La medida se da luego del ataque a la asambleísta del MAS, Muriel Cruz. Además la Policía debe reforzar la vigilancia en la Asamblea Departamental de Santa Cruz mientras dure este periodo conflictivo de sesiones.
Un total de nueve compromisos asumieron distintas instituciones del Estado para perseguir el acoso y violencia política. La reunión que fue encabezada por los ministerios de la Presidencia y de Justicia se activó luego del ataque que sufriera la asambleísta departamental del MAS, Muriel Cruz. La próxima reunión será el 10 de julio para ver los avances de las tareas que se dieron.
La primera acción es identificar a autores materiales e intelectuales del ataque y para eso deben coordinar acciones el Ministerio de Gobierno, la Policía y la Fiscalía hasta encontrar a los responsables del ataque.
La Policía debe reforzar la vigilancia en la Asamblea Departamental de Santa Cruz mientras dure este periodo conflictivo de sesiones.
Para celerar los actos investigativos de todos los procesos penales por acoso y violencia política el Ministerio Público debe enviar información de todos los casos de acoso y violencia denunciados y habrá seguimiento del viceministerio de igualdad de oportunidades, ese informe no debe pasar del 23 de junio de este año.
Se realizará un estudio sobre los hechos de violencia política suscitados en el departamento de Santa Cruz durante los últimos 5 años, los resultados serán presentados por el Ministerio de Justicia en el plazo de cuatro meses.
Pedirán información a las entidades subnacionales del Estado para conocer actos de violencia y acoso político en los concejos municipales y asambleas departamentales.
La Policía Boliviana realizará una investigación interna sobre los hechos denunciados contra sus efectivos en la intervención y atención del caso de Muriel Cruz y otros asambleístas del departamento de Santa Cruz el 9 de junio de 2023.
Las entidades que realizan el seguimiento de casos de violencia y acoso
deberán informar mensualmente a los miembros del mecanismo sobre las acciones que están desarrollando en esta temática. El ministro de Justicia dijo que existen muchas leyes que sancionan el acoso y la violencia contra las mujeres, pero que hasta el momento, en 11 años de vigencia de la ley 243 solo hay tres sentencias
El Ministerio de Justicia y el Ministerio Público procederán a revisar y ajustar los protocolos preventivos de acoso y violencia política. Esos con los compromisos de las instituciones que acudirán nuevamente a otra reunión el 10 de julio donde presentarán los informes que se produzcan a lo largo de este tiempo.
Fuente: El Deber