La Fundación Tierra reportó que se registraron conflictos por tierras en al menos seis departamentos y alertó que si la pasividad del Gobierno sigue, se corre el riesgo de que el conflicto se “colombianice”, es decir, que surjan grupos armados para defender los intentos de toma violenta de los predios privados.
“El siguiente camino es lo que ya he señalado, es que vamos a ir rumbo a lo que ha sido en Colombia, que surgen grupos armados tomando tierras y luego otros grupos armados para defenderlas, eso es lo que pasó en Colombia y yo tengo el miedo de que estemos en esa ruta”, alertó Alcides Vadillo, director de la Fundación Tierra-Regional Oriente.
De acuerdo con los datos del Gobierno, los departamentos donde se registraron avasallamientos de tierras son Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Oruro, Beni y Pando. En la región de Guarayos, Santa Cruz, hubo cinco casos en la gestión 2022; en Cochabamba hay de dos a tres tomas de tierra cada semana; este año se produjeron dos avasallamientos en el municipio de La Paz y uno en el norte del departamento; lo mismo sucedió en Oruro, Beni y Pando.
“Son cinco casos en Guarayos de los que no hay ni un solo detenido y no estoy hablando de los señores Kim que están aquí en la refinería (de Palmasola), que es muy preocupante, porque el ascenso de la violencia ahí es marcada. Es preocupante, no hay intervención del Ministerio Público ni de las fuerzas policiales, la Policía está de espectadora de los enfrentamientos, y los enfrentamientos hasta ahora han sido a palos, han sido con petardos, pero cualquier momento esto va a subir de tono”, dijo Vadillo a la ANF.
El viceministro de Tierras, Ramiro Guerrero, y el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Eulogio Núñez, informaron que hay 208 avasallamientos de tierras en predios fiscales, en parques nacionales y en manchas urbanas que están en proceso de saneamiento. Muchos de estos casos tienen varios años en proceso.
Aunque el Gobierno recordó que la toma ilegal de tierras está sancionada con penas de tres a ocho años, hasta el momento ninguna persona ha sido encarcelada por ese delito y las autoridades realizan declaraciones reiterativas de advertencia.
El viceministro Guerrero dijo que los delitos son personales y, por tanto, no se puede estigmatizar a las organizaciones sociales que respaldan al Gobierno y cuyos integrantes participan de los avasallamientos.
Fuente: Los Tiempos
