informe, la mañana del domingo 10 de noviembre, Evo Morales anuló las elecciones y anunció nuevos comicios con nuevos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ese día, con el paso de las horas, Morales se vio obligado a renunciar, acorralado por las denuncias de fraude electoral, un motín policial, un prolongado paro cívico y la “sugerencia” de las FFAA de dejar el cargo, al margen de una movilización ciudadana en casi todo el país.
Camacho respondió ayer a través de redes sociales y dijo que no fue notificado con este proceso y aseguró que, si es enjuiciado, no huirá del país, tal como lo hizo Morales. “Niego enfáticamente, además, haber participado en algún golpe de Estado; es más, en Bolivia en noviembre del pasado 2019 no existió golpe de Estado, sólo existió un pueblo que se rebeló ante un descomunal fraude electoral, reconocido por el propio Evo Morales que anuló las elecciones; existió además la renuncia del Presidente y operó una sucesión constitucional”, dice parte de la nota de Camacho.
Su agrupación, Creemos, también se pronunció y denunció que es una “persecución jurídica” en contra de su líder y de su padre, y llamó a estar alertas ante cualquier acción del Gobierno. La nota se dirige al presidente Luis Arce y dice que está ante una disyuntiva: “O gobierna en democracia o deberá estar dispuesto a encarcelar a todo un pueblo, porque no daremos un paso atrás en defensa de la legalidad”.
Página Siete
