Son 36 organizaciones de la sociedad civil las que denunciaron que en Bolivia existe vulneración a los derechos humanos en los últimos acontecimientos suscitados en el país. Estos sectores identificaron al menos seis casos en los que se puso en riesgo la vida de periodistas, defensores de los derechos humanos y población.
La primera observación que exponen es el hostigamiento y amedrentamiento que sufre la senadora Cecilia Requena, quien lidera una Acción Popular por el Parque Nacional Madidi ante la extracción minera que existe en la zona. Este hecho se registró el pasado 10 de agosto.
Requena denunció actos de hostigamiento y amedrentamiento por parte de grupos de mineros cooperativistas, hecho que considera un ataque al ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el medioambiente.
“Recordamos al Gobierno nacional y a sus aliados, los cooperativistas mineros, que en nuestro país rigen garantías constitucionales para el ejercicio de la defensa de derechos, y de manera específica rige la Ley 1182 que ha ratificado el Acuerdo de Escazú, que en su artículo nueve protege a los defensores y defensoras de derechos, particularmente el derecho a un medioambiente sano, seguro y sostenible”, dice parte del pronunciamiento público de las 36 organizaciones.
Un segundo caso de vulneración y violación de los derechos humanos son los ataques y campañas de desprestigio contra periodistas y medios de comunicación independientes.
Caso de la Apdhb
El tercer caso expuesto muestra los mecanismos administrativos para tomar y subordinar la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb).
“Se ha denunciado que la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia ha sufrido un nuevo ataque, esta vez sutilmente por la vía administrativa por el Servicio de Impuestos Internos, que arbitrariamente ha otorgado el NIT de la Apdhb al grupo oficialista elegido al margen de las normas de esta organización, desconociendo la representación de Amparo Carvajal”, dice el pronunciamiento.
Las organizaciones que firman el documento son el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Bolivia –(Apdhb), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos Oruro (Apdho), la Asamblea Permanente de Derechos Humanos La Paz (Apdhlp), entre otros.
Como cuarto caso citan las ‘graves’ violaciones a los derechos humanos durante el conflicto de Adepcoca. El quinto caso se refiere al uso excesivo de la fuerza y actuación de grupos violentos de civiles durante las movilizaciones de Santa Cruz por el Censo de Población y Vivienda. En este punto, repudian que el propio ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, haya liderado grupos irregulares que provocaron violencia y enfrentamientos en los bloqueos.
Por último, la participación de altas autoridades en acciones de grupos irregulares de choque e infiltración de militares y policías en organizaciones civiles.
Fuente: El Deber
