Magistrados plantean excepciones para frenar la investigación penal en Sucre.
Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional cuestionan la competencia del juez en Sucre para ser procesados en la vía ordinaria por la denuncia del delito de supuesta anticipación y prolongación de funciones en la prórroga de mandato, dispuesta por una Declaración Constitucional. Alegan que, al ser altas autoridades judiciales, tienen el privilegio constitucional de un proceso de juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa, por los delitos que cometan en el ejercicio de funciones.
Los magistrados: Paul Franco, Karem Gallardo, Brígida Celia Vargas y René Yván Espada plantearon dos excepciones de Incompetencia y de Falta de Acción, que se resolverán en una audiencia el jueves, en el Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia las Mujeres, en Sucre. En ella se definirá si continúa la investigación penal o es archivada en la vía ordinaria para ser remitida a la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El pasado 2 de enero, parlamentarios de CC entregaron un memorial en la Fiscalía General en Sucre, en el que exigían que el titular, Juan Lanchipa, identifique a los magistrados y consejeros que continúan ejerciendo funciones de “facto” y promueva acciones penales por usurpación de funciones al haberse prorrogado con la Declaración constitucional 0049/2023, más allá de los seis años de mandato que establece la Constitución.
Esta denuncia fue remitida a la Fiscalía departamental de Chuquisaca que, a su vez, admitió el inicio de investigación de los delitos denunciados en contra de los magistrados.
El viernes de la anterior semana, la Comisión de Fiscales que investiga esta denuncia, envió requerimientos al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Consejo de la Magistratura, Tribunal Agroambiental y TCP pidiendo certificaciones de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y el Constitucional que están ejerciendo funciones.
El diputado Carlos Alarcón (CC) reveló el martes que los magistrados presentaron dos excepciones ante la Jueza de Garantías Constitucionales pretendiendo cerrar el caso en la vía ordinaria y remitirla a la Asamblea Legislativa.
Fuente: El Deber
