El fiscal anticorrupción Luis Fernando Atanacio Fuentes emitió este jueves un requerimiento de alerta migratoria o arraigo, para impedir la salida del país de los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López Julio, por el caso de la compra de armamento no letal que fue dotado a la Policía y las Fuerzas Armadas, durante el conflicto de noviembre del año pasado.
El ministro Murillo, en contacto con El Deber calificó esta orden de arraigo, con una frase: “comenzó la cacería” y agregó, “yo no voy a ser trofeo de narcotraficantes, ni pedófilos, ni delincuentes vendidos a las mafias narcotraficantes, pueden estar seguros de eso”.
“Esa es la democracia del MAS, utilizar a la justicia para librar de culpa a quienes le hicieron fraude al país, y estaban escondidos en embajadas, defender a Evo Morales, liberar narcos como la reina del Norte, y perseguir a quienes defendimos la democracia. Es una pena”, agregó.
Ambas autoridades del Gobierno transitorio son acusadas de la compra de material no letal con un presunto sobreprecio millonarioy a través de un intermediario.
La Fiscalía sostiene en su acusación que la compra tuvo sobreprecio, en comparación con un material similar adquirido por el Gobierno de Venezuela. “Bolivia pagó Bs 14.800.000 más que Venezuela en la compra de estos agentes químicos a la misma empresa brasileña”, señala.
Por lo que se acusa a López y Murillo de la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas por particulares, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
En razón de preservar que los denunciados no salgan de territorio nacional al habérseles abierto un proceso penal, es que el documento solicita que se active alerta migratoria contra Murillo, López, además de otros dos involucrados.
Página Siete
