El proyecto de Ley de Emergencia Sanitaria encendió las protestas de todo el sector salud de Bolivia, que se declaró en estado de emergencia. Para este lunes 1 de febrero anuncian un paro de 24 horas y en caso de que el Órgano Legislativo no revierta los puntos observados en la norma, la medida será general e indefinida.
La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) protestó y calificó la norma como “inconstitucional” porque según su criterio vulnera las autonomías municipales. La entidad anunció que presentará una acción abstracta de inconstitucionalidad.
La alerta se encendió con la aprobación en grande y en detalle, en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley que ahora pasó a la Cámara Alta para su tratamiento. Los trabajadores en salud -entre médicos, enfermeras y todo el personal salubrista- determinaron rechazar tres puntos.
Las observaciones señalan que limita el derecho a la protesta y manifestación para el sector salud, habilita la contratación de personal no apto para la atención de la pandemia ignorando la alta tasa de desempleo del sector y establece aranceles para la atención médica privada sin un estudio técnico económico.
El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Cleto Cáceres, dijo a Página Siete que en consejo médico nacional extraordinario se determinó realizar un paro de 24 horas. Además se solicitará una audiencia al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, antes que el Senado trate el proyecto de ley.
“Como este proyecto de ley fue aprobado de forma inconsulta, en la Cámara de Diputados tanto en grande como en detalle, no queda más que declarar un paro de 24 horas en el sistema nacional de salud, con atención de emergencias y de Covid-19. La medida empezará el lunes a las cero horas en exigencia de la anulación de los artículos observados”, informó.
Cáceres añadió que en caso de que la demanda no sea atendida por el Legislativo y el proyecto sea tratado en la Cámara de Senadores, el sector de salud comenzará un “paro general indefinido”. Se exige que la norma sea consensuada y analizada con el sector.
El artículo 19, uno de los observados, establece que “durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria no podrán ser interrumpidos los servicios del sistema nacional de salud como consecuencia de paros, huelgas, protestas, jornadas académicas u otras análogas”.
En tanto el artículo 28 afirma que “el Ministerio de Salud, en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria, podrá simplificar los requisitos y procedimientos para la contratación del personal médico, de enfermería y técnicos de la salud, queda habilitado para contratar profesionales médicos que hubieran concluido sus estudios en Bolivia o en el extranjero, estudiantes de medicina y médicos jubilados”.
La AMB mediante una carta dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, observó que el artículo 22 vulnera el principio de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Advirtió que le da vía libre al nivel central para ejercer competencias en materia de salud por encima de la propia Constitución Política del Estado (CPE), la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, los estatutos orgánicos y las cartas orgánicas de las ETA.
La entidad afirma que una “ley ordinaria” no puede ir contra una normativa como las autonomías previstas en la CPE. Aseveró que en caso de que esta ley sea aprobada, se presentará una acción abstracta de inconstitucionalidad.
Así como los médicos y la AMB, las dos bancadas de oposición en el Parlamento también expresaron su rechazo. Por este motivo los diputados de Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos abandonaron la sesión camaral antes que la misma sea aprobada por mayoría, solo con el rodillo del MAS.
“La aprobación de la Ley de Emergencia Sanitaria, con tantas vulneraciones a la CPE, dificulta gravemente la lucha contra la Covid-19. Vulnera los derechos constitucionales de los médicos y de la ciudadanía. Apoyamos la protesta del sector salud y seguiremos la lucha en el Senado”, dice el mensaje publicado por el líder de CC y expresidente Carlos Mesa.
El senador de Creemos Omar Montero dijo que el MAS, por medio de esta norma, implementará “estrategias abusivas y atentatorias” contra el sector de salud en revancha por los hechos de 2019.
“El Presidente busca escarmentar a profesionales y trabajadores de salud que protestaron, junto a la ciudadanía, para derrotar el fraude de octubre de 2019. Pero los bloqueadores masistas de agosto de 2020, que evitaron el suministro de oxígeno y provocaron la muerte de al menos 30 pacientes con Covid-19, se encuentran impunes”, acotó.
El diputado del MAS Juanito Angulo afirmó que los trabajadores en salud, con sus anuncios de realizar un paro en medio de la emergencia sanitaria, están actuando de manera política.
“Creemos que están actuando de manera política. No quieren aportar y en este momento necesitamos que todos lo hagan, la salud no se puede politizar”, dijo a Página Siete el legislador.
Aseguró que el proyecto que trata el Parlamento es urgente porque el país no tiene una norma de emergencia sanitaria.
“Estamos en emergencia y necesitamos un instrumento legal que establezca las directrices jurídicas, que nos diga cuál es la función del Gobierno, cómo se va a vacunar, a quiénes, cómo se contratará el personal, entre otros”, manifestó.
Sobre el punto relativo a la contratación directa de personal, aseguró que éste no se refiere al retorno de médicos cubanos o venezolanos, sino que se busca agilizar la contratación sin trámites burocráticos.
“En ningún artículo de la ley establece la contratación de personal médico cubano o venezolano como la oposición ha mal interpretado. Sólo dice que todos los bolivianos que han estudiado en Bolivia o fuera del país tienen derecho a ser contratados en momentos de emergencia”, argumentó Angulo.
Para el legislador el proyecto de ley es absolutamente constitucional y no vulnera ninguna norma de mayor rango.
Página Siete
