El presupuesto de este año tampoco alcanzará para cubrir todos los requerimientos del país, pues se prevé, como en 2021, un déficit próximo al 9%. En ese contexto, el Gobierno buscó un apoyo crediticio externo de $us 400 millones para cerrar esa brecha y la Cámara de Diputados validó la operación.
El préstamo, que fue aprobado en junio por CAF-banco de desarrollo de América Latina, llegó al Legislativo la semana pasada y ahora está en el Senado, donde el MAS tiene mayoría y lo aprobará. El plazo para pagar esta deuda es de 18 años, con una tasa de interés anual del 4,52% y un periodo de gracia de cinco años y medio.
“La operación tiene el objetivo de contribuir y promover la disponibilidad y ejecución oportuna de los recursos públicos del país y coadyuvar con la gestión presupuestaria territorial, apoyar la gestión fiscal del Tesoro General de la Nación (TGN)”, explicó la entidad financiera al validar el plan.
Además, “este crédito está orientado a contribuir a la ejecución oportuna de los recursos públicos bolivianos”, señaló el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, cuando anunció la disponibilidad de recursos en favor de las finanzas del Gobierno.
La operación, según el proyecto de financiamiento, también prevé ayudar en las finanzas de gobernaciones y alcaldías, tanto en sus planes presupuestarios, la continuidad de proyectos y de inversión en el contexto de “una gestión presupuestaria hacia la acción ambiental y climática”.
El Proyecto de Ley 319/2021-2022, con el que se tramita la aprobación del crédito en la Asamblea Legislativa, no precisa el proyecto de inversión que, en las regiones, se beneficiará con los recursos.
“Nosotros lo hemos rechazado porque consideramos que ya no es posible seguir endeudando al país. Ese dinero será para pagar sueldos, para poder honrar los aguinaldos, porque seguramente ya no les alcanza y el viceministro de Planificación (David Guachalla) nos dijo que es de libre disponibilidad y que será usado por el Gobierno para lo que ellos vean conveniente. Seguramente, será para cerrar la brecha que se tiene, porque este año también va a haber déficit fiscal”, afirmó ayer el diputado José Luis Porcel, de Comunidad Ciudadana (CC).
El legislador es parte de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados. Explicó que el debate que se dio en esa instancia se desarrolló el 17 de agosto, un día antes del debate en el plenario de Diputados, donde fue aprobado. “Ese día, había diputados, incluso del MAS, que pidieron explicaciones y que sea el ministro de Planificación (Sergio Cusicanqui), quien se presente, pero el ministro estaba de viaje explicando el censo”, recordó ayer el legislador.
Insistió en la necesidad que el Ejecutivo transparente estos créditos “de libre disponibilidad” y recordó que esa misma comisión validó el presupuesto del censo para este año, pero antes que sea postergado hasta 2024 a través del Decreto 4760 del 13 de julio de este año. “Lo que es seguro es que este año no va a haber censo. Se está desembolsando esos dineros y ya se están generando intereses. A lo mejor este préstamo se ha revertido o se ha congelado, pero no hay transparencia. El Gobierno no dice nada”, reclamó el legislador.
El Gobierno gestionó $us 100 millones de FonPlata y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en favor del programa de fortalecimiento del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sobre la base de esos recursos, la Asamblea Legislativa aprobó $us 68 millones para el censo, pero cuando la actividad estaba fijada para el 16 de noviembre de este año.
El diputado del MAS Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, defendió el préstamo que el país contraerá con CAF y aseguró que existen los respaldos necesarios para sustentarlos.
“La racionalidad económica señala que, uno no se va a prestar plata sabiendo que nos va a ir mal. Porque hay certidumbre y estabilidad, la gente está pensando en hacer su casa y prestarse plata del banco para pagar en los próximos 20 años. En este año y medio que estamos en función de gobierno, estamos apoyando incansablemente (al crecimiento económico). Nuestra convicción es firme, vamos a seguir apoyando a la construcción del país, porque estamos saliendo adelante”, dijo.
El economista Jhosua Bellot señaló que los datos macroeconómicos están revelando “una escasez de recursos” y que, ante este escenario, “el Gobierno privilegia el pago de sueldos y salarios, así como el gasto corriente. Todos estos años, desde 2014, se han privilegiado estos gastos y eso ha ido disminuyendo la inversión”.
“Sabemos que este año se han presupuestado $us 5.000 millones para la inversión, el año pasado se han ejecutado un 62%. Este año será igual o menos, porque más de la mitad de esos recursos se han previsto con deuda”, afirmó el profesional y señaló que las alcaldías, gobernaciones y universidades están pasando por un momento de crisis “En muchos casos, el presupuesto de inversión en las alcaldías ha disminuido en 10 veces respecto a 2014. Estamos en una situación crítica respecto a los presupuestos y eso está ocurriendo en todo el Estado”, afirmó.
De hecho, señaló que en los últimos nueve años, la inversión privada fue creciendo y que puede desplazar al Gobierno porque “ha invertido mal y ha derrochado los recursos y ha sido ineficiente”.
El experto consideró que, a pesar de la iniciativa privada, la reactivación económica aún es “muy débil”. A esto se suma, remarcó, el efecto de la informalidad en la economía, un sector que en este momento también está sintiendo una reducción de sus recursos.
El economista Gonzalo Chávez recordó que “el Gobierno siempre ha defendido que está invirtiendo en carreteras y en empresas para justificar un déficit público ‘bueno’, para ponerlo en palabras sencillas, y que el déficit público ‘malo’, que se necesita para pagar sueldos y gasto corriente del aparato público, no sería problema para el presupuesto, pero ahora es innegable que la situación fiscal del país se fue agravando mucho”.
El gran hueco, apuntó Chávez, tiene origen en la reducción de los ingresos por tributos del sector de los hidrocarburos, pues si hasta hace dos años se recibían hasta $us 5.200 millones por este concepto, en los últimos dos años estos ingresos cayeron a $us 2.500 millones. “Si bien los tributos de otros sectores, como el industrial, el minero y otros están creciendo, estos sectores no pagan lo que pagaba el sector de los hidrocarburos y ante este escenario el Gobierno está enfrentando un problema de flujo de caja”, apuntó.
A este escenario se suma la reducción de las reservas internacionales que en 2014 llegaron a los $us 15.122,8 millones y que hoy están en $us 4.300 millones. “Hay un problema de liquidez y al Gobierno le caen bien estos $us 400 millones”, remarcó Chávez, aunque destacó la necesidad de revisar con más detalle el contrato de préstamo que firmó el Gobierno con CAF y el proyecto de ley que el Senado tratará en breve.
Además de respaldar al TGN, el proyecto establece que los recursos apuntan a “contribuir a la gestión financiera de las Entidades Territoriales Autónomas (gobernaciones, municipios), brindándoles nuevas directrices de formulación presupuestaria y mecanismos de evaluación de su capacidad de endeudamiento”.
Además, se plantea la necesidad de fomentar “el acceso a empleos, bienestar social, crecimiento económico, acción ambiental, adaptación al cambio climático y desarrollo sostenible” en favor de los gobiernos subnacionales, pero sobre la base de la Ley 1389 de Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública, que autoriza el acceso a esos recursos.
En el caso, por ejemplo, de la Gobernación de Santa Cruz, su capacidad de endeudamiento ya fue superada y es poco probable que se beneficie de esos recursos. En todo caso, el nuevo programa crediticio busca “financiar acciones que transparenten las finanzas públicas de las gobernaciones y alcaldías, para acrecentar la confianza de la población en la gestión presupuestaria de las entidades territoriales”, pero no precisa el alcance de esos recursos.
Entre 2017 y 2021, CAF aprobó operaciones a favor de Bolivia por $us 2.216 millones, que representa un promedio $us 443 millones por año. En ese período, ya desembolsó $us 2.088 millones.
Fuente: El Deber
