El avance del trabajo para la reforma judicial se centró los últimos días en establecer los lineamientos clave para una modificación constitucional mediante un referéndum. No obstante, el ministro de Justicia, Iván Lima, sostiene que si bien ésta es una medida urgente, no es la única; entre sus objetivos a mediano plazo está la modificación de al menos cuatro leyes, pero que no se queden en teoría, sino que se apliquen con los actores.
“El objetivo es la reforma Penal, Tributaria, Laboral y la Ley de Hidrocarburos. No queremos leyes de escritorio, sino que haya leyes con (la participación) de los actores. Pero no es lo único que se debe hacer, ni la solución al problema, sino no estaríamos avanzando nada”, afirmó el ministro ayer en una entrevista con Página Siete.
Explicó que, por ejemplo, para reformar la Ley de Hidrocarburos se consultará con el ministro y con otras autoridades. “De ninguna manera será una intromisión, pero hay problemas estructurales que deben ser resueltos”.
Sobre los cambios en la norma que rige el trabajo, manifestó que “no es posible que haya juicios por una UFV o que los trabajadores no puedan cobrar sus beneficios sociales porque el sistema está colapsado”.
Y sobre las leyes Tributaria y Penal, el ministro señaló que se necesitan reformas estructurales para entregarle al ciudadano normas actualizadas, pero que además garanticen justicia.
Para la modificación de estas cuatro leyes, Lima prevé contar con mesas de trabajo con expertos en cada área y los actores clave, además de la cooperación internacional y organismos sin fines de lucro que trabajan en cada rama. En síntesis, el objetivo es formar equipos similares al “grupo de notables” que trabaja actualmente en la reforma judicial de manera global.
“Queremos tener a los más connotados en cada área para que trabajen para reformar leyes que son importantes para el ciudadano, que le garantice una verdadera administración de justicia”, agregó la autoridad.
Al margen de estas cuatro leyes que se pretenden modificar el próximo año, Lima actualmente trabaja en la reforma de otras cuatro normas que para él son “urgentes”: la Ley 348, para garantizar a la mujer una vida libre de violencia; la ley de adopciones, de Derechos Reales y crear una ley para la carrera judicial.
Sobre la norma contra la violencia hacia la mujer, el ministro contó que ya se reunió con diferentes actores, autoridades y expertos para reformar aspectos urgentes para garantizar a las mujeres el acceso a la justicia.
“Hace unos días dije que en 60 días tendremos una nueva Ley 348 porque la situación es crítica, he recibido críticas, pero ya tenemos el equipo técnico y grupos de personas, ONG, organizaciones, actores operativos y cooperación; y estamos con el objetivo de construir una ley participativa y con un estándar alto a nivel regional”, explicó.
El abogado y exalcalde de La Paz Juan Del Granado publicó un artículo el lunes en Página Siete sobre el trabajo que comenzó el ministro Lima para reformar la justicia. Aunque aplaude las declaraciones iniciales y el ímpetu de la autoridad para reformar la justicia, critica el hecho de que, primero, se propongan más leyes y, segundo, “la precipitada” consulta popular para la modificación de la Constitución Política del Estado.
“Sí, es muy probable que se requiera reforma parcial de la Constitución vía referendo, pero precipitarlo para el 7 de marzo puede ser un salto al vacío parecido a todas las piruetas ‘judiciales’ del gobierno de Morales, alejado de un verdadero debate nacional que va mucho más allá de los ‘notables’, porque la decisión debe estar en manos de una sociedad informada y donde no se mezcle la elección quinquenal de miles de concejales, asambleístas, alcaldes y gobernadores con la modificación del texto constitucional para el largo plazo”, escribió Del Granado.
Pero el exalcalde paceño no es el único que considera que llamar a referéndum en marzo es una decisión precipitada. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabeza, manifestó que no alcanzará el tiempo.
“Si decidiéramos modificar la Constitución Política del Estado, primero debe ser analizado en la Asamblea, luego debe ir a control (Constitucional), posteriormente a un referéndum, entonces creo que los tiempos no nos darán para el 7 de marzo, pero seguiremos debatiendo. Debemos actuar con prudencia, no debemos acelerar nuestros pasos”, dijo en conferencia de prensa.
Al respecto, el ministro Lima aseguró que “el tema no es algo que se me haya ocurrido, es un tema que viene de las elecciones, cuando el boliviano fue a votar (el pasado 18 de octubre) optó por un modelo, el presidente Arce hizo una propuestá, Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho la confirmaron en sus planes de gobierno. No hay otra manera de cumplir con eso y han manifestado que es necesario revisar la elección de los jueces por voto popular. Pensar en no hacer nada es aceptar que los jueces se queden tres años más y el cambio se haga al final del mandato de Arce. Todos hemos recibido el mandato de cambiar urgentemente”, complementó.
Asimismo, otro de los factores que de alguna manera acelera la consulta popular es el económico. “Una elección cuesta 243 millones de bolivianos; si vamos a las elecciones el 7 de marzo, el costo no será mayor a los siete millones de bolivianos, tener un ánfora y una papeleta más es menor a lo que costaría organizar un referéndum (otra fecha), eso ha acelerado los tiempos”, argumentó el Ministro de Justicia.
Finalmente, Lima recordó que el próximo año se trabajará la reforma de las cuatro leyes, pero además se trabajará en la institucionalización de la justicia, “se contará con los mejores jueces” mediante una evaluación del desempeño, proceso que demandará un poco más de seis meses; y se trabajará en la descentralización de la justicia para que se trabaje desde los municipios.
Página Siete
