La comisión de asesoramiento al Ministerio de Justicia para encarar la reforma judicial busca que se abra la Constitución Política del Estado (CPE) para implementar una reforma parcial y llevarla a referéndum el 7 de marzo, junto a las elecciones subnacionales. Otra alternativa es realizar la reforma judicial sólo con leyes.
“Se ha tomado dos decisiones fundamentales. La primera es un tema de emergencia, de urgencia, que es la posible reforma constitucional que tiene como meta llegar al 7 de marzo con un texto, un proyecto de ley que pueda reformar nuestra Constitución, y un trabajo de mediano y largo plazo, una planificación estratégica de lo que será la reforma judicial los próximos cinco años. Son dos tareas concretas, precisas”, sostuvo el ministro de Justicia, Iván Lima.
La comisión está conformada por los juristas Eduardo Rodríguez Veltzé, José Antonio Rivera, José Luis Gutiérrez Sardán, Carlos Alberto Goitia, Bernardo Wáyar, Jaime Guillermo Álvarez Fortún, Soraya Faride Santiago Salame, Ramiro Guevara y Rodolfo Raúl Sanjinés Elizagoyen.
Con el tiempo a contrarreloj, el ministro Lima señaló que junto al equipo de juristas de alto nivel se espera presentar un proyecto de ley de reforma constitucional antes del 20 de diciembre, que es cuando la Asamblea Legislativa cerrará sus sesiones, y por otro lado se prevé plantear la pregunta del referéndum los primeros días de enero, antes de la impresión de las papeletas.
Lima remarcó que se tiene una oportunidad histórica de aprovechar las elecciones subnacionales y reducir los costos de un proceso electoral estimado en más de 200 millones de bolivianos.
“Gastaríamos menos de 10 millones de bolivianos, quizás incluso la mitad. Hablamos de una oportunidad en tiempos de pandemia, de crisis”, subrayó.
Rodríguez Veltzé, quien fue nombrado vocero de la comisión, señaló que la conformación de los altos tribunales, la forma de elección de jueces, la conformación de la carrera judicial, la evaluación del desempeño de los jueces, entre otros, podrían “ser parte de esta primera etapa de reforma constitucional”.
“Todo el propósito que anima al Ministerio de Justicia, a esta comisión, a la Asamblea Legislativa, a los órganos de poder público es hacerse eco de qué Estado necesita un mejor servicio de justicia”, expresó.
Tanto el ministro Lima como diferentes miembros de la comisión señalaron en anteriores oportunidades que la elección judicial es algo que se debe cambiar en la CPE. El proceso para elegir a las altas autoridades del Órgano Judicial le costó al Estado 85,1 millones de bolivianos en 2011 y más de 125 millones de bolivianos en 2017, en ambos los votos nulos y blancos superaron el 55% y el porcentaje de ausentismo superó el 15%.
Eduardo Rodríguez Veltzé. Abogado. Máster en administración pública. Expresidente de Bolivia y expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Fue agente de Bolivia ante La Haya y embajador ante el Reino de los Países Bajos.
José Antonio Rivera . Abogado. Magíster en derecho constitucional. Exmagistrado del Tribunal Constitucional. Vicepresidente de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales regional Santa Cruz.
José Luis Gutiérrez Sardán. Abogado constitucionalista, con formación en España, Costa Rica y Bolivia. Rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Recibió el galardón Sapientiae de Excelencia en Educación de la Odaee.
Carlos Alberto Goitia Caballero. Abogado. Máster en derecho constitucional y derecho procesal constitucional, y en derecho económico. Exministro de Justicia y Derechos Humanos. Es docente. Fue constituyente.
Soraya Faride Santiago Salame. Abogada. Tiene un diplomado y un máster en derechos humanos. Especialista en materia constitucional, en materia de género, asilo, integración e inmigración. Es hija de la senadora Silvia Salame, de CC.
Bernardo Wáyar Caballero. Abogado con especialización en derecho internacional y relaciones internacionales. Presidente de la Sociedad Boliviana de Arbitraje. Exconjuez de la Corte Suprema. Fue subsecretario de Justicia.
Ramiro Guevara. Abogado. Experto en arbitraje internacional. Tiene estudios en derecho bancario, laboral y garantías. Fue miembro del directorio del Banco BISA, de YPFB y del Banco Central de Bolivia.
Rodolfo Sanjinés Elizagoyen. Abogado con maestría en derecho empresarial y diplomado en derecho del petróleo y en estudios administrativos. El jurista fue relacionado con la familia de Luis Fernando Camacho, líder de Creemos.
Jaime Guillermo Álvarez Fortún. Abogado. Exministro interino de Trabajo. Exviceministro de Justicia. Director de la Organización de Capacitación y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y Prevención Ecológica.
Página Siete
