El ministro Lima califica el informe del GIEI como independiente. Según él, es un exceso asegurar que la justicia en el país es corrupta. La Fiscalía asume las criticas.
Esta semana se conoció el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) referido a los hechos de violencia ocurridos en Bolivia entre septiembre y diciembre de 2019, ¿cómo califica este documento?
Este es el tercer informe que es emitido por el marco de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), que es el mecanismo más antiguo creado por la OEA y tiene dos antecedentes en América Latina: Ayotzinapa, que se refiere a los 43 estudiantes mexicanos muertos y, el segundo informe sobre Nicaragua (por la violación de derechos políticos). En el caso de Bolivia es el tercero y el único que ha tenido más tiempo (de investigación), la cantidad de expertos y recursos para encontrar la memoria, verdad y justicia de los hechos ocurridos en 2019. Es un informe serio, independiente y viene de un ámbito en el que no podemos decir que son amigos del presidente (Luis) Arce. Personalmente lo considero un buen informe.
_¿Es equilibrado?
Lo considero independiente porque de entrada en el contenido señala que no opinará si en Bolivia hubo un golpe (de estado) o un fraude (electoral). Además, exhorta a las autoridades políticas para que bajemos la intervención pública en juicios que se están ventilando en los tribunales. Nos habla de la detención preventiva como un problema de la justicia y hacen una relación de los hechos en los que no se basan en los sentimientos o percepción que se tengan como actores del país, donde se puede asumir una postura.
_El informe cuestiona los abusos con la detención preventiva y de las acusaciones por terrorismo. ¿Qué opina?
Pareciera que usted me pregunta por Jeanine Áñez, pero es importante aclarar que los hechos que evalúa el GIEI son los ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. En este tiempo Áñez no estaba con detención preventiva. Por el contrario, en ese momento quienes sufrían las detenciones y las acusaciones de terrorismo y sedición eran los militantes del MAS. Cuando el grupo habla de que el terrorismo y la sedición no están actualizados en nuestra gestión, está hablando de la aplicación en el momento cuando el gobierno estaba en manos, la mayor parte del tiempo, de Jeanine Áñez y Arturo Murillo.
_¿Se modificará la tipificación en contra de Áñez?
He insistido para que el Tribunal Constitucional se pronuncie. En este momento hay dos procesos contra la señora Áñez en su calidad de senadora. El primero, iniciado por (la exdiputada del MAS) Lidia Paty, en el cual intervienen la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. La segunda acusación es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. En ese proceso se está cuestionando que ella hubiera participado en una sesión (del Senado) sin quórum y se hubiera decidido que era la presidenta de la Cámara Alta e inmediatamente se haya decidido que asuma la Presidencia en una sesión sin quórum. A partir del momento en que asume la investidura, se proclama y se coloca la banda Presidencial incurre en el delito de resoluciones contrarias a la Constitución.
_El GIEI menciona un vacío de poder ante la renuncia de Evo Morales, del vicepresidente García Linera, de los titulares del Senado y de Diputados. ¿Qué se debió hacer?
Hay que plantear con claridad que no se produjo la renuncia de la presidenta del Senado (Adriana Salvatierra) conforme a la ley. Para que proceda la renuncia se debe presentar un escrito ante el Tribunal Supremo Electoral, de forma voluntaria. Pero, dejemos de lado si Salvatierra debió presentar su renuncia con un mensaje por televisión o cumpliendo las formalidades, y pasamos al escenario de Diputados. Víctor Borda renunció a la una de la tarde (del 10 de noviembre), antes de que lo hicieran Evo Morales y Álvaro García Linera, porque su hermano había sido torturado. La presidencia de Diputados correspondía a Susana Rivero, que estaba en La Paz. Por eso se torna fundamental conocer si Susana Rivero renunció o no a sus funciones. Esto ha generado un intenso debate, que finalmente se mostró que la renuncia de Rivero se produjo el 14 de noviembre y se trató en la Cámara el 20 de ese mes. Hubo otro debate por un tuit en el que Rivero supuestamente presenta su renuncia, pero después fue borrado. En mi opinión, no es una renuncia, pero descartemos eso. El Tribunal Constitucional es el llamado a resolver ese problema y el debate se encuentra en esa instancia.
_El informe observa que la justicia se acomoda al poder de turno. ¿Se puede confiar en un fallo del Tribunal?
Ese fallo no se ha emitido. Hay un recurso directo de nulidad sobre el artículo 169 de la Constitución por este caso en concreto. Si esto es así, esa falta de independencia se produjo cuando Áñez fue presidenta de facto. No se está hablando de la justicia cuando el presidente Arce asume ni de este tiempo. Lo que había durante el gobierno de Áñez ahora se mantiene y persiste, por lo tanto, voy a extrapolar las conclusiones del GIEI al Gobierno de Arce. No es correcto, necesitamos una nueva opinión que pueda evaluar la situación de la justicia hoy. Necesitamos una línea base y esa línea base no tiene que depender del ministro, sino que se construya objetivamente.¿Cómo se construyen esas líneas bases? En una sociedad como la nuestra, que tiene dos visiones y en la que no coinciden en muchos temas importantes, la única vía es la que hemos usado por los expertos independientes. Estamos conversando con la CIDH y con la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para contar con un grupo de expertos internacionales para que nos ayude a diseñar esa línea base, que no sea ni una comisión de juristas vinculados al Conade, a (Luis Fernando) Camacho, o al ministro de Justicia.
Me parece injusto que se califique a la justicia o a la Policía de una forma general. Aseguro que de los 1.138 jueces que tiene este país, cada uno debe ser juzgado individualmente. No podemos decir que todos son corruptos o que no gocen de independencia.
Cuando se modificó la CPE el entonces presidente Morales y otras autoridades la calificaban de corrupta. ¿Por qué dice que funciona?
No he dicho que funciona. Solo he mencionado que no se puede generalizar la evaluación de la justicia en término absoluto porque se trata de personas que hacen un trabajo. Decir la justicia es corrupta es un exceso. Hay jueces muy correctos y permiten que el Estado funcione bien.
_El fiscal general es muy cuestionado. ¿Qué se debe hacer con la Fiscalía?
El informe del GIEI tiene más de 38 llamadas de atención al trabajo desarrollado por el Ministerio Público durante la crisis. Los expertos emiten una conclusión y una recomendación. Piden que la Fiscalía pueda encarar un trabajo serio, nacional con la participación de expertos internacionales. El fiscal general (Juan Lanchipa) ha señalado que conformará una comisión y revisará los casos cuestionados.
_¿De qué institución o poder depende la Fiscalía?
La Fiscalía es un órgano extrapoder, no depende de ninguno de los órganos del Estado. Ni del Ejecutivo, del Legislativo ni del Judicial. El fiscal general del Estado no tiene un jefe, no tiene un superior. El fiscal Juan Lanchipa tiene el control del poder penal del Estado. Es uno de los cargos creados por la Constitución.
_¿El conflicto de 2019 fue provocado por Morales al incumplir la CPE y desconocer el referéndum de 2016?
El tema de causalidad es muy importante, pero si vemos las causas estructurales del problema, de donde se origina, probablemente lleguemos a 1825. El elemento que causa el resultado es el decreto de la muerte, el decreto 4078 que autoriza a los militares y policías que salgan (a reprimir) sin asumir ninguna responsabilidad. Usted me plantea que ese decreto solo ha salido porque Jeanine Áñez asumió la Presidencia y que Jeanine fue presidenta porque en las elecciones de octubre 2019 la OEA, Luis Almagro, señalaron que hubo un fraude y la habilitación de Evo para esa elección sería la causa.
_Eso lo menciona el informe en su introducción
En realidad, el informe plantea los antecedentes históricos del contexto boliviano y no llega a esa conclusión. Afirmar que existe una relación de causalidad que llega tan atrás no sería propio de un informe. Este documento no es para los bolivianos, sino para la comunidad internacional y era necesario mostrar la relación de hechos. Hay que aclarar que la opinión consultiva 28 (de la Corte IDH) no plantea un juzgamiento ni a Evo Morales ni a Bolivia. Por qué digo esto, porque interviene el juez (Raúl) Zaffaroni que era abogado de Evo Morales. La Corte rechazó un recurso de William Herrera porque no se estaba juzgando ni a Evo Morales ni a Bolivia. Se ha emitido una opinión abstracta que ha definido que no debe existir elección indefinida. ¿Qué es relección indefinida para la Corte?, es una tercera postulación. En el país existe la ley 1169, que en el artículo 19 señala que no puede haber una tercera reelección. Este problema está resuelto.
_¿Evo Morales tiene derecho a otra candidatura?
De acuerdo a la opinión consultiva, a la ley y a toda la jurisprudencia debe esperar la decisión del Tribunal Constitucional. Lo ratifico y lo mantengo, pedí a la oposición que esta semana lleve el caso al Tribunal, si no lo hacen, lo llevaré yo. No puedo adelantar criterios, no lo puedo hacer porque soy ministro de Justicia y el GIEI recomienda que no lo hagamos.
Fuente: El Deber
